Ejecutivo declara estado de emergencia en Piura y activa medidas de inteligencia, control y fiscalización
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en zonas priorizadas del departamento de Piura, con el objetivo de enfrentar la criminalidad desde distintos frentes. La medida alcanza a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como a las provincias de Paita y Talara, e incorpora acciones operativas, de inteligencia y fiscalización para reforzar la presencia e intervención del Estado.
La declaratoria, aprobada mediante el decreto supremo nro. 146-2025-PCM y publicada el 24 de diciembre en el diario oficial El Peruano, tiene una vigencia de 60 días calendario. El dispositivo incorpora medidas de control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas, control territorial con fuerzas integradas, acciones orientadas a una respuesta más rápida del sistema de justicia y operativos contra mercados ilegales vinculados a la criminalidad.
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ACCIONES DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL EN ZONAS PRIORIZADAS
Entre las disposiciones se incluyen la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios, el desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilícitas y operativos de incautación de tarjetas SIM y celulares de procedencia irregular. También se dispone el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, así como la recuperación de espacios públicos asociados a actividades delictivas.
La norma establece, además, la sesión permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura y de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Piura, Sullana, Paita y Talara. Asimismo, dispone la conformación, dentro de las 24 horas de su entrada en vigor, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y de comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación indelegable y un centro de coordinación permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La implementación de estas medidas involucra a diversas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, así como a los gobiernos regional y locales de las jurisdicciones comprendidas.
Asimismo, participan entidades como Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, como parte de un trabajo articulado orientado a fortalecer la seguridad ciudadana y el orden interno.
Durante la vigencia de la medida, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las FF. AA., y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos. El control territorial se ejecuta en zonas críticas y considera patrullaje permanente, puestos de comando temporales y operativos de control de identidad en vía pública y en inmuebles, de ser necesario.
De esta manera, el Gobierno refuerza una estrategia integral orientada a recuperar el control del orden interno en Piura, mediante acciones coordinadas de carácter operativo, de inteligencia y fiscalización, con el objetivo de reducir la criminalidad, proteger a la población y restablecer la presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.
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