Política

La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)

La votación se realizó de manera individual para cada uno de los seis actuales integrantes de la Junta: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala y Guillermo Thornberry e Inés Tello.

De esta manera se destituyo al presidente de la Junta Nacional de Justicia Antonio de la Haza con 20 votos a favor y 7 votos en contra.

Mientras que  al vicepresidente Aldo Vásquez lo inhabilitaron y destituyeron con 18 votos a favor y 7 en contra.

Como parte del proceso también se determinó la salida de la miembro Imelda Tumialán con 21 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

En el informe final también dieron cuenta sobre la inhabilitación y destitución a José Ávila.

Cabe recordar que el último 20 de febrero, José Ávila Herrera renunció a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco de las declaraciones que brindó Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su condición de colaborar con la justicia.

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El abogado Samuel Abad, representante de cinco de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuestionó que desde el Congreso se busque destituir a todos los integrantes del colegiado por no compartir un criterio interpretativo, el relacionado al límite de edad para el ejercicio del cargo.

Durante su exposición ante la Comisión Permanente, que hoy evalúa el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que plantea la destitución e inhabilitación por 10 años, señaló que no existe infracción de la Carta Magna por parte de los miembros y por tanto denuncia debería ser archivada.

Precisó que el requisito de 75 años era para postular al cargo y no para la permanencia en el mismo, conforme a lo suscrito el 2020 en una resolución de la JNJ en el marco de su autonomía, la cual se emitió a fin de -señaló- dar seguridad jurídica ante ciertas interpretaciones que ya se están esbozando en ese sentido.

Como se recuerda, la denuncia constitucional busca cuestionar dicha decisión del colegiado, ello debido a que uno de sus miembros, Inés Tello de Ñecco, actualmente tiene 78 años.

El abogado de los miembros de la JNJ cuestionó que se busque destituir a todos sus integrantes por una discrepancia interpretativa, ya que se estaría afectando la autonomía e independencia de la institución, en base a la cual puede formular dichos aspectos.

“Si alguien está en desacuerdo, puede acudir al Tribunal Constitucional (TC) o al Poder Judicial, pero no se puede hacer control político sobre este tema”, sostuvo Samuel Abad.

Por su parte, el abogado de Tello, Omar Cairo, sostuvo que su patrocinada cumplió con los requisitos para ser miembro de la JNJ. En esa línea, recordó que uno de los miembros de la Comisión Especial de Selección de Postulantes, el entonces presidente del TC, Ernesto Blume, le indicó que, de ser nombrada, asumiría por los cinco años que dure el cargo.

Además, precisó que para que Tello de Ñecco deje el cargo se requeriría el inicio de un proceso de vacancia en su contra, lo cual no es posible ya que existen diez causales para ello y ninguna está relacionada con el tema de la edad.

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La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a fin de discutir diversos temas, entre ellos, la acusación constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que recomienda la destitución de todos sus miembros por un periodo de 10 años.

La convocatoria señala que la sesión se iniciará a las 09:00 horas de la fecha mencionada.

La sesión será de carácter semipresencial, de acuerdo con la invitación cursada a los integrantes de la Comisión Permanente por el Oficial Mayor, Giovani Forno Flórez.

En la agenda de trabajo figuran 37 dictámenes elaborados por las distintas comisiones de trabajo congresal, así como cuatro informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Destitución de la JNJ

La Comisión, además, tiene previsto el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional 373 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.

El informe recomienda la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años de los jueces Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán y Luz Inés Tello de Ñecco.

Se debe recordar que, el juez Henry José Ávila Herrera renunció, hace unos días, a su cargo como miembro de la Junta Nacional de Justicia.

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La sanción para los integrantes de las barras por daños a la propiedad pública o privada tendrá penas de entre 6 y 8 años de cárcel; si, además, existe lesión grave a algún ciudadano, la pena es no menor de 8 ni mayor de 12 años, y si estos comportamientos acaban con alguna vida, la condena se sitúa entre 15 y 35 años.

Así lo manifestó el magistrado del 12° Juzgado de investigación Preparatoria de la Corte de Lima, Roger Renato Vargas Ysla.

Roger Vargas indicó que el Código Penal incorporó el delito de disturbios en referencia a las aglomeraciones que dentro del recinto deportivo o inmediaciones causan destrozos a las propiedad pública y privada, lesiones o hasta la muerte de ciudadanos.

Por otro lado, Vargas Ysla señalo que en lo concerniente a los menores que forman parte de las barras bravas, a estos se les brinda un tratamiento especial por infracciones a la ley, imponiéndoseles medidas socioeducativas con programas de educación o de internamiento en centros juveniles, en consideración, asimismo, a convenciones internacionales de los que Estado forma parte.

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Además de ratificar la prisión preventiva ordenada contra Iván Noguera Ramos, exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy prófugo de la justicia, el Poder Judicial confirmó declararlo como reo contumaz.

A Noguera se le investiga por el supuesto delito de tráfico de influencias en el marco del caso conocido como el de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La medida de prisión preventiva en contra del mencionado letrado, conocido también como ‘Dr. Rock’ por su afición a cantar temas de dicho género musical, se extenderá durante 19 meses.

Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la declaración de reo contumaz de Noguera, dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en diciembre pasado.

Variación de condición

En un principio, el exmiembro del CNM estuvo bajo comparecencia con restricciones durante el mencionado proceso judicial. Sin embargo, esta condición fue variada por la de prisión preventiva.

Ello se debió a que Noguera no regresó al país luego de que se le autorizara realizar un viaje a Argentina que solo debía durar del 14 al 17 de noviembre.

El argumento mostrado para pedir ese permiso fue la invitación que recibió de la Universidad de La Matanza para ofrecer una charla.

Mediante de su abogada, Noguera señala que no regresa a Perú pues considera que no hay garantías para su vida, tras supuestamente ser amenazado por un sujeto.

Finalmente, la apelación planteada frente a estas decisiones judiciales fue declarada infundada.

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La Oficialía Mayor del Congreso cursó oficio al titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y a sus miembros para que puedan ejercer su derecho a la defensa en la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento en la que se verá el informe final sobre la denuncia planteada en su contra.

A ellos se les imputa la presunta infracción del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política.

Asimismo, se recomienda su inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia a los que se plantea acusar e inhabilitar son Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán e Inés Tello de Ñecco.

Él tendrá derecho a expresar su respuesta y defensa frente a las imputaciones en su contra contenidas en el informe final emitido sobre su caso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Los 37 miembros

La Comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 26 de febrero a fin de discutir diversos temas, entre ellos la referida acusación constitucional.

En la agenda de esta reunión figuran 37 dictámenes, así como cuatro informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La reunión se iniciará a las 9.00 horas de la fecha mencionada y tendrá carácter semipresencial.

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La Contraloría emitió 275 comunicaciones de exhortación, en el 2023 y en lo que va del 2024, a los titulares de gobiernos regionales y locales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash para que adopten acciones oportunas y necesarias ante la ocurrencia de un fenómeno natural, con la finalidad de salvaguardar a salud e integridad de la población.

Según informa el organismo contralor, solo 24 entidades respondieron, pese a la emisión de reiterativos de muy urgente en razón a las lluvias de febrero.

En Tumbes se emitieron 25 oficios exhortando la implementación de acciones inmediatas para contrarrestar los daños ocasionados por las lluvias, entre ellas la pronta intervención del Gobierno Regional en la obra de pistas y veredas de las calles Tarapacá, 24 de Julio, Av. Piura y Av. Arica, en el cercado de Tumbes, por la acumulación de aguas contaminadas como resultado de las lluvias y el colapso de desagües. Solo cuatro entidades respondieron.

Por las recientes precipitaciones, el barrio Bellavista fue inundado al ubicarse en bajada hacia el margen del río Tumbes, donde existe una compuerta, que según un informe de control no fue descolmatada. El OCI de la Municipalidad Provincial de Tumbes requirió que se activen los planes de acción e informen las medidas inmediatas adoptadas.

En Piura se remitieron 74 oficios dirigidos a los titulares de las ocho provincias y 64 distritos, Gobierno Regional y Direcciones, de los cuales solo cuatro entidades cumplieron con informar las principales actividades desplegadas ante las últimas lluvias que inundaron las provincias de Morropón y Piura.

En Chulucanas se activaron quebradas y generaron el desborde del río Charanal, donde la Entidad Fiscalizadora Superior advirtió que en la obra de creación de protecciones por S/19 millones se efectuaron trabajos deficientes y se pagó por tramos no concluidos. Las municipalidades de la zona no presentaron sus planes de acción.

En Lambayeque la Contraloría instó a las autoridades a tomar medidas urgentes, comunicando 41 oficios a los titulares de diversas entidades como las municipalidades de Chiclayo, Ferreñafe, etc. Solo la Dirección de Agricultura notificó su plan de acción, pese a que el distrito de Olmos se vio perjudicado por las últimas lluvias, donde poblaciones enteras fueron aisladas por el crecimiento del río Olmos que afectó las vías de acceso a los caseríos de El Médano y La Orchía.

Problemas similares se reportaron en Cañaris donde las lluvias dañaron las vías de comunicación y aislaron a comunidades enteras del centro poblado de Colaya, en el distrito de Salas, hasta Huayabamba. Además, la crecida de las quebradas arrasó con los puentes de los ríos Chiñama y Huayabamba, dejando aislados a más de siete mil habitantes de 45 caseríos. Según información reciente, también se desbordaron los ríos Palo Blanco y El Molino.

 En La Libertad se enviaron 41 comunicaciones, casi todas pendientes de respuesta. En Áncash fueron notificados 94 instituciones públicas, solo 14 cumplieron con informar hasta la fecha.

Control en salud

Equipos de auditores vienen realizando visitas de control a Centros Médicos por la reciente aparición de enfermedades virales como el dengue y la chikungunya. Esto con la finalidad de verificar el abastecimiento de equipos y medicamentos. Asimismo, se requirió a las Direcciones Regionales de Salud informar sus planes de acción ante posibles epidemias.

/MPG/

El Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó la urgente e imperativa necesidad de cesar las hostilidades entre Ucrania y Rusia, con la finalidad de abrir camino al diálogo que conduzca a una solución diplomática.

A través de un comunicado, precisa que el Perú "sigue de cerca las iniciativas que promueven el fin del conflicto entre ambos países y los avances en materia humanitaria".

"Al cumplirse dos años del inicio de la agresión de Rusia contra Ucrania, el Perú reafirma la urgente e imperativa necesidad de cesar las hostilidades para abrir camino a diálogos que conduzcan a una solución diplomática, pacífica, negociada y duradera, bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional", refiere.  

Asimismo, precisa que, desde el inicio del conflicto, "el Perú se sumó al rechazo internacional y condenó la agresión de Rusia contra Ucrania, que viola su soberanía nacional e integridad territorial, conforme fue establecida desde su nacimiento como Estado independiente".  

"El Perú considera que la Organización de las Naciones Unidas es el foro idóneo y natural hacia donde deben dirigirse los esfuerzos diplomáticos que coadyuven a la solución de este conflicto", agrega. 

Además, sostiene que en concordancia con esta posición principista y con su vocación pacifista, al cumplirse un año del inicio de la agresión de Rusia a Ucrania, en 2023, el Perú copatrocinó y votó a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Principios de la Carta de las Naciones Unidas que sustentan una paz integral, justa y duradera en Ucrania”. 

"Esta resolución ofrece una amplia base destinada a poner fin al conflicto y afirmar una paz duradera que garantice a futuro una convivencia internacional armoniosa y respetuosa de las diferentes perspectivas de los países", añade.

/AC/

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, formuló una denuncia constitucional contra la excongresista Maritza Matilde García Jiménez.

Según informa el Ministerio Público, por medio de una publicación en su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la denuncia se basa en la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Como se recuerda, Maritza García fue elegida por el periodo 2016-2021 por la agrupación Fuerza Popular, pero luego salió de dicha bancada para pasar a Cambio 21 de Kenji Fujimori.

A finales de agosto de 2018, el pleno del Congreso la suspendió por 120 días por, presuntamente, consignar información falsa, en su hoja de vida, acerca de sus estudios superiores.

/ANDINA/PE/

La Cancillería de la República comunicó que una ciudadana peruana se encuentra entre los damnificados por el trágico incendio ocurrido en el barrio del Campanar en Valencia, España.

Esta información fue dada a conocer mediante la cuenta oficial en la plataforma de Twitter.

En ese sentido, precisa que el Consulado General en Valencia y las autoridades locales vienen brindándole la asistencia requerida.

"Nuestra connacional se encuentra bien de salud y viene manteniendo contacto con sus familiares", agrega en la publicación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que el contacto telefónico de emergencia para los peruanos que viven en Valencia es el +34 636 177 719.

El incendio ocurrido en un edificio ocasionó la muerte de al menos cuatro personas, en tanto que 14 se encuentran desaparecidas.

Por otro lado, dejó 15 heridos, de los cuales seis son bomberos, según informaron autoridades valencianas.

/MPG/