El expresidente Alberto Fujimori recibirá una pensión vitalicia ascendente a 15 600 soles, luego que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso declarara procedente el requerimiento solicitado por el exmandatario (que gobernó el país en el periodo1990-2000) confirmó el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana.

Recordó que, en abril de este año, Fujimori presentó dicha solicitud a la Oficialía Mayor del Congreso y que su requerimiento fue evaluado por las instancias administrativas del Legislativo, que elaboraron informes técnicos, financieros y de presupuesto a favor del exmandatario.

“Han transcurrido varios meses y, en junio, estas entidades señaladas han emitido opinión favorable a dicha pensión. El 10 de julio, específicamente, el Congreso ha notificado mediante este documento al señor Alberto Fujimori de que la pensión es procedente. Eso ha quedado expedito para el pago de la pensión”, dijo en RPP.

Si bien reconoció que esta decisión puede resultar “controversial”, Salhuana insistió en que el pago de la pensión vitalicia a Fujimori se consultó a las áreas especializadas del Congreso. Por lo tanto, no será necesario ser evaluado por la Mesa Directiva, precisó.

Informó que el pago de la pensión a Fujimori aún no se ha efectuado.

El presidente del Congreso fue consultado sobre el artículo 2 de la Ley 26519, que establece que la suspensión de la pensión vitalicia para el caso de expresidentes acusados constitucionalmente y, posteriormente, encontrados culpables.

Al respecto comentó: “la pensión puede resultar discutible y controvertida, pero el Congreso pidió opinión a las áreas especializadas que declararon procedente la solicitud (del expresidente)”.

“Es una decisión que ha pasado y que ha sido evaluada por las instancias administrativas del Congreso”, añadió.

Finalmente, el titular del Legislativo alegó que dependerá de Alberto Fujimori evaluar si utiliza el dinero de la pensión vitalicia para pagar la reparación civil por 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

“Es que no es una decisión del Congreso, el beneficiado tomará la decisión que considere pertinente y escapa de la decisión del Congreso”, declaró.

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