El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, reveló que la entidad ha detectado a un total de 3547 funcionarios y servidores públicos con algún tipo de presunta responsabilidad (penal, civil y/o administrativa) en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año.

El funcionario remarcó que cuando se identifica presunta responsabilidad penal y/o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes como el Poder Judicial o Ministerio Público. 

Shack Yalta aclaró que la Contraloría ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, recién a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.

/MO/