El abogado James Rodríguez afirmó que el procedimiento judicial ejecutado esta mañana por la Policía Nacional y el Ministerio Público corresponde a una diligencia de allanamiento e incautación de bienes, como teléfonos celulares, laptops y documentos, dirigida contra exfuncionarios de la ONPE, involucrados en el presunto proceso irregular del 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales de 2026.

En entrevista con TVPerú Noticias, detalló que se realizan un total de doce intervenciones a inmuebles, entre ellos los del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como de los exfuncionarios José Samamé y Juan Phang, entre otros. Asimismo, se incluye al representante de la empresa Galaga, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada, que habría ocasionado que miles de personas no pudieran ejercer su derecho al voto, base fundamental de la democracia.

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El abogado explicó que se trata de un delito grave, ya que detrás de los hechos podría existir una intención de favorecer a una determinada persona, candidato o grupo político, además de haber impedido el ejercicio del sufragio a miles de ciudadanos. Añadió que, tras esta situación, se presumirían actos colusorios.

“Es decir, conversaciones por debajo de la mesa para favorecer, según la posición de la fiscalía, a una empresa determinada que, desde mi punto de vista, no estaba en condiciones logísticas y ya había sido sancionada por la propia ONPE por incumplimiento de contrato", sostuvo.

"LOS ALLANAMIENTOS TIENEN CARÁCTER RESERVADO"

En otro momento, opinó que es probable que los allanamientos arrojen mayores resultados, debido a que previamente se habría filtrado información sobre la solicitud de detención preliminar contra los investigados."Poco o nada se va encontrar en estos allanamientos", indicó. 

Precisó que los allanamientos suelen tener carácter reservado para garantizar el efecto sorpresa. Sin embargo, cuestionó que, debido a filtraciones previas, los investigados habrían sido alertados. “Cualquier persona, en su  sano juicio o derecho a la defensa, podría ocultar o eliminar medios probatorios. Estoy seguro de que eso es lo que ha pasado”, concluyó.

Finalmente, explicó que el objetivo de estas diligencias es recabar elementos de convicción que respalden la tesis del Ministerio Público, como conversaciones en celulares, correos electrónicos, depósitos bancarios y otras comunicaciones entre funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa investigada.

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