Por presunto "despido arbitrario" según un reportaje del diario La República publicado hoy, el excontralor general de la República, Édgar Alarcón, presentó el pasado 31 de mayo, en horas de la noche, un recurso de casación ante el Poder Judicial (PJ) mediante el cual exige que el Estado le pague S./ 3'517'610 soles de indemnización por "daño moral" y más de S./ 398 220 soles.

Según la información, Alarcón presentó este recurso de 9 páginas, vía la mesa de partes virtual del PJ, 5 días después de que el Pleno del Congreso, con 47 votos a favor, cero en contra y 35 abstenciones, desestimara la acusación constitucional en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso cuando se desempeñaba como controlar general de la república.

En julio de 2017, Alarcón fue destituido por el Congreso de dicho cargo en la Contraloría General de la República (CGR) tras ser acusado de diferentes faltas éticas en el órgano de control. Ante ello, solicitó su reposición en el puesto de gerente central de operaciones de la CGR, que desempeñaba antes de su nombramiento como contralor, alegando su condición de trabajador a plazo indeterminado en la entidad. 

Además, Édgar Alarcón exigió el pago de las indemnizaciones referidas ante el Poder Judicial, aunque obtuvo respuestas negativas. El el 16 de octubre del 2020, el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima declaró infundada la demanda en todos sus extremos que implicaba su incorporación laboral en la CGR y el pago de la indemnización.

Ese mismo mes, Alarcón apeló la resolución del magistrado Máximo Barboza y el caso pasó a la Cuarta Sala Laboral Permanente. Esta instancia también resolvió en contra de sus pretensiones el último 17 de mayo. Sin embargo, el también exparlamentario insiste por tercera vez en su solicitud de que el Estado le pague la millonaria indemnización.

Como se sabe, el 9 de julio de 2020, la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos presentó una denuncia contra Édgar Alarcón, quien en ese momento era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, derivada de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que advertía que Alarcón, cuando era funcionario de esa institución, autorizó pagos por servicios que no fueron prestados por un monto de S/ 32.417,39.

Además, la Fiscalía señaló que, mediante la emisión de comprobantes de pago, habrían sido desviados S/ 458'460'56, lo que provocó un perjuicio económico total de S/ 490'877'95 en la CGR.

Pese al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentado por su presidenta, Rocío Torres, el Parlamento decidió archivar la denuncia constitucional contra Alarcón el pasado 25 de mayo.

Aunque había 47 votos a favor, las 35 abstenciones terminaron por decidir la desestimación de la acusación. 

/DBD/