La congresista María Grimaneza Acuña Peralta de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José.

Este proyecto busca autorizar a la presidencia del Perú presentar un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de proceder con el retiro del tratado internacional. 

[Lee también: Pena de muerte debe aplicarse a violadores y terroristas, afirma congresista Cueto]

Estas acciones se realizan a fin de implementar la pena de muerte para delitos relacionados a la criminalidad, ya que este tratado internacional impide ampliar la pena capital en el país.Así lo indicó en las motivaciones del proyecto de ley que pretende retirar al Perú del Pacto de San José.

¿QUÉ MOTIVÓ EL DEBATE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PENA DE MUERTE?

Con la propuesta de la mandataria de la república, Dina Boluarte, sobre abrir el debate respecto a la reinstauración de la pena de muerte en el Perú para violadores de menores de edad, diversas autoridades mostraron su posición sobre esta medida. 

Por ello, Acuña presentó esta iniciativa lesgislativa luego del anunció de la mandataria. 

Recordemos que, esta semana se abrió el debate sobre la implementación de esta medida a raíz del asesinato de una menor de 12 años en Pachacámac. “Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró Boluarte. 

Cabe precisar que, la pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse "por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada", según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

¿QUÉ PAÍSES ABANDONARON EL PACTO DE SAN JOSÉ?

De acuerdo con el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes podrán salir de la convención "mediante un preaviso de un año".

En Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013.

Asimismo, Trinidad y Tobago presentó el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el Secretario de la OEA. Esta denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999.

/CRG/