Política

Los miembros de mesa que conducirán las elecciones parlamentarias este domingo no podrán ser detenidos por las fuerzas del orden desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de enero, salvo casos de flagrancia delictiva, precisó la Defensoría del Pueblo.

Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, refirió que el impedimento de detención comprende tanto para los miembros de mesa titulares como los suplentes.

Precisó que, de acuerdo al artículo 342 de la Ley General de Elecciones, están comprendidos también en el impedimento los personeros de cualquier partido, agrupación o alianza política que participe en este proceso electoral.

Electores hábiles

Los ciudadanos habilitados para votar tampoco podrán ser detenidos por la Policía y las Fuerzas Armadas desde el sábado 25 de enero hasta el mismo día de los comicios, salvo casos de flagrancia.

Explicó que se considera casos de flagrancia cualquier delito, desde conducir en estado de ebriedad hasta delitos graves.

Sostuvo que las autoridades que tengan a su cargo la custodia de cualquier establecimiento de detención están obligadas a dar las facilidades para que los representantes del Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales puedan comprobar la detención ilegal de algún ciudadano o ciudadana con derecho a votar.

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El consultor en campañas políticas en redes sociales y experto en transformación digital, David Asencio, analizó el desarrollo de la campaña electoral congresal complementaria, y dijo, que ha estado carente de propuestas serias.

“No hay una campaña seria de propuestas y muchos candidatos creen que van a poder hacer muchas cosas, y no lo va a ser así por lo corto del periodo. Esta campaña me hace acordar mucho a la época electoral en Europa, porque allá son muy cortas”.

Y sobre el tema de la propaganda y el alcance al elector, mediante las redes sociales, es un tema amplio,dijo, porque un “like” no te asegura un voto.

Destacó también que las agrupaciones políticas están trabajando en posicionar su marca como partido, y han entendido que los candidatos pasan, pero los partidos quedan, y en esto están enfatizando muchos partidos tradicionales.

Reputación digital

También indicó que se debe tener mucho cuidado con los que se publica y se comparte en internet, pues mucha gente no sabe que día a día se va a construyendo una reputación digital, que permanece por siempre en el ciberespacio.

“El tema de la comunicación política digital es muy complicado, y no se puede dejar en manos de personas inexpertas”.

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El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez, se reunió con una delegación de Naciones Unidas liderada por Michel Forst, relator especial sobre los defensores de los derechos humanos, que realiza una visita al Perú.

“Por indicación expresa del presidente Martín Vizcarra, el Gobierno sostiene la política de promover y facilitar el diálogo con los ciudadanos, privilegiándolo en todas las circunstancias y con claro respeto a los derechos de todos”, precisó Molina.

De esta manera, aseguró, “estamos creando un modelo de gobernanza en el territorio que satisfaga necesidades básicas de la gente y genere desarrollo sostenible”.

En la cita, el viceministro remarcó que el Poder Ejecutivo optó por el diálogo como principal herramienta para abordar la conflictividad en el país.

La PCM interactúa con diferentes formas de representación social, autoridades locales y regionales, representantes del sector privado, así como con organismos como la Defensoría del Pueblo, detalló.

Diálogo

El viceministro de Gobernanza Territorial estuvo acompañado por el secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, José Miguel Flórez, y la alta comisionada para el Diálogo y Desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante.

Flórez explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo permanente con la población y que se está fortaleciendo el seguimiento del cumplimiento de acuerdos asumidos por los actores involucrados en estos espacios.

Mencionó, entre ellos, al Estado, la empresa privada y la sociedad civil que participan en las mesas de diálogo que se mantienen a lo largo del territorio nacional.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), realizaron hoy una reunión dirigida al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, la que tuvo como objetivo brindar información de primer mano sobre las elecciones congresales extraordinarias, la normativa aplicable, los aspectos operacionales; así como la votación de nuestros connacionales en el exterior, la que viene siendo organizada por la red de oficinas consulares.

Al inaugurar el evento, el Viceministro Embajador Jaime Pomareda destacó la vocación democrática del Perú y su compromiso con la realización de unas elecciones libres, competitivas y transparentes. Asimismo, saludó la presencia en nuestro país de la Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos. Participaron también como ponentes el Dr. Manuel Chuquillanqui, Asesor en materia Electoral del Gabinete de Asesores del JNE; Pilar Biggio, Gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE; y el embajador Jorge Méndez, Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

El evento contó con una nutrida participación de las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, las que terminada la presentación realizaron diversas preguntas que fueron absueltas por los representantes del sistema electoral.

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El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, reafirmó el compromiso de la institución que preside, con la protección integral y la seguridad con las personas defensoras de derechos humanos, así como las condiciones para el desarrollo de su labor que realizan en el país.

“Nuestro país, y en especial el Poder Judicial, tiene un compromiso muy fuerte con los derechos humanos y protegemos sobremanera a las personas que las defienden”, aseguró en una reunión que sostuvo con Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos.

Lecaros Cornejo enfatizó ese compromiso al recordar que el Perú, a diferencia de otros países vecinos, no afronta denuncias ni protestas por violación de derechos humanos debido a que la población es consiente del respeto que existen a estos.

Esta información fue confirmada por el juez supremo provisional Iván Sequeiros Vargas, representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, al afirmar que existen muy pocos casos judicializados por el referido concepto.

“En el Perú los casos concretos de violación de Derechos Humanos son muy pocos, son mínimos los casos judicializados”, aseguró en la reunión que contó también con la participación de los jueces supremos Francisco Távara y Héctor Lama More; así como de otras autoridades.

Sequeiros Vargas subrayó, asimismo, que el Poder Judicial del Perú cuenta con una sala especializada sobre derechos humanos que pertenece a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que preside la jueza superior Inés Villa Bonilla.

Precisamente, esta magistrada informó que hasta la fecha la corte a su cargo, que funciona a nivel nacional, cuenta con 23 procesos referidos a violación de los derechos humanos de los cuales ocho están en su fase final.

Villa Bonilla anunció, asimismo, que en los próximos días un grupo de jueces estará viajando a Ayacucho para recibir la testimonial sobre una denuncia de violación a los derechos humanos.

Por parte del Poder Judicial, en la reunión también participaron representantes de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, de la Comisión Intercultural y la Comisión de Justicia de Género.

En la reunión, cada uno de los representantes de estas comisiones dio a conocer las pautas del trabajo que realizan sus respectivas comisiones, a través del Poder Judicial, a favor de la población y en defensa de los derechos humanos.

El objetivo de la visita del grupo especial de las Naciones Unidas fue recabar información sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

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Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, la Municipalidad de Lima realizó un operativo en la avenida Túpac Amaru, donde retiró publicidad instalada en la vía pública sin autorización municipal.

Esta acción fue realizada por agentes de Fiscalización y Control en horas de la madrugada, quienes provistos de equipos de soldadura retiraron un total de 23 anuncios publicitarios que habían sido colocados de manera irregular.

Los trabajos se realizaron desde el óvalo Naranjal hasta el lugar denominado como  La Pascana, en esta vía metropolitana, donde se desmontaron estructuras de fierro de hasta cinco metros de alto que rozaban con cables de electricidad, ocasionando un riesgo para las personas.

Al momento del retiro también se pudo comprobar que estos sobrepasaban las medidas señaladas, ubicándose de manera indistinta y sin ningún tipo de seguridad en las bermas laterales y centrales, evidenciando un peligro para la seguridad de los transeúntes que circulan por estas zonas.

Es importante mencionar a las empresas comerciales que desean colocar cualquier tipo de publicidad en las vías que son jurisdicción de Lima Metropolitana, deberán solicitar el trámite por escrito al área de Desarrollo Urbano de la comuna limeña, adjuntando los requisitos que establece el TUPA vigente acorde a la Ordenanza n.° 1094-MML, que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima.

Durante esta gestión, se han retirado alrededor de 75 avisos publicitarios en diferentes avenidas metropolitanas, como Universitaria, Pachacútec, Mateo Pumacahua y Los Héroes.

La Municipalidad de Lima continuará fiscalizando la instalación de cualquier tipo de publicidad en áreas verdes u otros espacios públicos que puedan afectar la integridad de los ciudadanos y el ornato.

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Con el objetivo de cumplir la tarea encomendada, los 205 Cascos Azules, integrantes del V Contingente de la Compañía de Ingeniería Perú, partieron esta tarde a la República Centroafricana como parte de la Misión Multidimensional de Estabilización de las Naciones Unidas.

Desde muy temprano, el contingente conformado por personal militar de las tres Instituciones Armadas se congregó en el Grupo Aéreo N° 8, al que llegaron familiares para despedir a sus seres queridos, en medio de emotivas escenas.

Previo a su partida, el Coronel EP Carlos Sánchez, Comandante del V Contingente de la Compañía de Ingeniería Perú, destacó la participación de los 179 hombres y 26 mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, quienes a su vez se convierten en Embajadores de la Paz del Perú ante las Naciones Unidas.

La Compañía de Ingeniería Perú tiene como misión las labores de construcción y mantenimiento de aeródromos, helipuertos, puentes y carreteras en el país centroafricano. Esta labor se realiza anualmente desde el año 2016, donde el Perú es el primer país latinoamericano en participar con una Compañía de Ingeniería.

De la misma forma, colabora con otras tareas que la ONU estime conveniente, convirtiéndose así en un apoyo a la población vulnerable en la República Centroafricana.

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La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mg. Mariem V. De La Rosa Bedriñana, recibió en su despacho a dos representantes de la Contraloría General de la República (CGR), con quienes abordó en reunión programada, diversas acciones que permitirán en un corto plazo, un trabajo conjunto entre el ente rector de control gubernamental del Estado Peruano y el Órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

Durante la reunión de trabajo con los altos funcionarios de la CGR, Martín Cabrera, Gonzalo Wurst, así como la participación del magistrado Víctor Corante Morales, la máxima autoridad de la OCMA propuso entre otras, la ejecución conjunta de programas eficaces que coadyuven a la optimización de la función contralora de este Poder del Estado; entre los que se contemplaría capacitación para los operadores que realizan labores administrativas disciplinarias, y el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización. 

Este encuentro fue un primer acercamiento entre ambas instituciones contraloras del país, la cual marcaría el inicio de próximas mesas de trabajo.

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La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, afirmó que el tema de “la seguridad y salud en el trabajo” debe formar parte del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que se encuentra en proceso de elaboración por el portafolio a su cargo.

Durante el conversatorio que sobre ese tema se desarrolló este martes en el auditorio del MINJUSDH, enfatizó que todas las empresas, independientemente de su ubicación, tamaño, sector, contexto operativo, estructura y propietarios, deben actuar de modo de alcanzar crecientemente los más altos estándares respecto a dichas garantías. “Por su parte, los gobiernos deben fomentar que ello ocurra; de esta manera, pueden convertirse en poderosos impulsores de los derechos humanos”, agregó.

Revilla Vergara saludó la presencia de representantes de la Organización Internacional del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la SUNAFIL, la CONFIEP y la empresa Fito Export Import, así como del público asistente, porque permite tener una comprensión más completa e integral de la citada problemática.

“Hay un largo camino por recorrer y nos esperan muchos aprendizajes al respecto. Unir esfuerzos para lograr ese objetivo común es alentador y garantiza que tendrá éxito a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó.  En ese sentido, Revilla Vergara dijo que es necesario que teniendo en cuenta los avances que en este campo se han dado desde el Estado, empresas y sindicatos, fortalezcamos las políticas públicas que lo abordan.

El conversatorio “Empresas y derechos humanos: seguridad y salud en el trabajo” fue organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos del MINJUSDH, para reflexionar sobre la importancia del derecho fundamental de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo, para prevenir daños en la integridad física y mental, como consecuencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.

En el evento, que se realiza cuando se elabora el Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, se analizaron estándares internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, el estado actual y problemática del tema, así como la normativa que lo regula. También se mostraron buenas prácticas implementadas por las empresas.

Participaron como expositores Olga Orozco Ángel, experta internacional en empresas responsables y sostenibles, y Coordinadora Regional del Proyecto CERALC de la OIT; Teresa Torres Chávez, coordinadora del proyecto de combate al trabajo forzoso en Perú de la OIT; y Juan Chang Castro, secretario de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Asimismo, Luis Cortez Jara, representante de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo; Jesús Barrientos Ruiz, intendente de SUNAFIL; Enrique Ferrand, representante de la CONFIEP; y Tony Guerrero, gerente de Operaciones de Corporación CIMMSA.

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Los candidatos que postulan al Congreso de la República tienen plazo hasta mañana, jueves 23 de enero, para realizar los mítines y concentraciones públicas de cierre de campaña electoral, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones.

Las actividades de cierre de campaña podrán realizarse con una distancia de un kilómetro entre una y otra acción partidaria.La propaganda política, en tanto, quedará prohibida desde las las 00:00 horas del sábado 25. Quienes incumplan esta disposición, serán sancionados con una multa de 126,000 soles hasta los 420,000 soles (30 y 100 UIT, respectivamente) e incluso con hasta dos años de prisión.

El domingo 26 de enero, día de las elecciones, asimismo, no podrán realizarse espectáculos públicos, ni funciones de cine o teatro.

Tampoco estará permitido el domingo las concentraciones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.  

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