El Poder Judicial ha ordenado a varias entidades del Ejecutivo entregar los planes operativos elaborados para controlar las protestas sociales ocurridas en nueve departamentos del país a finales de 2022 e inicios de 2023. Esta medida es parte de la investigación sobre estos eventos.

La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín.

“El Poder Judicial ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, que entreguen los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023”, anunció el Poder Judicial a través de X.

El colegiado supremo declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de estas tres entidades en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exjefe del Gabinete Alberto Otárola y otros.

El fallo especifica que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado debe esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”, señalando que se investigan posibles delitos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero del 2023.

Además, la sala suprema indicó que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de estos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.

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