La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que modifica el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el propósito de reducir el plazo de prohibición para la publicación de encuestas electorales, pasando de siete a tres días previos al acto de votación, con miras a las Elecciones Generales de 2026.

Según la propuesta del grupo de trabajo que preside Arturo Alegría (FP), se establece que las encuestadoras con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir encuestas sobre intención de voto o simulacros de votación hasta tres días antes de la jornada electoral o de una consulta popular, a través de medios de comunicación masivos.

Asimismo, precisa que la restricción no se aplica a las encuestas a boca de urna, las cuales podrán ser difundidas una vez concluido el horario de votación.

El dictamen mantiene la exigencia de transparencia y responsabilidad en la difusión de resultados. Las empresas encuestadoras deberán publicar junto con los resultados la ficha técnica completa, que contenga el nombre de la encuestadora, número de registro en el JNE, financiamiento del estudio, objetivos, tamaño de muestra y población, margen de error, nivel de confianza, tipo y puntos de muestreo, así como la fecha del trabajo de campo.

De igual modo, se dispone que el representante legal de la encuestadora será responsable del contenido de las encuestas y de los informes remitidos al JNE, que podrá sancionar el incumplimiento con multas que oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Durante la sustentación, se resaltó que la prohibición vigente (de siete días antes de las elecciones) se ha tornado obsoleta e ineficaz, debido a los cambios tecnológicos y a la expansión de las redes sociales, donde la información circular libremente sin posibilidad real de control.

En ese sentido, se argumentó que mantener restricciones desfasadas genera desigualdad informativa, ya que los ciudadanos con acceso a internet pueden conocer resultados y tendencias mientras otros sectores carecen de esa información, afectando la equidad del proceso electoral.

Asimismo, se advirtió que la limitación actual ha propiciado la aparición de encuestas falsas o manipuladas, difundidas sin control, que buscan inducir el llamado “voto útil” en favor de determinadas candidaturas, distorsionando la voluntad ciudadana.

SOBRE LA LEY SECA

En cuanto al primer punto, no hubo mayor discusión. Lo que generó diversas opiniones dentro de la Comisión de Constitución fue el tema referido al artículo 2 de la propuesta, que planteaba eliminar la denominada ley seca, la cual impide la comercialización de bebidas alcohólicas antes de los comicios.

Según el predictamen, la restricción actual es desproporcionada y no corresponde a la realidad social del país. Además, se advierte que afecta económicamente a pequeños comercios, restaurantes, bares y bodegas.

La propuesta recibió 9 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones. Lo aprobado en el grupo de trabajo pasará al Pleno para su debate y eventual aprobación.