Fue promulgada la ley aprobada por el Congreso para propiciar el retiro del cableado aéreo eléctrico y de telecomunicaciones que se encuentra en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.

Con tal fin, se da un plazo no mayor de 24 meses a las empresas concesionarias de dichos servicios, así como a los proveedores de infraestructura para telecomunicaciones, para efectuar el retiro correspondiente.

El costo de estos procedimientos no será trasladado a las tarifas pagadas por el público consumidor, se indica en la ley. 

El incumplimiento del retiro dispuesto será considerado “infracción muy grave” y será sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con multa de entre 5 y 20 unidades impositivas tributarias.

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