La trata de personas es un delito que involucra la captación, retención, traslado, acogida o retención de una persona mediante engaños, violencia, fraude o cualquier forma de vulnerabilidad, con el fin de explotarla laboral o sexualmente, vender sus órganos o someterla a mendicidad. Así lo explicó Lupe Gómez, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), durante su participación en el programa “Consultorio Legal”.

Según la especialista, el artículo 129 del Código Penal establece que las acciones de captación, transporte, traslado, acogida y retención constituyen conductas del delito de trata de personas. Gómez destacó que si alguien tiene evidencia o sospecha de un caso de trata, debe denunciarlo ante la policía más cercana, de manera anónima si lo prefiere, y presentar pruebas como fotos o videos si las tiene. También se puede denunciar llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior.

La defensora mencionó que la modalidad de trata más frecuente en el país se da cuando las víctimas son engañadas con la oferta de un trabajo que en realidad tiene fines de explotación sexual o laboral. También mencionó el "grooming", donde los tratantes captan a sus víctimas a través de las redes sociales, ganándose su confianza para luego secuestrarlas y explotarlas. Otra modalidad mencionada es la del padrinazgo, donde los tratantes, haciéndose pasar por padrinos o madrinas, captan a menores en provincias con promesas económicas para explotarlos.

En cuanto a las penas por este delito, Gómez explicó que la pena básica va de 8 a 15 años de cárcel, mientras que las penas agravadas pueden ser de 12 a 20 años. Si se trata de una segunda agravante, la pena es de no menos de 25 años y puede llegar hasta 35 años. Las agravantes incluyen el embarazo de la víctima, que esta tenga entre 14 y 18 años, o que el delito haya sido cometido por una autoridad, familiar cercano o en complicidad con otras personas. Si la víctima es menor de 14 años, sufre lesiones físicas o fallece, se aplica la pena más severa.

Finalmente, la defensora pública recomendó evitar a personas que aborden en la calle y desconfiar de mensajes que ofrezcan trabajo o intenten seducir, chantajear o amenazar. En estos casos, es importante comunicarse con una persona de confianza. Para los padres, aconsejó vigilar las redes sociales de sus hijos y mantener una comunicación constante con ellos. Respecto al rol de la Defensa Pública, Gómez aseguró que se ofrece orientación y patrocinio legal gratuito, acompañando a las víctimas ante el Poder Judicial hasta obtener una sentencia. 

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