El Ministerio de Cultura impulsó la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040, tras seis años de trabajo conjunto con organizaciones indígenas y entidades del Estado. El instrumento marca un hito en la gestión pública al establecer un enfoque intercultural orientado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos.

La política fue oficializada mediante decreto supremo en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, con la participación del presidente José María Balcázar, la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt, y representantes del gabinete ministerial.

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Durante el acto, se destacó que esta iniciativa posiciona al Perú como referente en la región en materia de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas u originarios.

“Hoy marcamos un hito histórico: aprobamos la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, reconociendo sus derechos colectivos y garantizando que todas las voces sean escuchadas”, afirmó la ministra de Cultura.

La PNPI es una política de Estado de carácter multisectorial que articula a 40 entidades de 19 ministerios y contempla la implementación de 141 servicios públicos. Su objetivo es reducir brechas estructurales en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios, beneficiando a cerca de seis millones de ciudadanos pertenecientes a 55 pueblos indígenas u originarios.

METAS AL 2040

Asimismo, establece como meta que, al 2040, siete de cada diez integrantes de estos pueblos ejerzan plenamente sus derechos colectivos, en un modelo de desarrollo con pertinencia cultural y respeto a su diversidad, identidad y formas de organización.

El proceso de formulación fue liderado por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura e incluyó mecanismos de diálogo, participación y consulta previa con organizaciones representativas a nivel nacional, lo que permitió recoger demandas y propuestas de los propios pueblos indígenas.

En la ceremonia también participaron el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla, así como presidentes y representantes de organizaciones indígenas de representación nacional.

Con su aprobación, el Estado peruano consolida una hoja de ruta de largo plazo que orienta la intervención pública hacia un enfoque inclusivo, intercultural y sostenible, marcando un punto de inflexión en la relación con poblaciones históricamente excluidas.

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