Los cónsules de diversos países de América Latina y Europa se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, para saludar la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 018-2020, norma que permite que personas extranjeras privadas de su libertad puedan cumplir las penas impuestas en sus países de origen.

Los diplomáticos le agradecieron las gestiones realizadas para la aprobación de este decreto de urgencia que había sido largamente gestionada y esperada, y que fue publicado el pasado 24 de enero. Asimismo, plantearon su inquietud por los mecanismos que se utilizarán y las facilidades que tendrán para lograr el referido objetivo.

En la reunión, en la que también estuvieron el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, la ministra Ana Revilla explicó que el decreto establece que para la aplicación del beneficio especial de salida del país se exonerará a las personas extranjeras privadas de su libertad del pago de la reparación civil o los días multa, en caso el Estado sea el agraviado.

La titular de la cartera de justicia explicó que cuando los agraviados son el Estado y particulares, solo se exigirá el pago o la garantía de la reparación civil a favor del agraviado particular. En ningún caso, el Estado renuncia al cobro posterior de los montos que fueron retirados como requisitos.

Revilla Vergara insistió en que este dispositivo se da en el marco de la declaración de emergencia de los penales del país. Del mismo modo, aseguró que se formarán dos equipos – a cargo de dos asesores especializados- a fin de que sostengan reuniones semanales para elaborar listas de posibles beneficiados y expedientes que, posteriormente, serían presentados a una sesión del gabinete ministerial para su respectiva aprobación.

A la reunión asistieron cónsules de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, República Dominicana, entre otros diplomáticos latinoamericanos y europeos.

El jefe del INPE informó, en otro momento, que el decreto de urgencia beneficiará a 2,213 extranjeros privados de su libertad, que purgan condena en los diversos establecimientos penitenciarios del país. La mayoría son de Venezuela (687), Colombia (593), México (224), Ecuador (129), Bolivia (123), además de otros; de Europa, se encuentran los de España (55), Italia (27) y Reino Unido (12), entre otros.

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