La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, recibe la declaración indagatoria de la presidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

A la mandataria se le investiga debido a que habría aceptado de la entonces Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, la promesa de archivo de la investigación preliminar seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.

Ello, a cambio de no retirar del cargo al entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado. 

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