La Contraloría General detectó que 16 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, que ocuparon cargos entre 2015 y 2019, ocasionaron un perjuicio económico de 9 millones 362,778 soles a la entidad, al aprobar y otorgar conformidad a favor del contratista por trabajos no ejecutados o deficientemente realizados.

Estos trabajos deficientes o nunca ejecutados corresponden a la construcción de una trocha carrozable que uniría los distritos de Ulcumayo y San Ramón. En la actualidad dicha obra se encuentra paralizada y abandonada.

El contrato para esta obra vial, de 56.3 kilómetros y que comprendía también la instalación de puentes, badenes y alcantarillas, entre otros, se suscribió en octubre del 2015 a favor de un consorcio por 30 millones 307,075 soles, bajo el sistema de contratación a suma alzada. 

Sin embargo, de acuerdo al Informe de Auditoría N° 15819-2023-CG/GRJU-AC, en varios tramos de la vía se ejecutaron pendientes entre el 13 % al 42 % de elevación longitudinal en al menos 15 kilómetros, lo cual supera lo establecido en el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, que solo dispone 12 % de elevación. 

“Este exceso vuelve a la vía intransitable y no garantiza la seguridad para la circulación de los vehículos de carga pesada, además de no cumplir con el diseño geométrico”, detalló la Contraloría, por medio de una nota de prensa. 

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