Política

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que establece plazos máximos para el pago de la asignación por tiempo de servicios y compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276.

La iniciativa legislativa busca modificar los literales a) y c) del artículo 54 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D. L. 276. El mencionado artículo está referido a los beneficios que corresponden a dichos trabajadores.

Uno de ellos es la asignación por tiempo de servicios, que los trabajadores perciben al cumplir 25 y 30 años de labores, equivalente a dos y tres remuneraciones mensuales, respectivamente. El pago se otorga por única vez en cada caso.

Así, la propuesta legislativa establece que dichas bonificaciones se otorgarán mediante acto resolutivo en el mismo mes en que el trabajador cumpla los 25 o 30 años de servicios, de acuerdo con el informe escalafonario.

Además, el pago deberá materializarse como máximo en el mes siguiente de emitirse el acto resolutivo.

El otro beneficio que es materia del proyecto es la compensación por tiempo de servicios (CTS), el cual se otorga al personal nombrado al momento del cese, de acuerdo con el D. L. 276.

La iniciativa propone que dicho pago también se establezca mediante acto resolutivo en el mes en que el trabajador es cesado y que se materialice en el mes siguiente de emitida la resolución.

En la exposición de motivos, el legislador Flavio Cruz señala que muchas veces los mencionados beneficios se pagan luego de varios meses e incluso años, por lo que es necesario que se establezcan en la ley plazos oportunos y fijos para efectuar dichos pagos.

/DBD/

Una propuesta legislativa, de reforma constitucional, presentada por la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) plantea que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tengan la responsabilidad para vigilar y controlar las fronteras de nuestro país.

La iniciativa propone modificar los artículos 165° y 166° de la Constitución Política, para poder otorgar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

En tal sentido, el nuevo texto quedaría redactado de la siguiente manera:

"Artículo 165.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137° de la Constitución. Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la vigilancia y control de las fronteras".

"Artículo 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia".

En la exposición de motivos, refiere que el objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas, de las responsabilidades y atribuciones necesarias para cumplir con la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, a la que se refiere el artículo 165° de la Constitución Política.

"Consideramos que no es posible lograr esta 'finalidad primordial' de garantizar la 'integridad territorial', si es que las Fuerzas Armadas, no asumen el control y vigilancia de las fronteras territoriales", señala.

Asimismo, se trata de suprimir las obligaciones expresas, conferidas por la última parte del artículo 166° de la Constitución, a la Policía Nacional, cuando se dispone que esta debe vigilar y controlar las fronteras, en aras de lograr la "finalidad fundamental" de garantizar, mantener y restablecer el orden interno.

"Consideramos, que el 'orden interno' no necesariamente se mantiene ni restablece vigilando y controlando las fronteras", añade la propuesta.

/DBD/

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, expresó que se han extremado las medidas para el control de combustible en el Cuartel General del Ejército, y advirtió que el uso indebido de este recurso será sancionado con todo el peso de la ley.

“Se tomarán todas las acciones, asimismo quiero advertir que el personal que realice esas acciones y salga de la línea de la legalidad será sancionado con pena privativa de libertad y se le aplicará todo el peso de la ley”, mencionó.

Refirió que las investigaciones lograron determinar que la persona que ordenó la administración inadecuada del combustible asignado a su unidad es el teniente coronel jefe del Batallón de Policía Militar del Cuartel General del Ejército, que desempeñó esa función el año pasado.

Ese oficial, según declaró a Canal N, fue removido del cargo actual y puesto a disposición del Comando de Personal del Ejército para que se tomen las medidas administrativas y del régimen disciplinario, independientemente de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

También indicó que se están identificando a los receptores del combustible, que serían 12, contra quienes se tomarán medidas.

“Pido prudencia y paciencia, como consecuencia de las investigaciones en el Ministerio Público e Inspectoría, la próxima semana se tendrán identificados (a los responsables) y se tomarán todas las acciones desde el punto de vista administrativo y penal para que no se repitan estos hechos”, determino.

En cuanto a la propuesta para reabrir El Frontón como centro penitenciario, el ministro Chávez indicó que desarrollar infraestructura en ese lugar aislado, que no cuenta con servicios básicos, tomaría un tiempo y que se requiere en este momento desarrollar infraestructura para el traslado de internos de alta peligrosidad.

“Creo que hay otras rutas en terrenos asignados y, como lo ha dicho el ministro de Justicia, se tiene previsto construir dos penales para deshacinar los centros penitenciarios", aseguró.

Finalmente, el ministro de Defensa precisó que no está previsto la entrega de armas para que las rondas campesinas colaboren con la seguridad, especialmente en Pataz, región La Libertad.

“No se aprobó ni se descarta nada, depende del escenario que se presente en cada aspecto, para llegar a eso debe haber una escalada de violencia tal que se requiera el apoyo de estas acciones, por lo pronto no se ha tomado ninguna decisión”, señaló.

/MPG/

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó el Proyecto del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con el fin de que la ciudadanía pueda hacer propuestas o sugerencias en un plazo de 7 días.

Dicha entidad informó que dicho proyecto contempla la evaluación de los citados funcionarios siempre que expresen su voluntad de ser evaluados para continuar en el cargo por un periodo adicional.

El procedimiento, además, se sustenta en principios generales garantizando la objetividad y sobre todo el debido proceso. También se establece que el procedimiento consta de 4 fases, requiriéndose información tanto de los funcionarios evaluados, como de la Contraloría General de la República y de las diversas instituciones públicas y/o privadas.

De esta forma, la JNJ evaluará objetivamente los resultados de la gestión y labor desarrolladas por dichos funcionarios en el periodo de 4 años, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Así, señaló que la ciudadanía puede remitir sus propuestas o sugerencias al correo electrónico consultas.reglamento@jnj.gob.pe en el plazo de 7 días calendario, contados a partir de la presente publicación.

El documento consta de 7 Disposiciones Generales, VII Capítulos, V Disposiciones Complementarias y Finales y 1 anexo. Los ciudadanos que deseen acceder al texto del proyecto del Reglamento deberán acceder al siguiente link: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/der/PROYECTO_REGLAMENTO_VF060224.pdf 

/MPG/

El exministro Alfredo Ferrero Diez Canseco indicó hoy que como embajador del Perú en Estados Unidos pondrá énfasis en las relaciones políticas, la promoción de las inversiones y del turismo.

A través de sus redes sociales, agradeció la confianza de la presidenta Dina Boluarte y del canciller Javier González-Olaechea, quienes lo designaron como representante diplomático en Estados Unidos.

“Acorde a las instrucciones, daré énfasis en las relaciones políticas, a la promoción de las inversiones, del comercio y del turismo especialmente. No ofreceré declaraciones hasta asumir el cargo el próximo mes de marzo”, afirmó.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó ayer que el Gobierno designó al exministro Ferrero Diez Canseco y el constitucionalista Carlos Hakansson como embajadores del Perú en Estados Unidos y Costa Rica, respectivamente.

Ferrero reemplazará en el cargo al embajador Gustavo Meza Cuadra, cuyas funciones se dieron por terminadas el pasado 30 de noviembre. 

/PE/

El Gobierno de Chile decretó hoy duelo nacional y la organización de funerales de Estado por el expresidente Sebastián Piñera, quien murió este martes en la Región de Los Ríos, cuando el helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del Lago Ranco.

“Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación desde el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia. 

/EFE/PE/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, expresó su profundo pesar al hermano pueblo de Chile por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido hoy en un accidente aéreo.

“La presidenta de la república del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, expresa su profundo pesar al hermano pueblo de Chile por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, importante líder político en la región y amigo del Perú”, informó la Presidencia, a través de sus redes sociales.

Se destacó además que Piñera, durante su mandato presidencial, fortaleció los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos. 

"Hago llegar mis más sentidas condolencias a la familia del expresidente Piñera", agregó la mandataria peruana.

La oficina del expresidente Sebastián Piñera confirmó esta tarde su fallecimiento, tras sufrir un accidente aéreo en la región de Los Ríos, 

En tanto, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, informó que el presidente Gabriel Boric ordenó que se declare duelo nacional y se realice un funeral de Estado al exmandatario Sebastián Piñera.

/PE/

Un proyecto de ley presentado en el Congreso plantea darle a la Contraloría General la potestad de supervisar los fondos que se entregan a los partidos políticos en el marco del financiamiento público directo.

La iniciativa emanada de la bancada de Podemos Perú establece para ello modificar los artículos 29 y 32 de la Ely de Organizaciones Políticas (Ley 28904).

En el primero de ellos se establece que la Contraloría General se encargará de fiscalizar la transferencia de fondos que se realiza a favor de los partidos, así como la distribución de estos

Asimismo, se plantea modificar el artículo 32 de la Ley 28904 para establecer que la Contraloría “tiene acceso a las cuentas” que las organizaciones políticas tengan en el sistema financiero nacional para recibir financiamiento público o privado.

El congresista José Luna, promotor de este proyecto de ley, señala en la exposición de motivos del mismo que el objetivo de hacer partícipe a la Contraloría de la supervisión del dinero que el Estado le da a los partidos es el “evitar un uso indebido de este”.

Esto se propone en razón de que se trata del “organismo especializado en el control y supervisión del dinero público del Estado peruano”, se indica.

Distribución de fondos

El financiamiento público dado a cada partido se calcula fijando el 01 % de una unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir a congresistas. De ese total, el 40 % se distribuye a partes iguales entre todos los partidos que lograron tener un representante en el Congreso, y el restante 60 % se distribuye de acuerdo a la votación obtenida por cada grupo.

Este dinero solo puede destinarse a fortalecer a las organizaciones políticas. 50 % debe asignarse para gastos de funcionamiento y la mitad restante a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión.

De acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley, la Contraloría se encargaría de la fiscalización de este dinero, una labor actualmente encomendada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

/ANDINA/PE/

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente Pedro Castillo contra la sentencia que desestimó revisar de oficio la prisión preventiva que se le impuso por 36 meses.

Esta apelación se da en el marco del proceso que se le sigue al exmandatario por el presunto delito de organización criminal, informó el Poder Judicial.

El exmandatario apeló la decisión del magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien desestimó el recurso interpuesto tras señalar que la investigación es compleja, por lo que existiría peligro de fuga y obstaculización.

“Con esta decisión, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, expedida el 27 de diciembre de 2023, que también desestimó la solicitud del investigado exmandatario”, señaló dicho poder del Estado la plataforma de X.

Como se recuerda, en marzo de 2023 se dictaron 36 meses de prisión preventiva contra el exmandatario por ser el presunto líder de una organización criminal.

La medida corresponde a la investigación en contra del exmandatario por los presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda.

/AC/

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que su sector ha dado cuenta al Ministerio Público de la información vinculada al mal uso del combustible otorgado al Ejército, y que dentro de esta institución “vamos a tomar todas las acciones disciplinarias” que correspondan.

Indicó, en entrevista concedida a radio Exitosa, que los pasos dados en ese sentido han comprendido la separación del comandante jefe del batallón de la Policía Militar, Jimmy Grandez, sindicado como presunto responsable de este acto ilícito.

“Ya hemos dado cuenta al MP y vamos a tomar todas las acciones disciplinarias”, manifestó.

Refirió asimismo que, de acuerdo a la denuncia que inicialmente hiciera un sargento de la institución, doce personas compraban este combustible.

Indicó que se está investigando el caso -denunciado en un programa periodístico el fin de semana pasado- y que se busca determinar no solo la responsabilidad del mencionado oficial, sino también de quienes adquirieron el combustible, a sabiendas de que efectuaban un acto ilegal.

Chávez indicó que también se determinará por qué la inspectoría militar encargada del sector administrativo del Cuartel General del Ejército no detectó esta venta ilícita. Lo mismo ser hará respecto a los órganos de inteligencia de este comando, que tampoco detectaron dicha práctica, indicó.

Venta de armas

Por otro lado, Chávez expresó su indignación por la participación de un suboficial del Ejército en la venta de armas a grupos delincuenciales como el denominado 'Los Patrones de Ventanilla'. “Como soldado, estoy indignado”, manifestó, y señaló que se vienen tomando las medidas disciplinarias al respecto.

Asimismo, el ministro informó que se ha trasladado a la fiscalía los resultados de la auditoría efectuada tras la aparición de granadas de guerra en actos delictivos en San Juan de Lurigancho. Esta acción culminó hace quince días y la procuraduría del Ministerio de Defensa trasladó a la fiscalía esta información que da cuenta de “presuntas irregularidades” en la pérdida de esos productos.

Por otro lado, Chávez indicó que las medidas a adoptar en el departamento de La Libertad frente a la delincuencia “tienen que ser distintas y sostenibles en el tiempo” para que tengan eficacia.

Recalcó que, en ese contexto, la participación de las Fuerzas Armadas se da en función a los requerimientos de la Policía.

En ese sentido, dijo que una eventual declaratoria de emergencia tiene que darse de esa manera. Consideró necesario, en ese contexto, que se cuente “con la participación de la población y de las rondas campesinas”.

Indicó al respecto que él, junto al ministro del Interior, Víctor Torres, van a convocar a estas organizaciones para establecer qué puede hacerse para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana en esa parte del país.

/DBD/