Política

A fin de involucrar a diversos actores de la sociedad en el proceso de creación de esta entidad, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó la prepublicación del Reglamento de la Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

De esta manera, el Ejecutivo podrá recibir las sugerencias, los comentarios o las recomendaciones de las entidades públicas, las instituciones privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos sobre las disposiciones reglamentaciones para la aplicación de la ley nro. 31841, Ley que crea la ANIN.

Para ello se ha dispuesto un formulario, a través del cual los interesados podrán emitir su opinión hasta el 3 de septiembre del 2023.

Como se recuerda, el 21 de julio último se publicó la Ley que crea la ANIN, entidad con las capacidades necesarias para impulsar, a nivel nacional, el cierre de brechas en infraestructura de acceso básico.

La ANIN fue creada como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros para la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión a su cargo.

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El Poder Ejecutivo expresó su reconocimiento a todos los enfermeros peruanos por la labor que ejercen en defensa de la salud.

Así lo dio a conocer a través de un mensaje difundido a través de redes sociales este miércoles.

"Expresamos nuestro reconocimiento a los profesionales de la enfermería del Perú por la ardua labor que cumplen en defensa de la vida y la salud, acompañando a los pacientes y brindándoles una atención oportuna y de calidad a nivel nacional", dijo la institución.

El saludo se da en el marco del Día de la Enfermería Peruana, que se conmemora cada 30 de agosto anualmente.

La fecha fue establecida en 1955 por el gobierno de Maduel Odría tras conocerse un documento del Papa Pío XII en el que se nombró a Santa Rosa de Lima como patrona de las enfermeras peruanas.

La conmemoración coincide también con el de la llamada Patrona de las Américas, en la que los devotos peruanos acuden al Pozo de los Deseos en la avenida Tacna desde 1971 para expresar su fe y peticiones. Vale destacar que el 30 de agosto es considerado como feriado a nivel nacional.

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"El Perú es la oveja negra en cuanto a regulación del taxi por aplicaciones. Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay regulan este tipo servicio. Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación Didi Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto", indicó.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Callao abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, por el supuesto financiamiento a un medio digital -con fondos públicos- en favor del gobierno regional del Callao.

Entre las diligencias realizadas figuran la visita a la sede del gobierno regional del Callao para recabar información y documentos, a la vez obtener el registro de contenidos producidos por la web “Infórmate TV”, entre otros. 

Esta es la segunda investigación preliminar que involucra a funcionarios de la referida gestión regional. 

Hay que recordar que el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción del Callao inició investigación preliminar contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, por el presunto delito de negociación incompatible.

El proceso se dio tras conocerse una denuncia que lo involucra de presuntamente haber favorecido, de manera ilícita, a su asistente administrativa, duplicándole el sueldo.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, sostuvo que el pedido de facultades del Poder Ejecutivo al Congreso busca atender, en el caso de su sector, el problema del hacinamiento y la corrupción en las cárceles.

Maurate dijo que el sistema carcelario en el país es dramático porque actualmente existen 93 mil internos, cuando la capacidad de albergue es para 41 mil internos. Además, advirtió que se ha proyectado que en los próximos años la cantidad de internos crecerá a un promedio anual de 5 mil.

"Si no hacemos nada, la sobrepoblación carcelaria crecerá en cerca de 80 mil", advirtió Maurate, quien señaló que su sector trabaja en tres ejes fundamentales para enfrentar el problema.

En esa línea, indicó, la principal medida es la construcción de cárceles tenemos, para lo cual, recordó, la presidenta Dina Boluarte anunció una inversión de 1600 millones.

También destacó la necesidad de ampliar el acceso a la vigilancia electrónica o grilletes, para lo cual es necesario modificar el marco regulatorio a fin de contar con un catálogo de delitos para que el juez dispongan quiénes puede acceder a esta vigilancia. 

Explicó que por cada 1500 grilletes asignados se evitaría la construcción de un penal como Castro Castro.

Asimismo, sustentó el pedido para ampliar medidas alternativas a la prisión a fin de que un juez puede disponer de la reserva de fallo o penas suspendidas en ciertos delitos.

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Al sustentar el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Congreso,  el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el pedido de facultades busca fortalecer a la Policía Nacional y cerrar la brecha policial frente a la delincuencia.

Romero señaló que el incremento de la presencia policial en las calles es una demanda de autoridades y población.

“Tenemos una brecha policial que aún no ha sido superada y que hoy es un clamor nacional”, afirmó.

Explicó que la Policía Nacional en la actualidad tiene 131 557 efectivos para brindar servicio a 33.7 millones de habitantes, en comparación a los 125 546 policías que tenía en 1990 para brindar servicio a 22 millones de habitantes.

El ministro Romero explicó que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en las zonas de fronteras, a fin de potenciar el combate contra la criminalidad organizada transnacional, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos. 

Situación que se requiere superar, añadió. En ese sentido, mencionó la importancia del proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear una nueva categoría policial como la Policía del Orden.

También dijo que se busca el fortalecimiento del accionar policial frente a la delincuencia, con acciones de investigación criminal.

Asimismo, el ministro Romero explicó que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en las zonas de fronteras, a fin de potenciar el combate contra la criminalidad organizada transnacional, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.

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El Titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno adquirirá más de 500 maquinarias para acciones de prevención en las siete regiones declaradas en emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño global.

Este anuncio fue realizado durante la sustentación del pedido de delegación de facultades ante la Comisión de Constitución del Congreso, al momento de hablar sobre la gestión de riesgo de desastres. 

"Debo anunciar que a fines de este año el Gobierno de la presidenta Boluarte adquirirá más de 500 maquinarias que van a atender a las siete regiones declaradas en emergencia y que están dispuestas y están trabajando la descolmatación y la limpieza de las cuencas en el norte y en las siete regiones", manifestó. 

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El juez supremo Manuel Luján Túpez, sostuvo que el funcionario público que comete el delito de tráfico de influencias puede ser destituido o inhabilitado de su cargo y podría recibir una condena entre cuatro a ocho años de prisión.

El magistrado explicó que si bien este delito no hace distingos entre una persona civil o un funcionario público, en el caso de este último las sanciones penales se agravan. 

El juez supremo explicó que en el caso de un funcionario público existen dos tipos de influencias "las reales o simuladas". 

Explicó que la influencia real implica cuando la persona tiene la capacidad de influir en otro funcionario para que lo favorezca en un caso judicial o administrativo, mientras que la simulada, como su nombre lo indica, no cuenta con ese poder para favorecer; sin embargo, utiliza esa promesa para engañar a cambio de un beneficio económico.

En esa misma línea, señaló que la Ley contempla el tráfico de influencias propia e impropia.

En relación con la destitución e inhabilitación a los funcionarios públicos que cometen el delito de tráfico de influencias, el juez supremo explicó que la destitución corresponde ser impuesta por la empresa donde trabaja el empleador, mientras que la inhabilitación la resuelve el magistrado a cargo del proceso.  

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El presidente del Consejo de Ministros (PCM)  Alberto Otárola, se presenta ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar la solicitud del Poder Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-El Niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.

Acompañan al jefe del gabinete Ministerial, el ministro del Interior, Vicente Romero; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurat; la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

El Poder Ejecutivo presentó el 28 de julio pasado el PL 5642/2023-PE, que tiene como objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-El Niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de 120 días calendario.

La sesión del grupo de trabajo que preside la congresista Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular) se inició  10:30 horas en el hemiciclo del pleno del Congreso.

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