El abogado penalista Andy Carrión, señaló que en caso el congreso apruebe el proyecto de ley que sanciona con la “muerte civil” a los sentenciados por corrupción, la iniciativa tenga que ser revisada por el Tribunal Constitucional por afectar el derecho que tienen las personas para reinsertarse a la sociedad.

'Lo que busca este proyecto de ley es que las puertas estén cerradas de por vida para aquel funcionario que haya cometido algún tipo de delito contra la administración publica'', señaló Carrión en el programa La Entrevista de Radio Nacional.

Carrión sostuvo que toda iniciativa legal debe responder a “determinados principios recogidos de nuestra Constitución como por ejemplo la rehabilitación del reo”.

Explicó que a efectos de resguardar la administración pública el proyecto sería una medida pertinente, pero de ser aprobada “tendría que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que pueda ponderar si la muerte civil se puede condecir con el principio de la rehabilitación del reo”.

El especialista recordó que “la muerte civil” es la incapacidad permanente de un funcionario para ejercer puestos en la administración pública, que puede devenir de una sanción administrativa o de un proyecto de ley como el presentado por la bancada de Avanza País.

¿Hartazgo por la corrupción o intención política?

Para Carrión, dicha propuesta legislativa reúne ambos componentes, ya que como se explica en su exposición de motivos vivimos altos índices de corrupción y “ese es un motivo para cerrarle la puerta a todo aquel que comete un delito de corrupción de funcionarios, por eso creo que el contexto es idóneo para su aprobación”.

“Pero, por otro lado, debemos tener en cuenta algunas decisiones del Poder Judicial que no son justas y es por eso que muchos de los políticos dicen que hay una especie de la judicialización de la política, por lo que creo que es importante que para equiparar ello esta propuesta llegue al Tribunal Constitucional”, agregó.

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