El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen que modifica la institución de extinción de dominio, y que establece que los bienes obtenidos de manera ilegal solo podrán ser confiscados cuando exista una sentencia judicial firme.

La norma alcanzó 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.

El dictamen se sustenta en el Proyecto de Ley n.º 3577/2022-CR, aprobado en primera votación durante la sesión plenaria del 13 de diciembre de 2024.

Al inicio del nuevo debate, el congresista Eduardo Salhuana planteó una cuestión previa para que el dictamen retorne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al considerar que se trata de “un tema bastante delicado que debe verse con mucha mayor prudencia”. Sin embargo, la cuestión previa fue rechazada.

“Si bien es cierto que, en los últimos tiempos, la ley que estamos planteando modificar, en su nombre se han cometido excesos y abusos, (…), pero creo que la norma, tal como está redactada, nos hemos ido hasta el otro extremo”, sostuvo Salhuana.

“Prácticamente, estaríamos anulando la posibilidad de convertir el tema de la extinción de dominio en un arma eficaz contra la lucha de la criminalidad”, acotó.

“Plantear que la extinción de dominio, que es un proceso autónomo, se defina únicamente cuando haya una sentencia consentida y ejecutoriada, es prácticamente anular este procedimiento”, argumentó.

En el debate también participaron los congresistas Sigrid Bazán Narro (BDP), Héctor Valer Pinto (SP), Américo Gonza Castillo (PL) y Flavio Cruz Mamani (PL).

PODER EJECUTIVO, JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público se han pronunciado en contra de esta norma, por considerarla un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

En su momento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que la postura del Ejecutivo desde 2023 es que dicha norma debe mantenerse, a fin de continuar con la lucha contra las grandes bandas delincuenciales y el crimen organizado. “La extinción de dominio, como modelo procesal y judicial, ha servido muchísimo”, precisó.