En todo el Perú, solo 8 gobiernos regionales tienen en funcionamiento una oficina o área especializada en prevención y gestión de conflictos sociales, alertó la Defensoría del Pueblo, como parte de su labor de supervisión respecto a la conflictividad en el país.

Las regiones que cuentan con estas oficinas son Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. “Estas oficinas han sido formalizadas a través de una norma de creación o incorporadas en los reglamentos de organización y funciones”, señala la Defensoría. y precisa que de estas 8 oficinas, solo 2 cuentan con personal especializado en gestión de conflictos. 

La institución explicó también que el Gobierno Regional de Piura cuenta con una Comisión para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, en la que participan diferentes gerencias regionales, pero no constituye una oficina. 

Informó que los gobiernos regionales del Callao y Lima cuentan con oficinas especializadas en la prevención de conflictos laborales, pero no abordan otros tipos de conflictos sociales. 

La situación es preocupante al verificar que en los 10 departamentos que concentran el 68 % de los 209 conflictos sociales, registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, “solo 2 gobiernos regionales (Loreto y Puno) cuentan con una oficina especializada en la materia”. 

Señala que tampoco hay una oficina en las regiones con mayor número de conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera como Áncash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6) que, en conjunto representan el 52.8 % del total de casos.
 
Si bien los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del Gobierno nacional, estos impactan en las economías locales, detalló la institución. “Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto”.

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