Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, a fin de desarrollar actividades conjuntas para el intercambio de productos o herramientas informáticas, así como experiencias de buenas prácticas para la mejora de la gestión pública y la calidad orientada al ciudadano.

El acuerdo fue suscrito por el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, y la jefa de la Oficina General de Administración del MEF, Fanny Vidal. Este tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y podrá ser renovado previo acuerdo entre las partes.

Uno de los objetivos específicos del convenio establece que la ONPE brindará al MEF el Servicio de Sellado de Tiempo (TSA), un mecanismo que permite probar de forma fehaciente que un documento electrónico existe desde un momento específico y que el mismo no ha sido modificado desde entonces.

Las aplicaciones del sello de tiempo son múltiples y se puede aplicar a cualquier tipo de documento electrónico, siendo utilizado en diversos trámites, servicios o transacciones digitales.

Se utiliza para generar evidencias legales, garantizando que las transacciones y aquellos trámites administrativos, sujetos a un plazo de entrega, se produjeron en un momento determinado; o que los documentos electrónicos existían en un instante concreto y que no se han modificado posteriormente, asegurando protección y amparo legal ante infracciones jurídicas. 

En el caso del MEF, la ONPE brindará este servicio hasta por una cantidad no mayor de 287,093 sellos de tiempo durante la vigencia del convenio, el cual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de la entidad.

Para este efecto, el organismo electoral establecerá, implementará y mantendrá controles de seguridad física y lógica de este servicio, así como la correcta ejecución de los procesos criptográficos durante la generación del sello de tiempo.

En virtud del acuerdo, la ONPE también destinará personal profesional y técnico necesario para ejecutar asistencia técnica, asistirá a las reuniones de coordinación y realizará acciones que garanticen el cumplimiento de los planes de trabajo que se aprueben de común acuerdo.

Por su parte, el MEF se compromete a compartir información, documentación, metodologías o conocimientos a través de acciones de capacitación, difusión y educación dirigidas al personal del ente electoral, que permitan el cumplimiento del objetivo del convenio.

El convenio de colaboración interinstitucional no tiene carácter contractual, no persigue fines de lucro, no implica la transferencia de recursos económicos ni pagos de contraprestación alguna entre las dos instituciones, más que la colaboración entre las partes que establezcan los principios generales y condiciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del convenio, informó la ONPE.

Beneficios del Sello de Tiempo

Sobre el papel, el sello fechador o la fecha al final de un escrito, constata un instante exacto y atestigua la existencia de un documento.

Mientras que, en los documentos y en las transacciones electrónicas, es el servicio de sellado de tiempo el que proporciona un sello digital de integridad de datos, certificando, mediante fecha y hora exactas, la existencia de una serie de datos digitales en un momento concreto.

Esto otorga transparencia y ofrece mayor confianza por parte de todos los actores que participan en el proceso, precisó la ONPE.

/NDP/PE/

El parlamentario Esdras Medina, del grupo congresal, Unidad y Diálogo Parlamentario, propone crear la Policía Municipal, que podrá emplear armas en situaciones de extrema gravedad y estará bajo la jurisdicción y responsabilidad de las municipalidades.

El propósito de esta iniciativa, según su autor, es fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, mediante la implementación de medidas que contribuyan a la prevención, detección y respuesta ante posibles amenazas.

La Policía Municipal, de acuerdo a la iniciativa, estará conformados por ciudadano mayor de edad que haya completado de manera satisfactoria el entrenamiento y capacitación, conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento de la esta ley.

También por el personal de serenazgo, luego de aprobar el entrenamiento y capacitación, de acuerdo con las directrices del reglamento de esta ley. En el caso de los serenos que provengan de las Fuerzas Armadas, su formación tendrá un plazo de 90 días.

Dispone además a que los miembros de la Policía Municipal puedan emplear armas, incluso de carácter letal, solo en situaciones de extrema gravedad. 

“El uso de armamento por parte de la Policía Municipal se limitará a casos de especial gravedad, guiándose por los principios de proporcionalidad y estado de necesidad, y de conformidad con el derecho internacional humanitario”, dice la iniciativa.

El proyecto de ley argumenta que la creciente tasa de criminalidad en el país ha rebasado la capacidad estratégica y represiva de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. 

Frente a ello, Medina considera que Policía Municipal busca ser una medida efectiva y coordinada para restablecer la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población.

/PE/

En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte reafirmó el firme propósito de su Gobierno de erradicar el trabajo forzoso, y llamó a la población a denunciar en la línea 1819 este tipo de situaciones.

“El trabajo forzoso es un flagelo que no podemos tolerar en la sociedad, el Gobierno ratifica su firme propósito de trabajar por su erradicación en el país”, aseveró.

Indicó que, para avanzar en esta tarea, se aprobó el protocolo intersectorial que establece una hoja de ruta para enfrentar el trabajo forzoso, con enfoque en la victima y que marca el comienzo de una estrategia coordinada y efectiva.

Además, sostuvo la mandataria, se lanzó la Línea 1819, un recurso vital para atender a quienes que corren el riesgo de caer en situaciones de trabajo forzoso. La línea brinda asistencia a quienes lo necesitan y sirve como medio para identificar y prevenir estos casos.

“No olvidemos el número 1819, agarremos el teléfono y hagamos la llamada, todos estarán atendidos”, refirió.

La jefa de Estado aseveró también que no debe volver a repetirse hechos como el dramático incendio ocurrido en Las Malvinas, donde murieron jóvenes que fueron encerrados por sus empleadores. “Ese tipo de situaciones nunca más deben darse”, subrayó.

En ese marco, resaltó el compromiso de las altas autoridades del país que se sumaron al pacto Unidos contra el Trabajo Forzoso, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y la Organización Internacional del Trabajo para los países andinos.

“El Pacto es una muestra de que estamos unidos en la determinación de poner fin a la despreciable práctica del trabajo forzoso, es fundamental que todos se unan en esta lucha, celebro el apoyo y compromiso de quienes han decidido sumarse a esta causa noble y urgente”, manifestó.

Precisó que el Gobierno no cesará en su trabajo articulado para poner fin a este flagelo ni escatimará esfuerzos para combatirlo en todas sus formas.

“Estamos comprometidos en perseguir a los que perpetúan esta violación a los derechos humanos y a proteger a las víctimas que sufren las consecuencias devastadoras, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos compromiso de todos; solo juntos, unidos en una misión común, podremos erradicar este flagelo”, sostuvo.

Finalmente, la mandataria llamó a la acción de todos los ciudadanos para que, desde su posición y posibilidad, se involucren y contribuya a erradicar el trabajo forzoso y a lograr un cambio duradero en el país, donde se respeten los derechos de todos.

/AC/Andina/

El congresista Abel Reyes, de la bancada Perú Libre, presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea el desafuero del parlamentario que renuncia a su organización política sin justificación, para ser reemplazado por su accesitario.

El proyecto de reforma N° 6928/2023-CR que busca fortalecer las organizaciones políticas en la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, propone modificar el artículo 92 de la Constitución para que se garantice que los ciudadanos se sientan representados válidamente por sus congresistas.

Con ese propósito, incorpora como prohibición de la función parlamentaria el cambiarse de organización política sin causa justificada y, en caso de ser expulsado, que su partido informe a la Comisión de Ética las razones de su separación.

“Si se determina que el congresista ha renunciado a su organización sin justificación alguna, la Comisión de Ética informará a la Comisión Permanente para que, de acuerdo al artículo 99 de la Carta Magna, se acuse al parlamentario por infracción al artículo 176 de la Constitución”, indica la iniciativa.

"Si el congresista ha sido destituido en juicio político por infracción a la Constitución, será reemplazado por el accesitario de acuerdo al artículo 25 del Reglamento del Congreso”, añade el proyecto.

Señala que el apartamiento de un congresista de su partido genera que la ciudadanía sienta “engaño, falsedad, traición” al observar que el congresista al que le dio su voto ya no piensa igual que antes en un tiempo breve.

El congresista Reyes precisa también que el ciudadano tiene derecho a demandar la rendición de cuentas de sus autoridades con respecto a las propuestas y promesas que hicieron como candidatos, las misma que están respaldadas por el ideario y el plan de gobierno de su organización política.

Considera que, de acuerdo a la Constitución, los ciudadanos ejercer sus derechos a través de las organizaciones políticas, las mismas que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, por lo que un congresista que cambia de partido sin justificación, infringe la Carta Magna que garantiza que el escrutinio es el reflejo exacto de la voluntad popular.

/DBD/

El ministro de Defensa, Jorge Chávez destacó que el Perú a través del trabajo de sus especialistas de las Fuerzas Armadas, cumplió con antelación el compromiso asumido internacionalmente por el país para eliminar las municiones en racimo

En ese sentido, indicó que este proceso se desarrolló de tal forma que los objetivos trazados se lograron con antelación al plazo inicialmente programado en la Convención de Oslo, Noruega, sobre este tema, fijado para el 30 de abril del presente año.

El trabajo realizado en el país permitió que dicha tarea se cumpliera el 15 de diciembre del año pasado.

“Distintos estamentos de nuestra Cancillería, del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, se alinearon en este compromiso con particular entrega, en el que se destaca la labor de nuestros especialistas de nuestra gloriosa Fuerza Aérea”, resaltó Chávez.

Informó al respecto que el personal especializado del Servicio de Material de Guerra de la FAP (FAP) fue capacitado para este tema por la Organización Ayuda Popular de Noruega.

Ceremonia en Cancillería

El ministro de Defensa participó en la víspera en la ceremonia realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores referida al cumplimiento de las obligaciones de Perú en este tema.

“La ayuda económica proporcionada por nuestros amigos de la República Alemana fue un importante bastión de soporte en la recta final de esta tarea”, dijo el ministro.

Chávez recalcó que la destrucción de este tipo de armamento “ofrece hoy la oportunidad de identificar los activos modernos que debemos tener en cuenta para mantener la seguridad y soberanía de nuestro país”.

/DBD/

El Poder Ejecutivo emitió hoy un decreto supremo mediante el cual se declaran los días no laborables sujetos a compensación para el año 2024 para los trabajadores del sector público.

El dispositivo fue publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Se declaran no laborales a nivel nacional las siguientes fechas:

- Viernes 26 de julio de 2024

- Lunes 7 de octubre de 2024

- Viernes 6 de diciembre de 2024

- Lunes 23 de diciembre de 2024

- Martes 24 de diciembre de 2024

- Lunes 30 de diciembre de 2024

- Martes 31 de diciembre de 2024

La norma indica que, para fines tributarios, dichos días serán considerados hábiles.

Asimismo, se especifica que las horas dejadas de laborar por los trabajadores del sector público durante los días no laborables serán compensadas, según corresponda, en los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios públicos que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables establecidos en el presente decreto supremo”, agrega el texto.

En los considerandos de la norma se indica que los días no laborables se declaran desde hace más de una década a fin de crear fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno.

Sector privado

El dispositivo indica también que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la norma, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar y que, a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Además, realiza una precisión para las empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

Se señala que estas se encuentran facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los días no laborables declarados por el artículo 1 del presente decreto y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad.

El decreto supremo lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

/DBD/

El premier, Luis Alberto Otárola, se reunió con representantes de los gremios empresariales para abordar proyectos que ayuden a dinamizar la economía; entre ellos, la puesta en marcha de la la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la etapa 3A del nuevo Terminal Multipropósito del Callao y la adjudicación de la tercera etapa del proyecto Chavimochic a Canadá.

Participaron de la reunión, los titulares de Economía y Finanzas, Alex Contreras; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar; y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

Asimismo, el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Roque Benavides; el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), César Candela; así como el titular de la Sociedad Nacional de Industrial (SNI), Jesús Salazar Nishi, y el director de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Naranjo.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro; el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Domingo Drago Salcedo, y el presidente de la Asociación Defensoría del Productor Agrario, Jaime Salomón, junto al coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, Román Miu Wong.

“El Gobierno de la presidenta Boluarte tiene la decisión de trabajar con el sector privado. A pesar de que el año pasado ha sido complejo, tenemos cosas importantes para mostrar. Esperamos que haya un relanzamiento de nuestra economía, con un impulso de muchos proyectos”, expresó Otàrola.

/LR/

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, anunció la creación de una comisión de ministros para que trabajen en la eliminación de barreras burocráticas, a fin de impulsar la reactivación económica de todos los peruanos.

“Se implementará una comisión de ministros para destrabar las barreras burocráticas a través de Indecopi, ha habido muchas quejas sobre todas las barreras en la tramitología innecesaria del Estado que puede frenar las inversiones”, aseguró, luego de una reunión con líderes empresariales, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, reiteró el respaldo total a sectores como el agrario, el minero y las mypes, y reafirmó el compromiso del gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, con la inversión privada.

Alberto Otárola saludó el levantamiento de la huelga en el Cusco, afirmando que es una buena noticia para el país, que sin dudas favorece a la economía peruana.

Reconoció la labor de los ministros de Estado y señaló que están comprometidos con llevar una política de recuperación de las inversiones y de las visitas en sus estándares históricos a Machupicchu.

/LR/

La presidenta Dina Boluarte anunció que una comitiva de ministros viajará a Puno para impulsar los principales proyectos que demanda la región.

“Queremos desterrar de Puno los índices de pobreza e indiferencia. Vamos a trabajar con empeño para revertir esta situación de manera sostenible”, puntualizó la mandataria.

La jefa de Estado hizo este anuncio en una reunión con alcaldes provinciales y distritales de Puno, en la que se evaluó el destrabe de proyectos y la ejecución de planes de contingencia ante los periodos de lluvias y heladas.

/MPG/

El canciller Javier González-Olaechea Franco, junto con el ministro de Defensa, Jorge Chavez Cresta, presidieron la ceremonia de cumplimiento del compromiso asumido por el Perú en la Convención sobre Municiones en Racimo, suscrita por nuestro país en 2013.

“El Perú ratifica la importancia de promover que América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, no sólo libre de armas nucleares, químicas y biológicas, sino también libre de minas antipersonal y municiones en racimo, cuyo uso no es solo ilegal, es profundamente inmoral”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores.

En la actividad desarrollada en el Palacio de Torre Tagle, el canciller González-Olaechea explicó que, como Estado Parte de la Convención de Oslo, el Perú asumió el compromiso de destruir este tipo de armas hasta abril de 2024 y desplegó sus mayores esfuerzos para cumplir con la destrucción de una limitada cantidad de municiones que se tenía almacenada, aunque nunca usada por nuestro país.

“Gracias a la significativa cooperación del Reino de Noruega a través de la Organización Ayuda Popular de Noruega (Norwegian People Aid’s -NPA), así como de la República Federal de Alemania, y contando con la valiosa participación de los efectivos de nuestra Fuerza Aérea del Perú, se pudo cumplir cabalmente con esta obligación antes de tiempo, en diciembre pasado”, remarcó el ministro.

En la ceremonia el canciller destacó que el cumplimiento de esta obligación internacional marca un importante hito histórico a nivel mundial, ya que, “con la destrucción de las municiones de racimo en el Perú, todos los países que son Estados Parte de la Convención de Oslo podemos decir que hemos cumplido con destruir sus arsenales de estas armas”.

También el ministro González-Olaechea enfatizó que la destrucción de las municiones en racimo es un destacado ejemplo de los esfuerzos que realiza el Perú constantemente para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y resaltó el compromiso de nuestro país con la seguridad a nivel nacional e internacional, como ha sido plasmada en distintos ejes de la Política Exterior Reforzada (PER) presentada ante el Congreso.

“El Perú es un país firmemente comprometido con la paz y la seguridad internacionales. Para ello, apoya y contribuye con los esfuerzos globales a favor del desarme, la no proliferación, el control de armas, los agentes biológicos y las sustancias químicas, así como la promoción del uso pacífico de la energía nuclear en momentos críticos, de retos constantes y desafiantes en el orden global e internacional”, puntualizó el canciller.

Es importante destacar que el Perú es Estado Parte desde 2013 de la Convención sobre Municiones en Racimo, conocida como la Convención de Oslo, junto a los 124 Estados que hasta la fecha la han suscrito. En virtud de la misma, el Perú se comprometió a nunca y en ninguna circunstancia emplear, producir, transferir o almacenar municiones en racimo.

/NDP/ MPG/