Nuevos avances en el Caso Lava Jato con la reciente incorporación de la empresa peruana ICCGSA como colaborador eficaz.

Así lo informó el Poder Judicial quién aprobó dicho acuerdo suscrito entre ICCGSA, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Ad Hoc.

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¿DE QUÉ MANERA ICCGSA COLABORARÁ EN EL CASO LAVA JATO?

En dicho convenio con la justicia peruana, ICCGSA y cinco de sus ejecutivos reconocen culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura y se comprometen a brindar información importante para los procesos penales en curso.

La constructora reconoce, además que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia, bajo el esquema del denominado “Club de la Construcción”.

¿CUAL ES LA SENTENCIA HACIA ICCGSA POR EL CASO LAVA JATO?  

La sentencia ordena que ICCGSA deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 181.1 millones en un plazo de 10 años. A dicho monto se sumarán también los intereses legales que se abonarán al final del cronograma de pagos.

El acuerdo fue homologado el pasado 26 de noviembre por el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.La Procuradora Pública Ad Hoc Caso Lava Jato, Silvana Carrion Ordinola, resaltó las acciones realizadas e indicó que también “se fortalecen los casos ‘Hospital de Moquegua’ y ‘Club de la Construcción’, donde están involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala”.

“Seguimos cerrando acuerdos de colaboración eficaz. Este es el quinto acuerdo con una empresa en el marco del mega caso Lava Jato. Significa un monto de reparación civil importante que el Estado empezará a cobrar de manera adelantada”, sostuvo Carrión.

El convenio establece que los pagos de reparación civil serán garantizados con la creación de un fideicomiso, el cual será administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) o el Banco de la Nación.

Asimismo, señala que ICCGSA no podrá iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.

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