El Poder Ejecutivo fue autorizado por el Congreso de la República, a través de la Ley n.° 32527, a legislar por un plazo de 60 días calendario en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, permitirá implementar 48 medidas urgentes. De ellas, 24 están orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia y a asegurar condiciones más eficaces para la investigación, persecución penal y control del sistema penitenciario.

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Asimismo, habilita al Ejecutivo a modificar normas penales y procesales para combatir la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal.

Además, permite reforzar el principio de autoridad, optimizar el control de armas y de telecomunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios, y mejorar los mecanismos de inteligencia e investigación criminal, respetando los derechos fundamentales y la libertad de prensa.

El Legislativo faculta al Gobierno a establecer un marco normativo para la declaratoria de emergencia del servicio público de transporte, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad de la prestación ante situaciones de grave afectación, restricciones severas o amenazas contra la integridad de los usuarios.

FACULTADES PARA CRECIMIENTO ECONÓMICO

En crecimiento económico, la delegación comprende 17 disposiciones dirigidas a afianzar la sostenibilidad fiscal, enfrentar el fraude tributario y aduanero, acelerar la ejecución de infraestructura estratégica y promover la inversión pública y privada mediante asociaciones público-privadas.

FACULTADES INCLUYE CREACIÓN DE SUNIR

En el eje de fortalecimiento institucional, que consta de 7 iniciativas, se autoriza la modernización del sistema de planeamiento estratégico, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) y de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como acciones para mejorar la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación y la eficiencia de los organismos reguladores.

De esta forma, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y dentro del orden constitucional para mitigar la inseguridad, reactivar la economía y consolidar la institucionalidad del Estado, garantizando una ruta ordenada hacia la estabilidad y el desarrollo del país.

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