Política

La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, señaló que su organización política apuesta por una sociedad justa, tolerante y respetuosa de las diferencias.

En su cuenta personal de la red social Twitter, escribió que es deber de los congresistas tener conciencia de los derechos de todos y no vulnerarlos.

El martes último, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó el proyecto de ley de unión civil de personas del mismo sexo. Los parlamentarios nacionalistas que forman parte de esta comisión se pronunciaron en contra de esta iniciativa legislativa.

Previo al debate, el nacionalista Omar Chehade indicó que su bancada no tomó una posición respecto a este tema, razón por la cual los miembros de su bancada iban a emitir su voto en función del criterio de conciencia.

/CCH/ Andina

El Jefe del Estado, Ollanta Humala, aseguró que se realiza todo lo “humanamente posible” para que el empresario Martín Belaunde Lossio, detenido en Bolivia, se presente ante la ley, al margen de que sea culpable o inocente de los cargos que se le atribuyen.

Señaló que, pese a que algunos “opinólogos” –según dijo– quieren hacer del tema una novela a base de falsedades, se está realizando todo lo que corresponde al Estado para lograr ese objetivo, mediante una labor conjunta entre representantes de diversas instituciones.

“Está el procurador del Estado (Joel Segura), la jefa del Gabinete (Ana Jara), está el ministro de Justicia (Fredy Otárola), el ministro del Interior (José Pérez Guadalupe)... Estamos trabajando juntos, está el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), el Ministerio Público, el Poder Judicial”, resaltó.

Humala Tasso lamentó y rechazó, en ese sentido, las insinuaciones relativas a que existe una actitud pasiva del Estado o incluso conspiraciones con respecto a las acciones emprendidas para repatriar a Belaunde Lossio.

“Quiero rechazar tajantemente semejantes barbaridades que se escuchan hoy en día por la televisión. (…) Lamento que haya gente que esté, mañosamente, insinuando complots o conspiraciones en este tema (…), Estamos cumpliendo con nuestro deber”, aseveró.

De esta manera, el mandatario se refirió a la reciente decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia que rechazó en segunda y definitiva instancia el pedido de refugio planteado por Belaunde Lossio, quien continúa detenido en ese país desde el pasado 20 de enero.

El empresario peruano buscaba refugio en Bolivia, alegando ser un perseguido político en el Perú, a raíz de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por los casos La centralita y Antalsis.

El presidente Humala declaró luego de participar en la inauguración de las obras de mejoramiento y construcción de la vía Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar, en el distrito de Huamachuco, en la región norteña de La Libertad.

Estuvieron presentes el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo; el presidente regional de La Libertad, César Acuña; entre otras autoridades.

/CCH/ Andina

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante Suárez, indicó que desde su sector se continuará trabajando para garantizar el acceso a servicios básicos e igualdad de oportunidades para todas y todos los peruanos, como parte del compromiso de llevar adelante la política de desarrollo e inclusión social impulsada por el gobierno nacional.

Durante su participación en el Diálogo por la Concertación: “Los Desafíos para la inclusión en un país de renta media”, organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la titular del MIDIS señaló que se proseguirá con el trabajo realizado con los programas sociales, siendo el reto “poner el piso parejo para todos, más allá del lugar donde nazcan”. 

Afirmó que dichos esfuerzos han tenido como resultado que durante el presente gobierno “hemos logrado sacar a más de un millón de personas de la pobreza. Y en el último año, de este millón, aproximadamente son 300 mil peruanas y peruanos que han salido de la pobreza extrema”.

“Hay un reconocimiento importante del Banco Mundial en ese sentido que indica que los programas sociales Juntos y Pensión 65 han sumado en este proceso de reducción de pobreza extrema. Y los retos que tenemos son continuar trabajando de manera conjunta con las nuevas autoridades locales y regionales para seguir avanzando en el desarrollo integral de nuestra población”, remarcó la ministra.

Añadió que muestra de este trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales se refleja en el trabajo desarrollado por el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), que tiene el objetivo de contribuir a mejorar la gestión de productos y servicios priorizados de los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT), el cual ya se viene implementando en todo el país.

En este diálogo participaron también el socio gerente de Macroconsult, Elmer Cuba; el investigador principal de GRADE, Javier Escobal; siendo moderador el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, quienes comentaron sobre la importancia del trabajo conjunto y la articulación intersectorial con los distintos niveles de gobierno para cerrar las brechas de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, electrificación, accesibilidad con caminos o conectividad con internet y telecomunicaciones.

Durante el encuentro también se comentó sobre la importancia de acercar los emprendimientos que se vienen trabajando en intervenciones como Haku Wiñay de Foncodes para insertarlo en el mercado y avanzar en la generación de oportunidades económicas y garantizar y continuar que la población extrema pobre salga de esa condición de manera sostenida. 

/CCH/ Prensa MIDIS

El Jurado Nacional de Elecciones ha brindado más de 18 mil 800 atenciones a los ciudadanos de diferentes regiones del país a través de las URE (unidades regionales de enlace) en los dos primeros meses del año, informó el doctor Luis Escudero Ibañez, coordinador regional de estas instancias.

El funcionario recordó que el máximo organismo electoral, con el fin de descentralizar sus servicios, tiene estas sedes –de carácter permanente– instaladas en Arequipa, Amazonas, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Trujillo y Ucayali.

“Ya no es necesario viajar a la ciudad de Lima para realizar trámites o recibir orientación. Las URE actúan adicionalmente como una extensión de la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE (mesa de partes), con el objeto de brindar una mejor atención a los ciudadanos y a las organizaciones y operadores políticos”, mencionó.

Manifestó que en esas URE se dio un total de 9 mil 959 orientaciones a los ciudadanos y organizaciones políticas; 5 mil 97 atenciones para trámites de dispensas por omisión al sufragio, renuncias y desafiliaciones a organizaciones políticas, prescripciones de multas electorales, entre otros; y 3 mil 635 para emisión de constancia de dispensa y resoluciones de prescripción.

Las URE son instancias de coordinación administrativa a nivel regional de las actividades del JNE con la ciudadanía en las provincias, principalmente las referidas a la orientación, atención de solicitudes y denuncias, educación, información electoral y fiscalización, así como el trámite documentario.

/CCH/ Andina

Hasta el 1 de abril próximo las instituciones públicas, privadas, académicas y público en general, tienen plazo para presentar sus propuestas para ser consideradas como parte de los paneles de exposición del XX Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se realizará en Lima en noviembre de este año.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que considera al evento como la oportunidad ideal para que las instituciones puedan difundir los avances en modernización de las entidades públicas, así como las reformas que se han implementado para este fin.

Se debe recordar que este año el Perú será sede del vigésimo Congreso Internacional del CLAD, que constituye el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública en los países miembros, así como en otros que resulten de relevancia para la región, con el fin de contribuir al avance del conocimiento en estas áreas.

El CLAD, cuya sede se encuentra en Caracas, Venezuela, es un organismo público internacional de carácter intergubernamental que se constituyó en 1972, con el respaldo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Actualmente, integran dicho foro Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Perú.

/CCH/ Andina

El Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que crea un Fondo de Contingencia de 50 millones de soles para las acciones de remediación ambiental en cuatro cuencas de Loreto, impactadas por las actividades de hidrocarburos.

La iniciativa precisa que los fondos a utilizar serán con cargo a los pliegos presupuestarios del Ministerio de Energía y Minas, por S/. 30 millones, y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por 20 millones de soles, ambos a ejecutarse durante el presente año fiscal.

"Se debe resaltar que la generación del Fondo de Contingencia, con un capital inicial semilla de 50 millones de soles, servirá para garantizar la vida, la salud y el desarrollo sostenible de estas poblaciones, desatendidas por más de cuatro décadas", indica la Presidencia del Consejo de Ministros.

El proyecto de ley señala que la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental será la encargada de realizar el seguimiento y de reportar y difundir, de forma periódica, los resultados de las medidas de remediación ambiental.

Estará integrada por un representante de las cuencas del Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes, así como por un representante de los ministerios del Ambiente, de Energía y Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Salud y de Agricultura y Riego.

Plantea también recuperar a favor del Estado los fondos invertidos en la remediación ambiental, a través del cobro a la empresa responsable de esos daños, mediante cobranza coactiva. Para ello se autorizó a realizar esa labor al Ministerio de Energía y Minas y la OEFA.

"Ello, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan", indica la PCM en nota de prensa.

El proyecto de ley, enviado al Congreso el último jueves,  lleva las firmas del presidente Ollanta Humala y de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez.

La presentación de este proyecto de ley se da en cumplimiento a los acuerdos suscritos el pasado martes 10 de marzo en la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de un proceso de diálogo intercultural, en el que primó la buena fe, la transparencia y la decisión política del Ejecutivo para llevar desarrollo e iniciar una nueva relación con los pueblos indígenas del país.

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez a Ecuador para participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a desarrollarse el 14 de marzo próximo.

La norma, publicada en el boletín Normas Legales del diario Oficial El Peruano, señala que la presidencia pro témpore de la Unasur, a cargo de Uruguay, convocó a esta reunión extraordinaria.

"Siendo importante garantizar una adecuada representación del Perú, resulta necesario que el canciller de la República participe en la referida reunión", indica uno de los considerandos de la resolución.

En ausencia del canciller, su despacho quedará a cargo de la Ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón Gallo.

Firman la resolución el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez; y el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez.

M.O.

El congresista Omar Chehade señaló que la aprobación en el Congreso ,que impide al partido político acceder a la curul de un parlamentario desaforado por delitos graves, ayudará a mejorar la selección de los postulantes al Legislativo.

“Es fundamentalmente un castigo al partido político y a los líderes ,que no hacen una minuciosa investigación de la gente que postula al Congreso, únicamente se guían de una recomendación o de las espaldas financieras que puede tener el candidato” subrayó.

En la víspera, el referido proyecto fue aprobado en el Congreso por 72 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Contempla que el legislador sancionado por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y trata de personas no podrá ser reemplazado por su accesitario.

Chehade, consideró esta iniciativa como “un avance, a partir de los esfuerzos realizados en la Comisión de Constitución”. Destacó, en ese sentido, el papel de la legisladora y vicepresidente de la República, Marisol Espinoza, como “una de las autoras” del proyecto.

Refirió que esa norma recoge la experiencia del modelo  colombiano. Se comenzó por delitos importantes, pero más adelante, los futuros congresistas, pueden legislar para incluir otras figuras penales.

“Creo yo que esto debe ir acompañado de otras reformas, como la reforma de ley de partidos políticos, el financiamiento estatal a las fuerzas para la formacion de cuadros y evitar que el dinero mal habido ingrese a las campañas o a los partidos”, agregó.

M.O.

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola, sostuvo que el Congreso ha dado un paso adelante que contribuirá en la lucha contra el narcotráfico en la política, al aprobar el proyecto de ley que aprueba la “curul vacía”.

Comentó que dicha iniciativa contribuirá a prevenir la infiltración del narcotráfico en el sistema político y a que los partidos sean más rigurosos al momento de elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones. 

“Esta iniciativa ha marcado un primer hito en un largo proceso de reforma porque es la primera vez que se establece una sanción directa al partido político. Eso es inédito en el derecho parlamentario peruano”, dijo.

Para Otárola, la aprobación de dicha iniciativa en el Congreso también representa una oportunidad para abrir el debate sobre la necesidad de hacer extensiva la figura de la “curul vacía” a nivel regional y local. 

“Esta reforma representa un paso adelante porque va sentar las bases para ampliar esta figura a los casos de los regidores y consejeros. ¿Por qué no quitarle un asiento a una agrupación que ha puesto a un narcotraficante como candidato a regidor?”, expresó.

Finalmente, refirió que este tipo de reformas fortalecerá a las agrupaciones políticas y contribuirá a que estas capten mejores cuadros con miras a consolidar la democracia. 

“Con que ese tipo de reformas se está perfeccionando el sistema democrático peruano muy venido a menos, por defectos o vacíos de la ley que lamentablemente han sido aprovechados por el narcotráfico y lavado de activos para afectar la democracia”, anotó. 

El proyecto que plantea la “curul vacía” considera desaforar a los legisladores vinculados a los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, sin posibilidad de ser reemplazados por los accesitarios. Con ello se sanciona al partido que permitió su llegada al Parlamento.

/MRM/

El Pleno del Congreso aprobó esta noche los dos informes de la llamada "megacomisión" investigadora del segundo gobierno de Alan García, correspondientes a los casos Business Track (BTR) y colegios emblemáticos.

El primer informe fue aprobado por 57 votos a favor, ocho en contra y 17 abstenciones; mientras que el segundo, por 45 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones.

Respecto a los presuntos actos de corrupción en la remodelación de "colegios emblemáticos", el informe recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Alan García, por supuesta falta a la Constitución al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió estas obras.

Por el mismo caso también se pide denuncia penal contra el exministro de Educación, José Antonio Chang, a raíz de la comisión de delitos relacionados con la ejecución de este programa.

En cuanto al caso Business Track, el informe de la "megacomisión" recomienda denunciar penalmente al expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; y los exministros Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca.

Entre las recomendaciones se acordó denunciar a los investigados ante las instancias pertinentes, individualizando a los presuntos responsables de los delitos e infracciones identificadas en cada una de las conclusiones del presente informe.

También, se determina remitir el documento al Ministerio Público para que investigue las presuntas irregularidades en la contratación, por parte del Ejecutivo, de Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, quienes no tendrían el perfil requerido para realizar contratos en los consulados de Perú en los Estados Unidos.

Asimismo, enviar el informe a la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que investiguen los vínculos entre el exministro de Vivienda y de Salud, Hernán Garrido Lecca, y la empresa Savia Perú, la cual compró a la petrolera Petrotech, así como las empresas mexicanas referidas en el informe, indicó el Congreso.

Sergio Tejada, quien presidió la comisión investigadora, precisó que ambos informes pasarán ahora a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para definir la denuncia contra el expresidente y sus ministros.

Dicha comisión parlamentaria tiene treinta días para definir estos temas.

Durante el debate, congresista aprista Mauricio Mulder descalificó los informes, al considerar que la mayoría de los casos ya fueron archivados en el Ministerio Público.

Por ello, consideró que los informes no tienen futuro.

Refirió además que este acuerdo tampoco resta las posibilidades del expresidente Alan García de ganar nuevamente las elecciones en el año 2016.

/MM/