No ve correcto el proyecto de ley del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, asegura que la propuesta para incluir como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los abogados que no fueron seleccionados como suplentes, pero quedaron incluidos en la lista final de méritos, es “un poco forzado”.

“Un cambio a estas alturas del partido, una ley expresa para salvar una situación coyuntural, no prevista por el legislador, lo veo un poco forzado en cuanto a su misma constitucionalidad. Preferiría, no importa el tiempo, un nuevo concurso, nuevas autoridades y quedamos todos en el marco de la Constitución y de la Ley”.

En el programa La Entrevista, de Radio Nacional, Blume criticó al Poder Judicial por esta situación. Dijo que se desconoció al TC como juez de competencias constitucionales de nuestro país, al reponer a los jueces Inés Tello y Aldo Vásquez en sus puestos en la JNJ.

“El Poder Judicial no está acatando las decisiones del Tribunal Constitucional que es el juez de las competencias constitucionales en nuestro país, nos guste o no nos guste”

Explicó que el TC ya ha fallado con anterioridad respecto a las competencia del Congreso para tomar decisiones políticas de fiscalización y que, en el caso del amparo promovido por la Inés Tello y Aldo Vásquez, el Poder Judicial ha ido contra la decisión del Tribunal Constitucional.

“Por eso, me parece totalmente procedente que el TC haya dictado esa medida cautelar, señalando que se suspenden los efectos de la reposición dispuesta por el Poder Judicial. Según mi criterio debió haber hecho una suspensión definitiva”, enfatizó.

Consultado sobre la iniciativa de la congresista Gladys Echaíz, de crear una escuela para formar a jueces y fiscales previo a su designación, Ernesto Blume respondió que la idea es positiva, pero debe ser “sumamente debatida”.

“Se pretende cambiar el sistema de escogimiento de los fiscales y jueces del país. La idea es positiva; permitirá que entre la gente mejor calificada. Implica una reforma constitucional”.

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