A través de una iniciativa, suscrita por el jefe del Estado, Francisco Sagasti, y la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el Poder Ejecutivo planteó ante el Congreso un proyecto de ley para asegurar el otorgamiento y la continuidad de la asistencia económica a los menores de edad cuyos progenitores fallecieron a causa del covid-19.

La propuesta fue enviada con carácter de urgencia a la Representación Nacional para su debate y procesamiento.

Estarán excluidos de los alcances de la ley, los menores que se encuentren en centros de acogida residencial o que perciban la asistencia económica establecida en el decreto de urgencia 005-2020, referido a las víctimas indirectas de feminicidio.

La asistencia económica mencionada asciende a 200 soles mensuales para cada beneficiario y será abonada bimestralmente. Su otorgamiento durará hasta que la persona que la recibe cumpla 18 años.

Este dinero será administrado por la persona que asuma la tenencia, tutela o acogimiento del menor beneficiario. Deberá utilizarse para fines de alimentación, educación y salud “quedando prohibido un uso distinto a este”, se indica en uno de los artículos de la iniciativa.

El dinero será otorgado a través del Programa Integral Nacional Para el Bienestar Familiar (Inabif), adscrito al Ministerio de la Mujer, de cuyos recursos presupuestales saldrá esta asignación. Dicha entidad llevará un registro de los beneficiarios.

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