Política

El Pleno del Congreso se reunirá hoy para recibir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, quien dará su opinión sobre el dictamen y los proyectos de ley de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones generales.

Lo precisa la citación suscrita por el Oficial Mayor, José Cevasco Piedra, y que fue dispuesta por el presidente del Congreso, José Williams Zapata. La sesión fue convocada para las 10:00 horas.

El último 1 de diciembre, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Asimismo, recientemente el Ejecutivo presentó una propuesta de reforma constitucional al respecto.

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El ministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, aclaró que el estado de emergencia nacional decretado en la víspera no impide la realización de actividades como reuniones, fiestas, conciertos, entre otros, al indicar que el país necesita seguir adelante.

“El estado de emergencia nacional decretado no impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales. El país debe seguir adelante, especialmente porque miles de familias emprendedoras cuentan con los ingresos de la campaña navideña”, sostuvo el funcionario.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro subrayó que las medidas que se toman actualmente buscan mantener el orden interno y garantizar la seguridad a miles de familias. “La @policiaperu está afincada en puntos estratégicos y cuenta con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas”, agregó Otárola Peñaranda.

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Al culminar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Consedena), la presidenta de la República, Dina Boluarte, reiteró su llamado a la calma e indicó que el diálogo es la única forma para ponerse de acuerdo y generar la paz en el país.

“Queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanas, sabemos que las necesidades de la patria están sin atenderse de hace mucho tiempo, queremos atenderlas, pero dentro de la paz, la concordia y la hermandad”, aseveró.

Cualquier situación que hubiera para ponerse de acuerdo, dijo la mandataria, será mediante el diálogo. “Otra forma de conversar no hay, a través de la palabra se genera tranquilidad y paz”, manifestó desde la sede del Cuartel General del Ejército, en San Borja.

En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado precisó que durante la reunión que lideró, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional informó que algunas protestas están saliendo del marco legal, al quemar comisarías, bloquear carreteras y atacar ambulancias y aeropuertos.

“En las protestas de los hermanos y hermanas, la policía acompaña las marchas, ahora son agredidos, 200 policías han resultado con lesiones, seguro también en la sociedad civil”, refirió.

En la reunión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; los ministros de Defensa, Alberto Otárola; del Interior, César Cervantes, y de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.

También el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre; el comandante general de la Marina, almirante Alberto Alcalá; el comandante general del Ejército, general Walter Córdova; el comandante general de las Fuerzas Aérea, general del aire, Alfonso Artadi, y el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Raúl Alfaro.

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De continuar dándose, los disturbios y actos de violencia registrados en diversas localidades del país ocasionarán pérdidas económicas calculadas en 1728 millones de soles diarios, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno.

En entrevista con el programa ‘Andina al Día’ de Andina Canal Online, señaló que, de la cifra mencionada, 574 millones de soles se perderían diariamente en el sector servicio 552 millones en el comercio y 14 millones en el turismo.

Bueno refirió que las diez regiones del país que vienen siendo afectadas por lo que calificó como “protestas violentas y actos delincuenciales” aportan el 49% del Producto Bruto Interno Primario. Este consta de los sectores agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos.

La empresaria señaló que en la Cámara de Comercio de Lima hay preocupación por lo que ocurrirá con las pequeñas y microempresas dedicadas a actividades de venta directa (retail) y comercio.

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El gobierno aprobó declarar el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, en respuesta a las protestas sociales en diversas regiones del país, y antes del fin del día se determinará si esto implica el toque de queda, adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

En declaraciones a los periodistas en Palacio de Gobierno, en un paréntesis de la sesión del Consejo de Ministros, el ministro Otárola dijo que el estado de emergencia implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y la libertad y la seguridad personales.

¿Esto implica el toque de queda? Preguntó un periodista al ministro. “Existe esa posibilidad que la vamos a definir el día de hoy”, fue su respuesta.

Explicó que, al amparo de este marco legal, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tras señalar que la norma respectiva con dicha disposición saldrá publicada en una reunión extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

“En consecuencia, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, va a asegurar el control de todo el territorio nacional, de los bienes personales y sobre todo de la infraestructura estratégica y la seguridad de todos los peruanos”, indicó.

Refirió que la ciudadanía debe tener “la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno, y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos”.

La medida anunciada por el ministro ya había sido adelantada ayer por la presidenta Dina Boluarte, cuando informó que esto será parte de la agenda en la reunión que sostuvo este martes con el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Estado Mayor de los institutos castrenses y Policía Nacional.

Hasta ahora tres regiones estaban en emergencia en respuesta a las protestas sociales. Ellos son Apurímac, Arequipa y Cusco, a la que se sumó la red vial nacional para despejar las carreteras y garantizar el libre tránsito de las personas.

Asimismo, se mantienen cerrados, también por amenazas de violencia, los aeropuertos de Andahuaylas, Arequipa, y Cusco, y desde esta mañana el de Juliaca (Puno). 

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La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, afirmó que, haciendo reajustes, las elecciones generales pueden adelantarse para el mes de diciembre del 2023; y señaló que antes de esa fecha técnica y legalmente no calzaría.

“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre del 2023, antes de esa fecha técnicamente y legalmente no calzaría”, sostuvo la mandataria en declaraciones a la prensa en Palacio de Gobierno.

La dignataria remarcó que en la víspera sesionó el Consejo de Estado, el cual es integrado por los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, y del Congreso de la República, José Williams, de quienes-subrayó- depende el cronograma de adelanto de elecciones planteado por el gobierno.

En esa línea, Boluarte Zegarra, dijo que la población debe mantenerse y caminar dentro del margen constitucional, porque de no hacerlo sería ilegal. “Como presidenta tengo que ser responsable y decir que en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”, indicó.

“Ayer hemos nombrado el gabinete de crisis que está informando de manera muy pertinente y en los tiempos precisos cómo se está movilizando la población en el Perú. Mantengamos la calma, el Perú no puede desbordarse en sangre. Ya esa experiencia la hemos vivido”, agregó la presidenta.

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El Poder Judicial informó que a las 9:30 horas se iniciará la audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del gabinete Aníbal Torres, investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución, detalló que el pedido fiscal será evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La Fiscalía de la Nación solicitó, en la víspera, 18 meses de prisión preventiva contra ambos. Previamente el Poder Judicial autorizó iniciar investigación preparatoria al exmandatario.

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La Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

El pedido, que está a cargo del Fiscal Supremo Uriel Terán, será evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Previamente el Poder Judicial autorizó iniciar investigación preparatoria al exmandatario.

Terán es el Fiscal Supremo Provisional Transitorio, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Castillo será investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el fallido golpe de Estado.

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Los titulares de los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos respaldaron al Gobierno de la presidenta Boluarte para restablecer de inmediato el orden público dentro de los parámetros que exige un Estado Constitucional y democrático de derecho con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales.

Mediante un comunicado, difundido por la Presidencia de la República, el Consejo de Estado rechazó los actos violentos que ponen en peligro la vida e integridad física de peruanos y peruanas, que afectan la propiedad pública y privada así como la adecuada prestación de los servicios públicos, los que serán materia de una diligente investigación a cargo del sistema de justicia.

En ese sentido, el Consejo de Estado, exhortó a los ciudadanos y ciudadanas a canalizar sus demandas. preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto, promoverá el Poder Ejecutivo.

Convocó a la sociedad civil a un diálogo político permanente con las autoridades públicas a través de espacios democráticos con el objeto de lograr acuerdos que permitan recuperar la tranquilidad, la paz social y la confianza en el Estado.

Lamentó la pérdida de vidas humanas ocurridas en Apurímac y Arequipa como consecuencia de los actos violentos; y expresó sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. “Declaramos en sesión permanente al Consejo de Estado”, indicó.

En la cita, realizada anoche en Palacio de Gobierno, participaron el titular del Congreso, José Williams; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el titular de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. 

Asimismo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas; la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, el Contralor General de la República, Nelson Shack; además del jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Angulo, y los ministros de Defensa, Justicia e Interior.

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La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia, a quienes reiteró que la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional.

De igual manera, les señaló que las decisiones que el expresidente Pedro Castillo, del 7 de diciembre pasado, materializaron un golpe de estado en el país.

Guervasi les entregó notas formales dirigidas a sus cancilleres en las que el Gobierno del Perú les transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron ayer sus gobiernos sobre la situación política en el país.

Colombia, México, Argentina y de Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, a quien se refieren como presidente de la República del Perú.

En ese sentido, hicieron un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana.

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