Política

La Comisión Permanente, con la conducción del presidente Pedro Olaechea Álvarez Calderón, sesionará este viernes 18, desde las 10:00 horas, en el hemiciclo de sesiones.

En agenda figura las modificaciones en la conformación de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el período anual de sesiones 2019-2020

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano que pertenece y depende de la Comisión Permanente.

El inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, respecto al procedimiento de acusación constitucional, señala que “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente”.

Agrega que “el número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su Presidente, son designados por la Comisión Permanente”.

DACIÓN DE CUENTA

La Comisión Permanente también dará cuenta de la autógrafa de los proyectos de ley 3846, 3860, 3912, 4027, 4121 y 4351, Ley de protección policial, que no fue promulgada ni observada por el Poder Ejecutivo. El plazo venció el 2 de octubre pasado.

También hay autógrafas no recibidas por el Poder Ejecutivo, que son: el PL 2345, que dispone continuar con el proceso de ordenamiento y consolidación del espectro normativo peruano y excluir normas del ordenamiento jurídico, y los proyectos de ley que modifican la Ley 27360 y aprueba las normas de promoción del sector agrario.

De igual forma, se dará cuenta de las autógrafas con plazo por vencer (el 18 de octubre) para el pronunciamiento del Poder Ejecutivo. Ellas son el PL 1711, Ley que modifica el artículo 34 de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; y el PL 2620, que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico.

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El exsecretario de la Presidencia de la República, Luis Nava, confesó al Equipo Especial Lava Jato que Jorge Barata le entregó dinero directamente a Alan García en loncheras o maletines en el local de campaña en 2006 y en Palacio de Gobierno cuando este ya era mandatario.

Según informó IDL Reporteros, Nava declaró ante los fiscales el pasado 25 de setiembre en el Penal Castro Castro, donde se encuentra recluido con prisión preventiva.

“Tengo conocimiento” dijo el ex secretario de la Presidencia, “que Jorge Barata en el año 2006 en el local de campaña le entrega a Alan García entre cinco o seis loncheras de sesenta mil dólares (US$60,000.00) aproximadamente”, señaló.

Andina

El constitucionalista, Mario Raúl Gutiérrez, analizó a través de El Informativo de Nacional, la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea ante el Tribunal Constitucional y dijo, que, este estamento primero tendrá que evaluar la legitimidad del autor de la solicitud.

“El TC primeramente tiene que evaluar la legitimidad para obrar de Pedro Olaechea en su condición de titular de la Comisión Permanente y no así del Congreso en su función regular”.

Señaló que la norma señala que quien está facultado para plantear una demanda competencial es el titular del órgano colegiado, naturalmente en la situación que estuviera funcionando de manera ordinaria.

Explicó que en este caso los que ha sucedido es que el 25 de julio se votó en el Congreso la habilitación para una demanda, pero que estaba referida a un oficio referido a los cinco proyectos de ley, según lo cita el diario de debates, que presentó el Ejecutivo, más una reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, pero no así sobre el proyecto de ley de adelanto de elecciones, ni tampoco sobre el cambio de las reglas de elección de magistrados del TC.

“Entonces si miramos la norma en su estricta aplicación no estaría habilitado para presentar esta demanda y por otro lado hay una inconsistencia fundamental, pues al comienzo se presenta como presidente del Congreso y más adelante él mismo reconoce que el parlamento no está funcionando y que lo está haciendo como titular de la Comisión Permanente.

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El abogado y constitucionalista Erick Urbina, señaló a través de El Informativo de Nacional, que el Tribunal Constitucional (TC) no va a interrumpir el proceso electoral de elecciones parlamentarias que ya se ha iniciado.

“Las elecciones se van a desarrollar. Y se va a aplicar el principio de gobernabilidad con el que se busca la autonomía de las instituciones”.

Explicó también que lo que va a suceder hoy es una cuestión muy ordinaria, porque para poder discutir un insumo competencial se necesita una propuesta preparada por técnicos del Tribunal.

“Si el TC admite esta demanda estaría estimando la propuesta del señor Olaechea. Y vencidos los plazos que son 30 días tendrá que pronunciarse sobre el caso”.

Dijo también, que negar la admisión estaría desprotegiendo un derecho, que en su opinión, le corresponde al parlamento.

“El TC debe aprovechar esta situación para dejar a los ciudadanos un escenario más claro al respecto”.

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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Gustavo Meza-Cuadra se reunió hoy con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo para tratar temas de la agenda bilateral e internacional.

Durante el referido encuentro, el Canciller Meza-Cuadra y el Secretario de Estado Pompeo conversaron sobre la agenda bilateral y pusieron énfasis en el excelente nivel de relación que mantienen ambos países.

El Secretario de Estado Pompeo reconoció los esfuerzos que el Estado peruano viene llevando en la lucha contra el narcotráfico, e indicó que el Perú es un país aliado en esta tarea por lo que Estados Unidos seguirá cooperando decididamente al tratarse de una responsabilidad compartida.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para abordar temas de seguridad, lucha contra la corrupción y el crimen transnacional organizado, y la cooperación bilateral, así como discutir sobre la situación política en la región, en particular sobre la crisis que se vive en Venezuela, el liderazgo del Perú en el Grupo de Lima, así como la urgente necesidad de ampliar las sanciones al régimen de Maduro.

/Andina/

El constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, explicó para los oyentes de El Informativo de Nacional, que el día de mañana lo único que va a resolver el pleno del Tribunal Constitucional (TC), es si admite o no la demanda competencial, presentada sobre la disolución del Congreso de la República.

“Mañana los siete miembros del TC van a decidir si se recibe a trámite o no la demanda, nada más. En el supuesto que sí, se va a notificar al procurador, posteriormente se hará un examen oral”.

Precisó que en el supuesto que esto proceda, el pronunciamiento sobre si fue constitucional se dará a conocer en el mes de febrero. “A la ciudadanía hay que decirle que hay que tomarlo con calma”.

Página cerrada

“Esa es una página cerrada y no creo que nadie vaya a reabrir el Congreso, y más aún cuando la respuesta la tendremos en febrero y será una decisión hacía adelante”.

Agregó que sería importante que esto se analice, porque es una recomendación de la OEA y la Comisión de Venecia porque sería como una hoja de ruta para seguir de aquí en adelante.

 Ortiz de Zevallos

En lo que se refiere a la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del TC dijo, que “se va a ver si es constitucionalmente correcta o es incorrecta, si determina que es correcta, se fijará fecha para que juramente, empero si considera que no está apto para poder juramentar, porque hay trámites previos, simplemente van a devolver esa solicitud al Congreso para que el nuevo parlamento se pronuncie”.

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 El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción evalúa un pedido de cese de prisión preventiva en favor del empresario Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, ambos investigados por lavado de activos vinculados a la constructora Odebrecht.

Cabe recordar, que la justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra los empresarios Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona y Wilfredo Salinas.

En el caso del empresario Monteverde, este se encuentra no habido desde el 23 de febrero, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por diez días por ser presuntamente el operador financiero de pagos ilícitos de Odebrecht en Perú.

Según la investigación del Ministerio Público, el empresario y su entorno recibieron un poco más de 29 millones de dólares que fueron usados presuntamente para pagar coimas.

D.B/ ANDINA

Foto: Poder Judicial del Perú

El periodista de investigación del diario La República, César Romero, explicó a través de El Informativo de Nacional, los pormenores de las investigaciones que relacionan la entrega de dinero proveniente de OAS y Odebretch a Martín Bustamante, y una supuesta triangulación que incluiría a la Universidad Telesup de José Luna, para que finalmente estos fondos lleguen al ex alcalde de Lima Luis Castañeda.

“Oas y Odebretch han señalado algunos aportes de campaña al señor Castañeda, y este dinero se lo entregaban a Martín Bustamante, que supuestamente se lo hacían llegar a José Luna Gálvez para que a través de la Universidad Telesup se lo remitieran mediante remuneraciones academicas al ex alcalde de Lima”.

Indicó que Martín Bustamante ha sido testigo directo por el cargo y la cercanía que tenía tanto con José Luna, como con Luis Castañeda. Él ha sido la persona que ha recibido el dinero directamente, y esta información es la que va a tener que ser contrastada.

Colaborador Eficaz

El dinero que le daba la Universidad Telesup a Castañeda se supone que está bancarizado, y  las declaraciones y los allanamientos son importantes porque por ahí se va a encontrar las pruebas para el correlato de las investigaciones.

"Martin Bustamante es un aspirante a colaborador, se convierte en colaboradores cuando el poder judicial asi lo determina", precisó Romero.

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El abogado constitucionalista, Mario Gutiérrez, indicó en comunicación con El informativo de Nacional, que básicamente lo que ha hecho la Comisión de Venecia es darle el insumo principal al Tribunal Constitucional para que defina sobre la cuestión de confianza, con respecto a los proyectos de ley.

“Tal cual como está el modelo de la cuestión de confianza, el proyecto de ley es un asunto constitucional, y si es que finalmente se va a quedar sin efecto esta posibilidad, lo que se tendría que hacer es una reforma constitucional, pero de modo posterior”.

Indicó también que los poderes no son ilimitados y necesitan mecanismos como estos para controlarlos.

“La Comisión de Venecia básicamente ha dicho que el TC tiene que definir este tipo de situaciones y que la cuestión de confianza es un mecanismo que sirve para equilibrar los poderes”.

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El exdefensor del Pueblo, y miembro de Proética, Walter Albán, consideró que en estas próximas elecciones la ciudadanía no se va a dejar engañar, y de alguna manera los comicios congresales van servir para “desinfectar” la política nacional.

“Me tiene sin cuidado si los anteriores congresistas se vuelven a postular, pues estoy seguro que el pueblo no se va a dejar engañar.

Comisión de Venecia

Albán también se refirió sobre el manifiesto de la Comisión de Venecia y precisó que es un órgano de la Comisión Europea, ajeno a nuestra realidad, hay convenios y solo hay acuerdos con América Latina para desarrollar conceptos académicos en materia constitucional.

Cuestión de Confianza

Por otro lado, también aseguró que ha quedado claro que el presidente puede plantear cuestión de confianza sobre cualquier punto, “y sería interesante que este próximo parlamento, al que yo llamo congreso Paniagua, podría llevar a fondo la reforma política y judicial, y dejar al país en mejores condiciones, con gente que vaya a trabajar en términos muy diferentes, y limpiar y volver a una política decente con la cual el país se sienta reconfortado.

Olaechea y la FIFA

Albán también abordó el tema de la demanda competencial enviada por Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional, y dijo, que el Código Procesal Constitucional señala que este es una atribución de órganos colegiados, que en este caso es el Congreso y tiene que haber autorización del pleno, y al no haber congreso, no hay pleno.

 “Lo que se está discutiendo francamente no le veo mayor sentido. Olaechea luego va a querer ir a la FIFA o la Naciones Unidas, y esta última no se ocupa de estos casos”.

/LD/