El juez supremo Manuel Luján Túpez, sostuvo que el funcionario público que comete el delito de tráfico de influencias puede ser destituido o inhabilitado de su cargo y podría recibir una condena entre cuatro a ocho años de prisión.

El magistrado explicó que si bien este delito no hace distingos entre una persona civil o un funcionario público, en el caso de este último las sanciones penales se agravan. 

El juez supremo explicó que en el caso de un funcionario público existen dos tipos de influencias "las reales o simuladas". 

Explicó que la influencia real implica cuando la persona tiene la capacidad de influir en otro funcionario para que lo favorezca en un caso judicial o administrativo, mientras que la simulada, como su nombre lo indica, no cuenta con ese poder para favorecer; sin embargo, utiliza esa promesa para engañar a cambio de un beneficio económico.

En esa misma línea, señaló que la Ley contempla el tráfico de influencias propia e impropia.

En relación con la destitución e inhabilitación a los funcionarios públicos que cometen el delito de tráfico de influencias, el juez supremo explicó que la destitución corresponde ser impuesta por la empresa donde trabaja el empleador, mientras que la inhabilitación la resuelve el magistrado a cargo del proceso.  

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