Un proyecto de ley que plantea la muerte civil, por un año, para las personas que adquieran o utilicen celulares provenientes de delito, fue presentado por el congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona Sinche.

El objeto de la norma es establecer agravantes para el delito de receptación y crea la prohibición de realizar trámites civiles para quienes adquieran o utilicen celulares con el IMEI alterado.

Los usuarios de celulares con IMEI adulterado estarán prohibidos de realizar trámites como la suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

De igual forma, estarán impedidos de realizar viajes al interior y exterior del país; y en general todo trámite ante la administración pública. Este procedimiento estará a cargo del Ministerio del Interior.

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