La acusación constitucional contra el exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi, investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado aprobó el pleno del Congreso.

En julio del 2020, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, formuló denuncia constitucional contra el exmagistrado, la cual incluye también al exfiscal supremo, Tomás Gálvez Villegas; y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.

En el caso de Gálvez Villegas, el pleno no aprobó la acusación constitucional por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

Fueron 48 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, con lo cual no se alcanzó el número requerido.

Respecto al denunciado Gutiérrez Pebe, el Congreso sí aprobó la acusación constitucional en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico. Fueron 75 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.

Por último, el pleno aprobó acusar constitucionalmente al denunciado Velásquez Benites por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico. Fueron 67 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones.

Los abogados de todos los denunciados rechazaron los cargos y aseguraron ser víctimas de una persecución política para copar el sistema judicial.

César Hinostroza sostuvo que era víctima del anti fujimorismo, además acusó directamente al expresidente Martín Vizcarra de haberse prestado al sector político que quería descabezar el Ministerio Público y debilitar el Poder Judicial durante su mandato.

Por su parte, Gálvez Villegas sostuvo que el anterior Congreso no le permitió ejercer su derecho a la defensa y que se aprobó la recomendación de acusarlo sin darle la oportunidad de escucharlo.

La representación nacional votó por separado las conclusiones del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó acusar a cada uno de los exmagistrados, quienes están involucrados en el caso conocido como 'Los cuellos blancos del puerto'.

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