La campaña "#NoCometasDelitosElectorales”, inició el Ministerio Público con el fin de advertir y concientizar sobre qué conductas constituyen delitos que atentan contra la libertad y derecho al sufragio y pueden acarrear pena de cárcel.

En ese sentido, la institución informó que el perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral usando violencia o amenaza es sancionado con pena privativa de la libertad entre 3 y 10 años.

Mientras que impedir a un elector ejercer su derecho al sufragio, obligarlo a votar en un sentido determinado, o inducirlo mediante algún beneficio a que no vote o lo haga en otro sentido, se castiga con penas entre 1 y 4 años.

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