La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que establece penas de prisión de entre 2 y 4 años para quienes, de manera dolosa y sin fines económicos, amenacen a otra persona o a su familia con causarles daños que constituyan delitos de homicidio.

Estas amenazas, realizadas por teléfono, plataformas de mensajería o cualquier otro medio de comunicación, serán reprimidas con la pena privativa de libertad mencionada.

Además, el dictamen incluye sanciones por amenazas de causar lesiones, aborto, tortura, afectaciones a la libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio o integridad moral. Esta propuesta, presentada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), busca modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 151-B.

Modificaciones al Código Penal

Durante la tercera sesión ordinaria de la comisión, se aprobó un cuarto intermedio, solicitado por la congresista Gladys Echaíz Núñez (Honor y Democracia), para el dictamen de los proyectos de ley 950/2021-CR, 7124/2023-CR, 7964/2023-CR y 8393/2023-CR. Estos proyectos, con un texto sustitutorio, proponen la modificación del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y otros decretos legislativos relacionados con la vigilancia electrónica personal y la conversión de penas.

La solicitud de cuarto intermedio se hizo con el fin de estudiar más a fondo la propuesta y ampliar el debate, con la participación de especialistas en el tema, ya que, según Echaíz y otros congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País) y Alex Paredes (Bloque Magisterial), el dictamen no cumplía completamente con los objetivos de la lucha contra la corrupción.

Otros proyectos 

Otro dictamen, que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) para fortalecer el proceso penal en la lucha contra la criminalidad, también fue pasado a un cuarto intermedio. Este fue un pedido de la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien consideró que dicha modificación podría requerir cambios constitucionales y, por tanto, necesitaba mayor análisis.

Asimismo, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó su Proyecto de Ley 6476/2023-CR, que propone asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos relacionados.

Convocatoria al Ministro de Justicia

El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), anunció la participación del ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana Ysa, en la sesión del próximo 4 de octubre. 

El ministro informará sobre las acciones que su sector está implementando en la lucha contra la corrupción. Además, la comisión realizará su primera sesión descentralizada el 18 de octubre en Lambayeque.

/NDP/PE/