Política

Un recurso de consideración contra la aprobación del dictamen de insistencia de la ley que modifica el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), rechazó hoy el pleno del Congreso.

El recurso presentado por la legisladora Heidy Juárez (Alianza Para el Progreso) obtuvo 37 votos a favor, 75 en contra y 3 abstenciones, por lo que fue desestimado y la ley aprobada continuará el trámite correspondiente.

El Parlamento aprobó el miércoles 13 de julio, en sesión plenaria, la insistencia de la autógrafa de ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. El presidente Pedro Castillo había observado la autógrafa, al considerar que era inconstitucional y afectaba la imparcialidad y autonomía de la Sunedu.

Con la decisión de la representación nacional, el consejo directivo de la Sunedu ahora pasará de tener cinco a siete integrantes, compuesta por un representante del Ministerio de Educación, otro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Asimismo, un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas, y uno de las casas de estudios privadas.

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Al inaugurar la reunión de la mesa de diálogo sobre el tema hídrico en la provincia tacneña de Candarave, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, afirmó que el presidente Pedro Castillo ha deslindado de la corrupción “venga de donde venga, incluso si proviene de sus familiares más cercanos”.

El representante del Poder Ejecutivo cuestionó también que, a la fecha, no se presenten pruebas sobre los actos irregulares que se imputan al mandatario.

“Hemos pedido una y mil veces: presenten las pruebas, pero no las pueden presentar, simple y llanamente porque no existen”, dijo Torres.

Recalcó que “el presidente de la República ha deslindado tajantemente de la corrupción, venga de donde venga; incluso si proviene de sus familiares más cercanos”.

En ese contexto, pidió “no ampararnos en la libertad de prensa para agredir a las autoridades o para imputar responsabilidades sin pruebas”.

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Las investigaciones que involucran al entorno del presidente Pedro Castillo deben de realizarse de manera objetiva así pidió a la Fiscalía,  la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

Señaló que el jefe de Estado acudirá a declarar a la Fiscalía las veces que sea llamado, ello al ser consultada sobre el inicio de una investigación preliminar en su contra por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Agregó que el mandatario les ha señalado que él no está involucrado en ningún acto de corrupción y lamenta que personas de su entorno hoy estén investigadas.

Asimismo, Boluarte pidió a las personas que se encuentran inmersas en estos procesos que se apersonen al Ministerio Público y digan su verdad.

En otro momento, rechazó la posibilidad de la sucesión presidencial, señalando que, mientras no se le pruebe nada al mandatario, ellos han sido elegidos por un periodo de cinco años y tienen un encargo del pueblo peruano.

“Que las investigaciones sean objetivas, que no haya uso político en ello de aquel sector minoritario que siempre no nos han aceptado. Aquí estamos para dar la cara primero a nuestro pueblo peruano, para trabajar por nuestra patria”, señaló a la prensa la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

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"El Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos autónomos tienen su propia dinámica de actuación. Sin embargo, lo que no puede suceder en un estado democrático donde se respetan la independencia de poderes y también las autonomías, es que se politice los actos que son propios de estos entes estatales", expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos , Félix Chero, al señalar que no hay base jurídica para iniciar la investigación contra el jefe de Estado.

"En la coyuntura se toman decisiones que no van en correspondencia con lo que dice el marco constitucional y los precedentes que existen en decisiones que ha adoptado el Ministerio Público en otros casos donde presidentes han sido investigados", dijo.

"En el caso de la Fiscalía de la Nación ya existe un pronunciamiento preexistente de la anterior fiscal de la Nación que archivaba este proceso, sin embargo, la nueva disposición de la fiscal de la Nación no tiene una base sólida de fundamentación", acotó Chero. 

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Con la finalidad de promover sus derechos laborales, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que modifica el artículo 2 de la Ley 30112, Ley del Ejercicio Profesional del Trabajador Social.

La representación nacional apoyó esta iniciativa con 103 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, con lo que se aprobó la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo.

El dictamen de insistencia plantea que el trabajador social tiene derecho a desarrollar su labor en ambiente adecuado para su salud física y mental e integral personal, así como contar con recursos humanos y materiales necesarios.

Además, percibir remuneraciones de acuerdo a la legislación laboral vigente y conforme al nivel profesional y académico.

También, gozar de facilidades para estudio de posgrado, maestría, especialización o cuando tenga becas de estudio en el extranjero conforme a ley.

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre manifestó que la adquisición de los fertilizantes nitrogenados (urea) llegará a tiempo para abonar los cultivos en los plazos establecidos por el calendario de la campaña agrícola 2022-2023.

“No se trata de una tercera convocatoria, sino se trata de una primera convocatoria bajo una nueva modalidad más transparente, un esquema más integrado, más técnico, y que vamos a cumplir con la urgencia de la oportunidad en la colocación de la urea en el campo, dentro de los plazos previstos y así atender la campaña agrícola 2022-2023”, sostuvo.

Al respecto, el titular del Midagri ratificó que la urea llegará en agosto para cumplir con el proceso de fertilización en el campo, que empezará en setiembre, octubre y noviembre, “según la programación regional de los cultivos”, dijo.

Además, dijo que el actual proceso de compra ha involucrado a un conjunto de entidades, que no solo ha comprendido a la unidad ejecutora de Agro Rural, sino también a otras entidades y direcciones generales del Midagri, así como el MEF, Relaciones Exteriores, la Contraloría General de la República, “con una mirada más amplia. Deben tener la seguridad que se trata de una operación [de compra de urea] con muchos ojos, contando con la presencia de la Contraloría y control interno para que puedan estar presentes y marquen los pasos”, aseveró.

El ministro Alencastre también puntualizó que conforme al Decreto de Urgencia N° 013, que autorizó la compra de fertilizante por 348 millones de soles, se atenderá con premura la provisión de la urea a los productores o conductores de parcelas de menos de cinco hectáreas.

Para ello, indicó, que el ministerio lleva adelante el proceso de empadronamiento de los agricultores en el padrón de productores agrarios (PPA), que a la fecha tiene registrado a 342,000 productores en el ámbito nacional, y “estimamos que a agosto podremos tener a 700,000 inscritos en el padrón”, acotó.

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Por el presunto delito de colusión agravada vinculado al caso Lava Jato, el Juez Jorge Chávez Tamariz dictó mandato de comparecencia con restricciones para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como parte de la investigación preparatoria.

El magistrado dispuso que Villarán de la Puente cumpla reglas de conducta tales como: no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus co imputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso, entre otras. Además, se decidió imponerle el pago de una caución de 20 mil soles.

No obstante , el juez Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de impedimento de salida del país para la exburgomaestre capitalina por 36 meses, al precisar que la Fiscalía no ha programado diligencias que requiera la presencia de la imputada en este caso.

De esta forma, el magistrado acogió "en parte" la solicitud que hizo el despacho del fiscal José Domingo Pérez quién, además de pedir la comparecencia con restricciones para Susana Villarán, requirió que se le impusiera una caución de 100 mil soles y que no pudiera salir del país por 3 años.

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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, por la titular de Energía y Minas, Alessandra Herrera, el viceministro de Transportes, Luis Rivera, participarán de la Mesa de Diálogo que buscará abordar integralmente la problemática hídrica de Candarave (Tacna), e impulsar el desarrollo sostenible de esta provincia y sus distritos.

La jornada también contará con la presencia de autoridades como el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe; y el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina Yufra, asimismo participarán los alcaldes distritales de Camilaca, Huanuara, Cairani, Quillahuani, Curibaya y Candarave. 

 Por parte de la sociedad civil, estarán presentes el presidente de la Junta de Usuarios de la provincia de Candarave, así como un representante de la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation. Las palabras de cierre estarán a cargo del jefe del Gabinete, para luego pasar a la firma del acta correspondiente.  

La Mesa de Diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de la provincia de Candarave se conformó como un grupo de trabajo el 27 de agosto de 2019. 

Desde entonces ha venido sesionando con regularidad a través de los subgrupos, instancias de carácter técnico que analizan los temas de interés planteados por los integrantes de cada espacio de diálogo.

 En esta visita, el jefe del Gabinete también asistirá a la inauguración de la represa de Cularjahuira, junto a las autoridades regionales y provinciales y los representantes de la minera Southern Perú Cooper Corporation.

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Debido a una falta de actualización en el sistema de requisitorias, el Ministerio del Interior aseguró que la retención de Zamir Villaverde en una comisaría de La Molina se debió a que aún contaba con orden de captura.

Villaverde fue detenido la noche del miércoles en la comisaría de La Planicie, cuando fue a denunciar un reglaje porque dos vehículos realizan vigilancia en su vivienda. Sin embargo, los policías lo arrestaron de manera sorpresiva.

"Al momento de ingresar su nombre y documento de identidad al sistema que verifica si un ciudadano cuenta con alguna requisitoria vigente por parte del Poder Judicial, el personal policial se dio cuenta que Zamir Villaverde contaba con una orden de captura aún y procedió a su detención en la comisaría de La Molina a fin de comunicar al Ministerio Público y Poder Judicial", se lee en el comunicado del Ministerio del Interior.

En el documento también se conoció que el ministro Mariano González ha solicitado a la Comandancia General de la PNP que le brinde un informe sobre lo ocurrido.

Tras unas horas en la dependencia policial, el empresario pudo salir del lugar para volver hasta su vivienda.

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