Política

Con el objetivo de sostener una reunión con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, y participar de la decimocuarta sesión del Gabinete Binacional Perú – Ecuador, el mandatario Pedro Castillo llegará hoy a Loja, Ecuador. 

El arribo del avión presidencial al aeropuerto de Catamayo, en la referida provincia ecuatoriana, se ha previsto para las 7.50 horas. Castillo, junto a su esposa, Lilia Paredes, será recibido por el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín y los representantes diplomáticos peruanos acreditados en este país.

La primera actividad que desarrollará el presidente peruano en Loja, será una visita al Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos de esa ciudad. Esta se desarrollará en compañía de las autoridades locales, quienes detallarán al mandatario el funcionamiento y objetivos de esas instalaciones de reciclaje y lombricultura.

Luego de ello, a las 10.00 horas, Castillo sostendrá una reunión privada con su par ecuatoriano Guillermo Lasso, en el hotel Sonesta de Loja.

Tras ello, el Jefe del Estado Peruano y el presidente de Ecuador participarán en la instalación del décimocuarto Gabinete Binacional Perú Ecuador. Esto se ha programado para las 10.45 horas en el teatro Simón Bolívar, ubicado en el centro de la ciudad.

La reunión abordará cinco ejes temáticos. Los dos primeros serán Asuntos Sociales y Culturales; Asuntos Ambientales, Energéticos y Mineros, y Asuntos Económicos y Comerciales, que serán expuestos por los ministros ecuatorianos.

Los representantes del Poder Ejecutivo peruano expondrán sobre los ejes temáticos de Infraestructura y Conectividad, y de Seguridad y Defensa.
Se prevé que para el mediodía se tenga lista y se suscriba la declaración conjunta de ambos países. Tras ello los dignatarios y ministros se tomarán la foto oficial de la reunión y luego tendrán un almuerzo.
Agenda de las primeras damas

La agenda de actividades de la delegación peruana comprende también actividades de parte de la esposa del presidente peruano, Lila Paredes, y la primera dama del Ecuador, María de Lourdes Alívar.

Tras reunirse ambas en el hotel Sonesta, se dirigirán a realizar una visita a la catedral de Loja, donde se realizará un concierto de la orquesta sinfónica de esta ciudad.

Luego, ambas damas harán un recorrido por el centro de dicha localidad y visitarán el Museo de las Conceptas, así como el albergue ‘Patricia Elena Cisneros Abad’.

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La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, resaltó la necesidad de fortalecer la carrera judicial que permita consolidar un sistema judicial independiente e imparcial, durante la clausura de la Primera Reunión Preparatoria de la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana.

“Nos reafirmamos en la necesidad de que nuestros países cuenten con un sistema judicial independiente e imparcial, que garantice un Estado constitucional de Derecho”, afirmó, en el evento desarrollado en la Ciudad de México. 

Barrios Alvarado recalcó que la carrera judicial constituye una dimensión medular para los poderes judiciales; por tanto, debe abordarse el acceso, permanencia, ascenso y cese de los jueces, sobre los principios de independencia, igualdad, integridad y mérito, pilares sobre los que se cimenta el Estado de Derecho.

En este acto, participaron el presidente de la Suprema Corte de Uruguay y el secretario Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, John Pérez Brignani; presidentes/as de poderes judiciales de Iberoamérica, entre otros.

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La bancada parlamentaria de Perú Libre (PL) presentó un proyecto de reforma constitucional que propone acortar el mandato del presidente de la República, vicepresidenta y congresistas a dos años, hasta el 2023.

La iniciativa legislativa incorpora una disposición transitoria especial a la Carta Magna, la cual establece modificaciones al plazo de mandato de las autoridades electas en los comicios generales del 2021.

Así, en el caso del jefe de Estado y la vicepresidenta de la República, se señala que ambos concluirán su mandato el 28 de julio de 2023.

Mientras que los parlamentarios elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de ese mismo año.

“Excepcionalmente, no son de aplicación para ellos, los plazos señalados en los artículos 900 y 112° de la Constitución Política”, puntualiza el proyecto de ley, cuyo autor es el legislador Pasión Dávila.

En la exposición de motivos se señala, como fundamento de la propuesta, la actual crisis política que atraviesa el país y los resultados de encuestas sobre desaprobación de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como sondeos a favor de un adelanto de elecciones.

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La próxima semana se declarará el estado de emergencia en la región Ucayali para combatir el problema de la inseguridad ciudadana, así lo anunció el presidente Pedro Castillo.

Fue durante la clausura del VIII Consejo de Ministros Descentralizado llevado a cabo hoy en la ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, con participación de ministros de Estado y autoridades locales y organizaciones sociales.

"Queda ya en manos del Consejo de Ministros que la próxima semana se dicta el estado de emergencia para lucha contra la delincuencia, este problema emergente que existe en la región Ucayali", expresó el mandatario.

Castillo Terrones subrayó la necesidad de trabajar unidad frente a la delincuencia, y mencionó como ejemplo la experiencia desarrollada por los comités de autodefensa, las rondas, el serenazgo y la Policía.

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El VIII Consejo de Ministros Descentralizado que se lleva a cabo en la ciudad de Pucallpa, de la región Ucayali lidera hoy el presidente Pedro Castillo.

El Mandatario se encuentra acompañado por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ministros de los diferentes portafolios, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales.

La reunión tiene por objetivo trabajar en una agenda de desarrollo territorial de la región para el cierre de brechas de desigualdad a favor de la población.

Se busca así atender las necesidades y fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales, autoridades regionales y locales de Ucayali.

En la víspera, el jefe del Estado encabezó el VII Consejo de Ministros Descentralizado en la región Ayacucho, en el cual se abordó la problemática del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, rechazó las imputaciones de la investigada Karelim López y exigió que el Ministerio Público corrobore las declaraciones de la empresaria.

"Eso es lo que está pasando en el país, las imputaciones sin prueba alguna, yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore lo que esta señora Karelim López está diciendo", expresó Torres Vásquez.

Refirió que se le atribuye haberse reunido en un departamento con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y presuntas presiones en el proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas. 

El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que es "absolutamente falso" que haya sostenido un encuentro para intimidar a Pacheco a fin de que guarde silencio, tal como afirma López. Indicó que la única vez que conversó con el exsecretario de Palacio de Gobierno fue cuando lo encontró en la calle. 

Dijo que en aquella ocasión le preguntó por el origen de los 20 mil dólares que la fiscalía encontró en el baño de su oficina, a lo cual Pacheco respondió que el dinero era producto de un préstamo bancario y que había presentado el voucher.

En otro momento, expresó su incomodidad por declaraciones de congresistas que salen a declarar y prácticamente le atribuyen la comisión de delitos basado solo en declaraciones de una persona. "Cómo es posible que un congresista me atribuya hechos ilícitos sin prueba alguna", cuestionó. 

En ese sentido, lamentó que en el Perú se haya hecho un hábito que, por medio de declaraciones falsas y solo con el respaldo de un sector de la prensa, se impute responsabilidades, lo cual, consideró, no debería pasar en un país civilizado.

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El Parlamento Nacional realizó un reconocimiento y expresó su gratitud a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que enfrentaron al terrorismo para lograr la pacificación nacional.

“La crueldad del terrorismo y el gran daño que representó para nuestro país, merece la condena de todos los peruanos. Gracias por su entrega y por todo lo que hicieron por devolverle la paz y la tranquilidad a nuestro país”, dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Fue durante su discurso en la ceremonia que se realizó el jueves 28, en la Plaza Simón Bolívar, con ocasión del 25 aniversario de la operación Chavín de Huántar, que culminó con el exitoso rescate de 72 rehenes secuestrados por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Perú.

El acto fue promovido por la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones Soriano, a través del programa “Terrorismo Nunca Más”, que impulsa la Oficina de Participación Ciudadana.

Alva recordó que las dos últimas décadas del siglo XX fueron muy duras para nuestro país, toda vez que el terrorismo quitó la vida a miles de peruanos, en muchos casos a campesinos humildes, madres, padres e hijos, incluso a niños que murieron asesinados en presencia de sus padres y hermanos.

“Esas vidas valiosas que perdimos, junto a nuestros mártires civiles, policiales y militares, merecen nuestro homenaje permanente y nuestra gratitud eterna”, dijo la titular del Parlamento.

A continuación, hizo una mención muy especial y reconocimiento a los comandos que participaron en la Operación Chavín de Huántar, en nombre del Congreso de República, algunos de ellos presentes en la ceremonia como el jefe militar de esta exitosa operación, general (R) José William Zapata, actual congresista de la República y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

“La deuda que tiene el Perú con ustedes es muy grande, por eso también valga esta oportunidad para rendir honor y gloria a quienes como soldados entregaron su vida cumpliendo su labor en la lucha contra el terrorismo”, sostuvo Alva.

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aclaró que la intervención policial en el sector Takiruta de Las Bambas, ocurrida en la víspera, se realizó en el marco de una "defensa posesoria extrajudicial" tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo.

Mediante un comunicado indicó que dicha acción legal se encuentra regulada en el art. 920 del Código Civil, y fue invocada por la empresa el pasado 16 de abril para solicitar a la Policía Nacional la defensa posesoria de terrenos ocupados por la comunidad campesina de Fuerabamba desde el día 14.

"Por ley, la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente. El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento", puntualizó.

De igual forma, la PCM reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo desde el principio como un medio de solución de conflictos. 

Por ello, recordó que desde el 14 de abril, fecha en la que la comunidad de Fuerabamba ingresó a los terrenos, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM remitió un oficio a ambas partes, exhortándolas a continuar el diálogo y convocándolas a reunión con la comisión del Gobierno Nacional (PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior), la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

El día 20, agregó, se logró una reunión con la comunidad de Fuerabamba, que propuso la resolución de las diferencias entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas, como una condición para levantar sus medidas de fuerza.

Ante esto, el Minem y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo propiciaron espacios de diálogo de manera permanente entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas (los días 25 y 26 respectivamente) buscando una alternativa de solución por la vía del consenso, dentro del marco de la ley. 

Tras no llegar a un acuerdo entre las partes (en el caso de la comunidad de Choaquere) la reunión se reprogramó.

Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM también se insistió para la instalación de una mesa de diálogo, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes, para evitar cualquier acción que pusiera en riesgo la integridad de las personas, en el contexto de la posible ejecución de la defensa posesoria solicitada por la empresa privada. 

Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada y el jueves 27 la solicitud de defensa posesoria (desalojo), presentada ante la PNP por la empresa Las Bambas, se ejecutó.

"El desalojo no fue ordenado por el Ejecutivo, ni siquiera a consecuencia del Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, que dispone el estado de emergencia, pues si bien este fue publicado el mismo jueves 27, su vigencia es a partir del día siguiente", agregó.

Bajo esa premisa, la PCM subrayó que es falso que el día en que ocurrieron los hechos ya regía el estado de emergencia.

"Lamentamos que como consecuencia del desalojo haya heridos de parte de la comunidad y de los efectivos policiales. Desde el Ejecutivo estamos asegurando su atención para su pronta recuperación.

Asimismo, se viene investigando cualquier presunto acto irregular durante la ejecución del desalojo", añadió la PCM.

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El juez Víctor Zúñiga reprogramó para el viernes 6 de mayo, a las 12.00 horas, la audiencia en que el fiscal José Domingo Pérez deberá presentar las subsanaciones a la acusación del caso Cócteles, donde están comprendidos Keiko Fujimori y otros por el delito de lavado de activos.

En la audiencia de esta mañana, Pérez solicitó un plazo adicional de 15 días para presentar las subsanaciones, al referir que el robo de la laptop de la fiscal Paulina Roque ha imposibilitado cumplir con el plazo que vencía hoy.

El fiscal Pérez detalló que el robo ocurrió el pasado 1 de abril constituyó un "evento de fuerza mayor". La laptop, dijo, contenía información en torno a la cual se avanzaba con las subsanaciones de la acusación.

Asimismo, sostuvo que asumían la responsabilidad de lo ocurrido y adelantó que justificarán ante las instancias correspondientes que el hecho les imposibilitó cumplir con el mandato judicial.

Tras la exposición de Pérez, Zúñiga indicó que el tema con los plazos que se otorgan es que, en función a ellos, hay otros plazos que también se deben cumplir y hacer respetar.

"Las partes reclaman que no se debe tergiversar el trámite, el plazo debe respetarse", manifestó al referir, además, que hay un órgano de control pendiente de ello.

No obstante, consideró que se puede reprogramar la audiencia de hoy (en la cual debían presentarse las subsanaciones) para el 6 de mayo a las 12.00 horas.

/AB/Andina/

Una vez más el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que determinó su vacancia del cargo fue rechazado por el todavía alcalde de Lima, Jorge Muñoz quien afirmó que la medida afecta la democracia, por ser desmedido y desproporcionado.

La decisión del ente electoral obedece a que Muñoz Wells integró el directorio de la empresa Sedapal mientras ejercía como burgomaestre de Lima Metropolitana.

En ese sentido, la autoridad edil afirmó que consultó acerca del tema a exmiembros del JNE y le señalaron que su participación en el directorio de Sedapal no configuraba causal de vacancia por no haber conflicto de interés o intención de beneficiarse con el cargo.

Asimismo, indicó que también fue evaluado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que realiza un control previo antes de integrar un directorio.

“Algo que no se ha evaluado es que había un estado de emergencia y además, siendo alcalde metropolitano, yo también soy gobernador metropolitano. Hay una doble funcionalidad y eso te da un régimen de excepción. Esas cosas no se han evaluado”, señaló en RPP.

De otro lado, Muñoz pidió que se investiguen dos audios que revelarían presuntos actos de corrupción en torno al fallo, dando a entender que se habría ofrecido un resultado diferente a cambio de una suma de dinero.

/DBD/