Doce países iberoamericanos miembros activos de la Red Registral Iberoamericana (IberoReg), firmaron la Carta de Lima sobre los registros públicos y las tecnologías de la información, instrumento mediante el cual se comprometieron a intensificar acciones para afianzar la transformación tecnológica de sus sistemas registrales, en beneficio del ciudadano e implementar mecanismos de cooperación internacional

De esta manera se fortalece la lucha contra el lavado de activos y el crimen transnacional organizado.

El superintendente nacional de los registros públicos, Harold M. Tirado Chapoñan, anfitrión del Primer Taller Técnico Registral de IberoReg, resaltó la elaboración de la Carta de Lima, que reafirma la necesidad de trabajar coordinadamente entre naciones y, con el apoyo de la tecnología, ofrecer servicios más ágiles, modernos y seguros.

En ese sentido, Tirado Chapoñan, informó que los países iberoamericanos, respetando cada modelo de gestión, brindarán asesoría técnica y jurídica a la nación que lo solicite, para perfeccionar la digitalización y sistematización de sus registros y archivos que conservan en formatos digital, papel y mixto.

El funcionario agradeció a los registradores de España, República Dominicana, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Portugal, por arribar a dichos compromisos, y considerar al Perú, ejemplo de los adelantos tecnológicos implementados post pandemia, entre ellos, el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) y la APP Sunarp Protege.

Por su parte, el director de la Oficina Técnica Registral de Coordinación de IberoReg, Sergio Saavedra, quien dio lectura al manuscrito, resaltó, “que los registros de la propiedad han sido responsables y muy eficientes durante la emergencia sanitaria”, momento clave para el proceso de transformación digital de los servicios registrales en el mundo”.

Precisamente este esfuerzo y compromiso de los trabajadores de los registros de iberoamericana fue reconocido en el punto 5 del citado documento.

El delegado español añadió que “las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que benefician al ciudadano, sin embargo, no suplantan la labor intelectual de los registradores, esencia de la seguridad jurídica preventiva”.

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