El Poder Judicial (PJ) continuó este martes la tercera audiencia del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros acusados por rebelión, en el marco del intento de golpe de Estado de diciembre del 2022.

La cita judicial se reanudó con la noticia de la renuncia del defensor público, Edgar Callahualpa Quispe, a la representación de Castillo Terrones, debido “al quiebre de la confianza mutua entre abogado y defendido".

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"El defensor precisa que el acusado ha sido renuente a mantener una comunicación efectiva para su defensa y que, durante la audiencia, expresó abiertamente su deseo de prescindir de su participación. Además, en la sesión del 6 de marzo, lo acusó de haber grabado conversaciones que, según él, habrían mantenido, un hecho que no ocurrió", detalla el oficio remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

En ese sentido, el PJ designó a Ricardo Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente como nuevos abogados de oficio del exmandatario, quien este martes se opuso una vez más a la asistencia legal gratuita.

En la audiencia también se registró un receso de 15 minutos para que un médico legista evaluara el estado del exjefe de Estado, quien se declaró en huelga de hambre ayer, lunes 10 de marzo, en protesta por la imputación de "rebelión" formulada en su contra por el Poder Judicial.

Destacó, asimismo, la participación en la audiencia del testigo Gustavo Bobbio, exministro de Defensa del gobierno de Castillo, quien afirmó que, en diciembre de 2022, también fue sorprendido por el discurso del exmandatario, pues creía que este daría un mensaje de conciliación al Congreso.

ANTECEDENTES: PEDRO CASTILLO LIDERÓ INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN 2022

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo Terrones anunció en mensaje a la nación la disolución del Congreso de la República y la intervención del Poder Judicial. La disposición ocurrió cuando el Parlamento lo esperaba para debatir una moción de vacancia presentada en su contra. 

Tras el anuncio, el entonces mandatario se dirigió con su familia a la Embajada de México en Lima, donde fue detenido por su propia escolta policial y puesto a disposición de la justicia por el delito de rebelión.

Por este caso, la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión para el expresidente por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público. Además, exige el pago de 65 419 038.53 soles como reparación civil.