Política

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, rechazó todos los cuestionamientos que se le han venido haciendo tras su designación en el cargo, señalando al respecto no haber incurrido en delitos ni en irregularidades.

Así, con relación a la versión que señala que no pasaba pensión alimenticia a sus hijos, indicó que esta no es cierta y que ''jamás he dejado de mantener afecto y apoyo material'' para con ellos. Añadió que fue objeto de una demanda al respecto por parte de su exesposa, pero que luego ''llegamos a un acuerdo antes de la sentencia''.

Sin embargo, dicho fallo judicial fue emitido. ''Mi intención fue en un inicio hacer un arreglo y lo hicimos, pero no me percaté de que el proceso continuaba'', agregó, señalando que en ese aspecto “fui un poco negligente” al no haber estado pendiente del trámite judicial.

Con relación a la versión que lo sindica como agresor de su exesposa, indicó que ''no sabía de esa denuncia''. ''Jamás durante mi vida conyugal hemos tenido actos de violencia'', aseveró.

''Mis hijos me han señalado que su madre se ha quedado sorprendida con esta denuncia”, manifestó. “Ella está sorprendida de que esta exista'', indicó, recalcando que dicho recurso se quedó en el ámbito policial.

Audios con Ríos e Hinostroza

En cuanto a los audios en los que se le oye dialogar con el encarcelado exjuez superior del Callao, Walter Ríos, y con el prófugo exvocal supremo César Hinostroza, el ministro señaló que en ellos no figura ningún acto de corrupción, ilegalidad o irregularidad.

Explicó que su conversación con Hinostroza se debió a su cercanía con él y estuvo referida a la invitación que dicho exjuez le había hecho a otro magistrado para almorzar y gestionar apoyo a su eventual elección a la presidencia de la Corte Suprema. Sobre su diálogo con Ríos, indicó que este se dio en calidad de abogado de un jubilado de la Empresa Nacional de Puertos, debido a que su demanda sobre su pensión de jubilación no prosperaba.

Afirmó también, en dicho contexto, que el Ministerio Público ha hecho uso de sus atribuciones al iniciarle investigación por estas grabaciones. Sin embargo, consideró que esta tendrá que desestimarse eventualmente, puesto que no cometió irregularidades.

/AC/Andina/

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que el empresario Alejandro Sánchez Sánchez y un grupo de investigados paguen en forma solidaria la suma de 144 millones 336 mil soles por daño patrimonial a favor del Estado peruano.

Ello en el marco del caso del caso denominado "asesores en la sombra" durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo que, de acuerdo con la Fiscalía, sería una organización criminal liderada por dicho personaje

Además, la defensa legal de nuestro país también demandó que estas personas paguen, en forma solidaria, la suma de 2 millones 736 mil 843 soles por concepto de daño extrapatrimonial a favor del Estado peruano a raíz de este caso.

La Procuraduría Anticorrupción presentó ambos pedidos dentro de la solicitud que hizo ante el Poder Judicial para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria que afrontan estos investigados.

Dicha solicitud de constitución en actor civil fue evaluada el último lunes 4 de setiembre por el juez Víctor Zuñiga Urday, quien deberá emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea ubicada en Breña en la que Castillo Terrones realizaba reuniones tras ser electo y en los primeros días de su mandato, fue detenido ayer, viernes 8 de setiembre, por una patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos.

La Cancillería peruana informó que el empresario permanece detenido en el centro de detención Del Rio en Texas tras haber sido capturado en la frontera entre los Estados Unidos y México.

De acuerdo con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, Sánchez será expulsado y deportado a Perú en “las próximas horas o en una semana”.

/MPG/

La ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, anunció la aceleración de los programas de compras estatales, en un primer tramo, por S/ 1500 millones con la finalidad que las micro y pequeñas empresas se conviertan en un foco dinamizador de la economía. 

Se trata de demandas pendientes de los sectores Defensa, Interior, Midis y del propio Produce en el marco del programa “Compras a mi Perú”.

En entrevista con Diálogo Abierto de Radio Nacional, Choquehuanca dijo que ello es resultado de la reunión que sostuvo con el titular de Economía, Alex Contreras, con quien “hemos visto las cifras y viabilidad para la reactivación de las mypes”.

“El primer eje de trabajo que nos hemos trazado en el Produce es el de compras públicas por ser un dinamizador inmediato que incrementa la demanda”, explicó la ministra.

Detalló que para lograr esos objetivos conversará en los próximos días con sus colegas de Defensa, Jorge Chávez Cresta y del Interior, Vicente Romero, con la finalidad de destrabar “si hubiera alguna barrera que impida” concretar las referidas adquisiciones.

Parques industriales

La titular del Produce también apuntó a mejorar los parques industriales, por ser sectores que generan empleo y riqueza, al indicar que “será foco de atención” de su gestión.

“Allí yo creo que tenemos que contar con la intervención de la cooperación internacional para que nos intercambien experiencias de dinamización en el funcionamiento de los parques industriales”, comentó.

Dijo que la participación de países que conforman el Foro Asia Pacífico Apec será fundamental para concretar este objetivo.

Ministro de Justicia

La ministra se refirió también a la decisión de la Fiscalía de abrir investigación al titular de Justicia, Eduardo Arana Ysa, por tráfico de influencias tras la difusión de una conversación con el prófugo exjuez César Hinostroza.

Choquehuanca señaló que es necesario establecer la separación de poderes en referencia a las decisiones de instituciones como el Ministerio Público y Poder Judicial, más aún cuando son temas sensibles.

“No nos tiene que llamar la atención decisiones como esta”, comentó al recordar que se debe respetar la presunción de inocencia de las personas.

Indicó que es preferible no adelantar opinión para evitar distorsiones y esperar los resultados de las investigaciones.

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“Algunas Ongs con el argumento de defender los derechos humanos, lo que hacen es proteger a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático, a la tranquilidad de los ciudadanos”, expresó Amuruz.

El gobierno espera aumentar a más de 30 000 la cantidad de becas ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) hasta el año 2026, afirmó la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Fue durante la ceremonia de lanzamiento de 10 000 becas del Pronabec dirigidas a jóvenes estudiantes con alto rendimiento y de bajos recursos económicos, actividad que se realizó en Palacio de Gobierno.

"Desde el Gobierno queremos apostar y queremos dejar esa herencia a nuestra juventud, la educación, el conocimiento, el forjar vidas cambiando futuros con esperanza", manifestó la mandataria.

Señaló que, cuando ella asumió la Presidencia del país, Pronabec contaba con solo cinco mil vacantes, cifra que se duplicará para el 2024 y que espera sobrepase las 30 mil vacantes para el año 2026.

Asimismo, anunció que, como parte de la cobertura de estas becas, se cubrirá la preparación preuniversitaria hasta por un periodo de tres meses, ello con el objetivo de que los jóvenes ganadores del beneficio accedan realmente a este.

En otro momento, la Dignataria hizo un llamado a los jóvenes a comprometerse a luchar contra la corrupción, con el fin de dejar a las próximas generaciones "una sociedad más honesta, más idónea y menos corrupta". Recalcó además que la educación puede cambiar vidas, tanto de los jóvenes becarios como "de su entorno familiar, pero también de la sociedad".

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El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su saludo hoy por el Día de la Amistad Peruano-Argentina, efeméride que se celebra y que pone en relieve los fraternos lazos que unen a ambos países.

En esta fecha se recuerda el histórico desembarco del general José de San Martín y la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas, que ocurrió el año de 1820.

Aquel día las tropas del mando libertador argentino iniciaron sus operaciones de desembarco en la costa peruana, en la Bahía de Paracas, a unos 250 Km de Lima.

De acuerdo con las memorias de Gerónimo Espejo, alrededor de las 10 de la mañana de dicha fecha, se acercaron algunos escuadrones enemigos por la playa para observar los movimientos de desembarco.

A pesar de que, los cañonazos de las naves libertadoras los pusieron en dispersión, ocasionando que las milicias locales que se encontraban en la zona se replieguen hacia Ica.

Instalado en su puesto de comando, el libertador dirigió una proclama a sus tropas, recordándoles que su propósito no era conquistar sino liberar a un pueblo hermano, y por tanto debían mantener siempre una excelente conducta.

"¡Soldados del Ejército Libertador! Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y sólo falta que el valor consume la obra de la constancia; pero acordaos que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquista, sino a libertar a los pueblos que han gemido trescientos años bajo este bárbaro derecho", fue el mensaje de San Martín.

"Los peruanos son nuestros hermanos y amigos: abrazadlos como a tales y respetad sus derechos como respetasteis los de los chilenos después de la batalla de Chacabuco”, manifestó durante gesta libertaria.

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Los cementerios públicos y privados deberán publicar los precios de los servicios funerarios, en el ingreso de cada establecimiento, en su página web y en sus redes sociales así los establece el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso.

La norma modifica la ley 26298, ley de cementerios y servicios funerarios, respecto de la publicación de los precios y derechos de las sepulturas y servicios funerarios que presten los camposantos.

El proyecto aprobado por unanimidad fue sustentado por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Wilson Soto Palacios, quien señaló que las tarifas y los precios de las sepulturas y de los servicios funerarios que ofrecen los cementerios deben ser públicos.

Soto Palacios señalo que la iniciativa responde a una problemática que se evidenció en plena pandemia, donde muchos de nuestros compatriotas que fallecieron de Covid 19, no pudieron acceder a servicios funerarios por los precios elevados y sus familiares pasaron situaciones complicadas al no conocer los montos que debían pagar.

Agregó que, en la norma aprobada se establece que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el marco de sus atribuciones fiscalizará el cumplimiento de ley.

Soto Palacios señaló que, con esta ley se da cumplimiento al derecho a la información del que gozan todos los consumidores y en este caso especial de aquellas personas que atraviesan por una pérdida irreparable como es, el fallecimiento de un familiar y requieren conocer los costos de estos servicios.

/MPG/

"Al país le consta la amenazas que desde diversos frentes se ciernen sobre la JNJ, sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”, señala el pronunciamiento.