En el marco de la conferencia “La Presunción de Inocencia: Límites y Ámbitos de Protección”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, destacó que este es un derecho fundamental y constitucional que garantiza que ninguna persona puede ser sancionada o condenada sin pruebas suficientes y concluyentes que acrediten su culpabilidad.

En un debate amplio que contó con la participación de destacados ponentes como Luis Miguel Reyna, Pierino Stucchi, Luis Alberto Pacheco, José Antonio Neyra y Ernesto Blume, se destacó que en el Perú existe una preocupación porque se viene desarrollando una tendencia a tratar a los acusados como culpables antes de ser sentenciados, en la que incluso se normaliza el uso excesivo de la prisión preventiva como respuesta automática para sancionar, lo que debilita el control judicial y fiscal necesario para asegurar una justicia objetiva.

"Hay operadores de justicia que creen que tener un cargo es sinónimo de poder aún en contra de aquellos que no se pueden defender. Al disponer una prisión preventiva o una medida cautelar que proscribe la libertad, generan una interdicción del derecho constitucional a la presunción de inocencia”, mencionó el ministro Arana.

Asimismo, los especialistas opinaron que los intereses personales y políticos están influyendo en el sistema judicial, generando una judicialización de la política y una politización de la justicia, siendo esta una dinámica que está afectando la aplicación correcta de la presunción de inocencia, lo que hace cuestionar si verdaderamente el sistema de justicia en el país está respetando los principios constitucionales o si está siendo distorsionado por influencias.

Ante ello, el abogado Luis Reyna afirmó que la Fiscalía no debe actuar solo como persecutor, sino también buscar pruebas que confirmen la inocencia porque su función principal es averiguar la verdad. “Pareciera que, en la investigación fiscal se entiende que hay un conflicto y que prevalece la necesidad de ser eficiente y eficaz por sobre la necesidad de garantizar los derechos del ciudadano procesado”, resaltó.

Por su parte, el abogado especialista en derecho penal, Luis Pacheco, destacó como la politización de la justicia manipula la presunción de inocencia, influenciando la percepción pública y el proceso judicial. Ante ello, precisó que los medios de comunicación juegan un rol clave en la creación de la opinión pública, moldeando percepciones a través de la "criminología mediática", que afecta negativamente la imagen de los investigados y favorece la judicialización de la política. “En este proceso, influyen factores como la cultura, la educación y la salud mental”.

En tanto, el juez supremo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra indicó que, para asegurar el respeto a la presunción de inocencia, se debe realizar un triple control judicial, y que la casación y otros recursos legales están diseñados para garantizar que las sentencias respeten estos principios y evitar condenas basadas en pruebas insuficientes o ilógicas.

Mientras que, el constitucionalista Ernesto Blume destacó que la presunción de inocencia y el derecho a la libertad individual son esenciales en el Estado Constitucional, y que “la persona humana no es un objeto material que pueda ser tomado como un objeto susceptible de una medida preventiva a la que se le puede quitar la libertad mientras se le investiga”.

Por su parte, el abogado especialista en derecho administrativo sancionador, Pierino Stucchi indicó que la presunción de inocencia no admite restricciones ni matices en su aplicación, tanto en el ámbito penal como en el administrativo sancionador; sin embargo, existe una falta de estándar probatorio adecuado (a diferencia del ámbito penal), lo que lleva a sancionar en lo administrativo a todos los involucrados por igual, sin considerar las pruebas concretas de cada caso.

“Si la presunción de inocencia no es respetada, a una persona se le irá sancionando por conductas que dudosamente son infracciones que se determinan sin pruebas suficientes”.

Finalmente, el debate concluyó que, para la correcta aplicación de la justicia y el respeto de los derechos humanos, existe la necesidad de un control judicial riguroso para proteger la presunción de inocencia, haciendo uso de la casación y otros recursos judiciales para asegurar que las condenas se basen en pruebas sólidas y en un razonamiento judicial adecuado.

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