Política

Según informó la institución a través de Twitter, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, sostiene una reunión con la directora encargada del Banco Mundial (BM) para Bolivia Chile, Ecuador y Perú, Pilar Maisterra.

Además, en el encuentro también están presentes el juez supremo Héctor Lama, el gerente general del PJ, Jaime Gómez, y otros funcionarios del BM.

Pilar Maisterra es responsable de supervisar la preparación e implementación de la cartera del Banco Mundial y administrar la oficina del Banco Mundial en Perú.

Entre 2018 y 2021, Maisterra se desempeñó como gerente de Estrategia, Riesgo y Operaciones de País en la Vicepresidencia de Políticas Operativas y Servicios para los Países.

El Banco Mundial trabaja en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo.

/DBD/

La congresista Norma Yarrow sustentó un proyecto de ley que busca asegurar que los gobernadores regionales y alcaldes den cuenta sobre su trabajo hasta el último día de su gestión y así garantizar la continuidad de los servicios que se brindan, la rendición de cuentas y que se consolide el principio de transparencia.

“Esta iniciativa propicia la transparencia del uso presupuestario de la gestión ejercida durante cuatro años por las autoridades salientes de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, indicó la parlamentaria en su intervención en la Comisión de Descentralización.

En ese sentido, la representante del grupo parlamentario Avanza País, sostuvo que este proyecto “impactará en 1,916 entidades públicas que cambian de administración y que deben realizar Transferencia de Gestión por las elecciones regionales y municipales y fortalecerá los procesos de transferencia de gestión y rendición de cuentas”.

Yarrow Lumbreras advirtió que la llamada Comisión de Transferencia tiene como finalidad validar la información y documentación de la gestión saliente, pero sus funciones “concluyen dos días antes de la nueva autoridad”.

Por lo tanto, "propongo que se establezca que la labor de la comisión de transferencia culmine con la suscripción del acta de transferencia de acuerdo al procedimiento que establezca la Contraloría".

“Facultando a dicha institución, emitir el respectivo documento normativo que regule y desarrolle el procedimiento de transferencia de gestión de gobiernos regionales y locales, con plazos razonables y aplicables a cada supuesto de cambio de titular (elecciones generales, revocatoria, vacancia y elecciones municipales complementarias)”, finalizó Yarrow.

/LD/Andina/

La Corte Superior Nacional advirtió que la apología al terrorismo a través de redes sociales puede ser sancionado de 8 a 15 años de cárcel por ser considerado un hecho agravante.

Según el juez Guillermo Huamán Vargas, presidente de Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, la apología al terrorismo en ejercicio de la docencia también puede ser sancionado con seis a diez años de prisión.

El magistrado explicó que el artículo 316-A del Código Penal sanciona el delito apología de terrorismo a quien exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe.

“En el caso del docente es considerado una circunstancia agravante, la segunda más grave, pues a esta persona se le confiere la responsabilidad de formar ciudadanos, y lo que estaría haciendo es distorsionar el comportamiento de ellos”, explicó.

Respecto a las pruebas, el magistrado dijo que estas pueden ser desde un video, en caso la clase haya sido grabada o el testimonio de los estudiantes que recibieron el supuesto mensaje apologético por parte del docente.

“En este caso tendríamos que analizar el contenido apologético (dado por el docente), ya sea si este exalta o enaltece el delito de terrorismo o a la persona condenada por ese delito de terrorismo”, detalló.

Redes sociales

En el caso de apología de terrorismo cuando se enaltecen o justifican estos hechos a través de medios de comunicación este comprende también su difusión en libros, escritos, imágenes visuales o el uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales).

“La difusión de mensajes con contenido apologético a través de las redes sociales es considerada una de las circunstancias más graves que establece el código y la pena varía de 8 a 15 años, según el nivel de probanza”, dijo.

El magistrado detalló que una vez que se conoce el contenido del mensaje se analiza cuál ha sido la intencionalidad de la persona al difundirlo y sí se ha tenido la intención de justificar o enaltecer un hecho terrorista.

Hace unas semanas, el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside el juez Huamán Vargas, en audiencia de adelanto de fallo impuso ocho años de prisión a Julián Cuba Jurado y Richard Alex Cornejo por el delito de apología de terrorismo por enaltecer a través de sus redes sociales al condenado por terrorismo Abimael Guzmán.

/LD/Andina/

La Dirección General de Defensa pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se mantiene verificando la situación legal de los detenidos durante las últimas protestas suscitadas a nivel nacional.

Walter Martínez, director de la referida instancia del Minjusdh, reveló que ayer se registraron 29 detenciones, de las cuales a 13 personas se les ha dejado en libertad, mientras que el resto pasará por exámenes de medicina legal y será investigada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

"El día de ayer se han registrado 29 detenciones, de los cuales, 13 han sido puestos en libertad porque solo pasaron control de identidad y 16 continúan siendo investigados por la Policía y posteriormente por la Fiscalía también", dijo Martínez en declaraciones a TV Perú.

El director de defensa pública y acceso a la justicia detalló también que, desde las manifestaciones producidas el 7 de diciembre hasta el 30 de enero, se ha registrado 438 atenciones entre defensa legal, penal y defensa de víctimas.

/JN/

Los congresistas nunca se pondrán de acuerdo sobre una propuesta de adelanto de elecciones debido a "intereses personales" y porque algunos se aferran al cargo aseveró la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle, quien renunció a la segunda vicepresidencia del Parlamento.

"Yo la verdad no creo que lleguemos a un consenso porque está la extrema izquierda y la extrema derecha que nunca se van a poner de acuerdo ¿y todo por qué?  por los intereses personales", dijo Calle en declaraciones.

La legisladora aseguró que parte de sus colegas se "aferran" a sus cargos debido a que tienen una mejor calidad de vida.

"Es muy lamentable lo que voy a decir pero mis colegas congresistas se aferran con uñas y dientes a sus curules porque a la mayoría les ha cambiado la calidad de vida. Es eso lo que no los está dejando dar un paso al costado y dar una salida, una viabilidad para que el país pueda resurgir nuevamente", mencionó.

La congresista precisó que desde un inicio ha renunciado a los beneficios parlamentarios como los bonos por instalación, por semana de representación, gasolina, vehículo, entre otros.

"Están dilatando todo esto porque nada nos costaba adelantar las elecciones al 2023 viendo todo lo que está pasando. Tenemos ya 60 muertos ¿qué más estamos esperando? ¿un muerto más vale la pena de que un congresista esté aferrado a ese sueldo, a ese privilegio? La población ya no nos quiere, eso debemos entenderlo", añadió.

/JN/

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró ofensivas las recientes declaraciones de su colega Digna Calle (Podemos Perú), quien acusó a algunos parlamentarios de mantenerse en sus cargos por "intereses personales".

"Considero una ofensa al Congreso las expresiones de Digna Calle. Que haya gente de la manera en como lo dice ella, quizás la haya, pero yo no lo soy. Me siento ofendido con sus palabras", dijo Montoya en declaraciones.

El legislador opinó que la solución a la crisis política y social no pasa por un adelanto de elecciones o declinar al mandato como congresistas ya que ello "no es de gente comprometida con el deber".

"La solución no es [el] adelanto de elecciones, es tener la mano adecuada como gobernante, darle el espacio posible al gobierno actual para que pueda desempeñarse de manera correcta y controle este ataque al Estado que se está haciendo en las calles, que no se está haciendo por las personas que justamente reclama sus derechos", precisó.

/JN/

El Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, por un periodo de 60 días calendario, a fin de prevalecer la seguridad y la paz social.

Mediante Decreto Supremo Nº 018-2023-PCM publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

La norma precisa que en el caso de Puno, el control del orden interno se encuentra a cargo de las FF.AA, incorporando a la PNP para el logro de dicho objetivo en la zona declarada en Estado de Emergencia.

Durante la medida se aplica lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Carta Magna.

En el marco de la medida constitucional, se establece la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, por 10 días calendario, en el departamento de Puno desde las 20:00 a las 04:00 horas.

En ese sentido, las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

/JN/LD/

El Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento en el que lamenta las palabras utilizadas por el congresista Juan Carlos Lizarzaburu en contra de los pueblos originarios, considerando que sus palabras fomentan la discriminación.

“Lamentamos las expresiones que invisibilizan al Perú como un país culturalmente diverso, donde también viven 55 pueblos indígenas u originarios. Estas declaraciones fomentan la discriminación étnico-racial y cultural”, indica el documento.

Asimismo, resaltaron la importancia de estas personas para el desarrollo cultural de nuestro país, así como la preservación de costumbres que los identifica con el pasar de los años.

“Los pueblos indígenas u originarios son aquellos colectivos que mantienen una continuidad cultural a lo largo del tiempo y conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y poseen una identidad originaria”, señaló el sector Cultura.

Finalmente, hicieron un llamado a “todas las autoridades y a la población en general a respetar y reconocer nuestra diversidad cultural y a contribuir a la construcción de un Estado intercultural libre de racismo”.

/JV/

El ministro del Interior, Vicente Romero, viene impulsando la formación de alianzas estratégicas con diversos municipios y autoridades subnacionales con la finalidad de trabajar en conjunto y ejecutar acciones que permitan fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Con ese objetivo, el titular del Interior sostuvo reuniones con el alcalde distrital de San Miguel, Eduardo Bless; y el teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, con quienes coordinó medidas y tareas en bien de la seguridad.

"La seguridad ciudadana es uno de los pilares más importantes para el sector, por ello es necesario formar alianzas, unir esfuerzos y coordinar acciones que lleven a incrementar la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló Romero Fernández.

Durante la sesión de trabajo con las autoridades municipales, también manifestó que se debe seguir potenciando la seguridad ciudadana en las diferentes comunas, a través de estrategias y programas sectoriales como Barrio Seguro y Vecindario Seguro.

También mencionó que es fundamental reactivar los comités de seguridad ciudadana, para enfrentar con firmeza delitos comunes, como la microcomercialización de drogas, el hurto, robo agravado, entre otros.

En su cita con el alcalde de San Miguel, el ministro informó que se gestionará el incremento de policías en las comisarías de este distrito, como una manera de brindar soluciones específicas y reforzar la seguridad ciudadana en bien de la comunidad.

Posteriormente, el ministro Romero recibió al teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo; y al gerente de seguridad ciudadana de esta comuna, Abdul Miranda, para abordar estrategias que den viabilidad a proyectos en materia de seguridad.

/JV/NDP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, afirmó hoy que la lucha contra el cáncer compromete a todos los sectores, con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones que curan esta enfermedad.

En el Día Mundial contra el Cáncer, el ministro de esta manera se comprometió a coordinar acciones para apoyar las acciones que desarrolla el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

"La lucha contra el cáncer compromete a todos los sectores. Por ello, a través del Pronabi, trabajaremos de la mano con el INEN para fortalecer sus capacidades operativas, lo que repercutirá en una mejor atención a los pacientes oncológicos", publicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Más temprano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exhortó a reflexionar sobre la importancia de la prevención para reducir la incidencia del cáncer, así como la atención temprana y los chequeos constantes para combatirla.

Todos los 4 de febrero de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer.

La finalidad de establecer un día para destacar la lucha contra esta enfermedad es aumentar la concienciación y reflexionar sobre la prevención y control del cáncer.

/AC/Andina/