El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  (Reniec) ha logrado reducir de cerca de un millón de consultas mensuales a aproximadamente 450 mil.

Este logro es resultado de la obligatoriedad de usar la plataforma de autenticación ID Perú exige que todos los usuarios de entidades públicas y privadas se identifiquen mostrando signos vitales con su rostro y el uso del DNI electrónico en todos los accesos a información desde mayo de este año.

Desde esa fecha, Reniec exige que el personal autorizado valide su identidad para acceder a las consultas en línea, evitando que sus claves sean compartidas con otras personas, ya que únicamente podrá ingresar con su rostro y su DNI electrónico.

“De un total de 922,877 consultas en línea en abril de 2024, logramos reducir el número a un promedio de 450 mil consultas mensuales, a partir de junio en adelante, gracias a la implementación de la obligatoriedad de autenticarse con su rostro en la plataforma ID Perú y el uso de su DNI electrónico. Esta reducción de consultas en línea representa un gran avance en la protección de los datos personales de todos los peruanos y en la lucha contra la ciberdelincuencia”, aseguró Carmen Velarde, jefa nacional del Reniec.

Para acceder a estos datos, las entidades públicas y privadas suscriben un convenio con Reniec, el cual les permite autenticar la identidad de los ciudadanos en transacciones y servicios específicos, de acuerdo a la obligatoriedad establecida por Ley.

Con el nuevo sistema, cada consulta queda registrada y es posible identificar al usuario responsable mediante el reconocimiento de su rostro, el uso del DNI electrónico y su clave, que es un documento seguro, que refuerza la trazabilidad y seguridad del acceso.

Cada convenio firmado establece rigurosos estándares de seguridad que las instituciones deben implementar para evitar el uso indebido de los datos por parte de su personal autorizado y está sujeto a supervisión posterior que se viene implementando de manera progresiva y que ha permitido identificar y notificar casos de consumo anómalo para que las instituciones públicas o privadas usuarias tomen medidas de control rápidamente. 

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