La Contraloría General presentó el Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021 que evalúa, por primera vez, a las entidades estatales respecto a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión.

El INCO estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas. 

Sus estimaciones se basan en los hallazgos del control gubernamental y fuentes de información oficiales de entidades como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Durante la presentación, el Contralor Nelson Shack destacó que el mayor valor del INCO es que permitirá hacer una radiografía sobre la situación de los riesgos de la corrupción y la inconducta funcional en el sector público. “Es la primera vez que hay un esfuerzo institucional, científico y sistematizado que no usa datos de percepción, sino datos puros de más de 10 bases de datos”, precisó.

Resaltó, además, que en la medida que el Índice de Corrupción e Inconducta funcional se difunda, los titulares de las entidades no van a querer figurar “en rojo” y corregirán o perfeccionarán sus procesos de control.

Entre sus principales resultados, el INCO muestra que 9 de cada 10 entidades evaluadas presentan problemas de corrupción e inconducta funcional, es decir, han dado positivo para dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad. Además, 187 se encuentran en los niveles altos y muy alto.

Asimismo, muestra que los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones, que son materia de impedimentos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, son los que presentan mayor problemática, mientras que, con respecto a monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional, con un total estimado que asciende a los S/ 10,5 mil millones.

El INCO también señala que las entidades de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior tienen puntajes que alcanzan los niveles de alto y muy alto en dicho índice, mientras que las provincias que encabezan el ranking son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8).

Frente a dichos resultados, el contralor afirmó que la corrupción en el país ha penetrado el vértice del poder y todos los niveles de gobierno, haciendo que el Estado se vuelva inoperativo, y no se resuelvan los problemas de educación, salud o infraestructura.

Asimismo, expresó que está muy preocupado por lo que sucederá el próximo año, debido a que estamos a puertas de una crisis alimentaria. “Se imaginan todos los conflictos sociales y económicos que ello va a traer”, indicó.

Para acceder al Observatorio Nacional Anticorrupción se sigue el siguiente link https://observatorioanticorrupcion.contraloria.gob.pe/ o a través de la página web contraloria.gob.pe.

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