geolocalizacion

El titular del Ministerio del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, consideró que el próximo Gobierno debe continuar con “todo lo bueno que se ha hecho", en los últimos 5 años.

"Eso (de continuar lo trabajado) no lo escuché decir a ningún candidato y creo que es fundamental que se respete lo bueno que se ha hecho", insistió.

Por ejemplo, consideró necesario seguir incrementando el número de policías, adquirir y renovar el equipamiento, ejecutar proyectos de inversión, y seguir mejorando las remuneraciones de la Policía Nacional".

"Así como se le ha subido el sueldo en cinco etapas a todos los efectivos policiales, el próximo Gobierno también debe plantear cinco etapas más y que siga subiendo el sueldo a los agentes", manifestó.

Por otro lado, el ministro Pérez Guadalupe, informó que la aplicación del mecanismo de geolocalización que permite a la Policía ubicar geográficamente a delincuentes y extorsionadores a través de los teléfonos móviles que usan, ya comenzó a rendir sus frutos.

Explicó que el proceso de geolocalización empieza cuando la víctima presente una denuncia (por extorsión o secuestro, por ejemplo) en las comisarías, las cuales la remitirán a las unidades de investigación policial de la zona donde se está cometiendo el delito.

Precisó que cualquier comisaría en el país deberá llenar un formulario sobre la denuncia que será enviada a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), a fin de que posteriormente sea remitida a los operadores de telefonía (Telefónica, Claro, Entel y BItel) que funcionan en el Perú.

/M.R.M./

La Policía Nacional y las empresas operadoras de telefonía firmaron hoy el protocolo para la geolocalización de los teléfonos celulares empleados por los delincuentes para cometer sus delitos, informó el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe.

Además, el ministro informó que en los próximos días estará  listo el primer grupo de policías que van a conformar una unidad especializada cuya función será realizar la geolocalización en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional.

Este grupo de policías –indicó- recibirán una capacitación de una semana, proceso en el cual también participarán las empresas operadoras de  telefonía.

El convenio se firmó por Telefónica, Claro, Entel y Bitel, las cuatro empresas operadoras del servicio de telefonía que brindan sus servicios en el Perú, precisó Pérez Guadalupe.

Se recuerda que la propuesta para ubicar los teléfonos celulares usados por los delincuentes para extorsionar o amenazar fue lanzada por el Ejecutivo en el marco de los esfuerzos para combatir los altos niveles de criminalidad registrados en el país.

A grandes rasgos, el ministro explicó que el proceso de geolocalización empezará cuando se presente una denuncia en las comisarías, las cuales la remitirán a las unidades de investigación policial de la zona donde se está cometiendo el delito.

Estas, a su vez, remitirán el caso a la Dirincri, donde personal especializado, tras analizar la denuncia, la remitirá al fiscal para obtener la convalidación judicial del operativo, tras lo cual se envía la respectiva solicitud a las operadoras de telefonía para proceder a la geolocalización.

“Todo estará sustentado y puede ser auditable”, puntualizó Pérez Guadalupe.

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A partir de setiembre se aplicaría en la práctica la ley de geolocalización, que permitirá detectar la ubicación de teléfonos móviles desde los cuales se realizan llamadas para perpetrar delitos como extorsiones o secuestros, estimó el viceministro del Ministerio de Justicia, Alfonso Garcés.

Si bien la norma fue promulgada el pasado 27 de julio por el Poder Ejecutivo, Garcés señaló que en unos 30 días deben de estar listos los protocolos y el respectivo reglamento para establecer los procedimientos que deben seguirse para efectuar estas acciones de control del delito.

“La norma, en efecto, ya entró en vigencia a partir de su publicación, pero recién se va a implementar con estos protocolos y el reglamento para asegurar y conocer con claridad cómo se va a aplicar (...) debería estar para setiembre”, detalló el funcionario.

El viceministro aprovechó la ocasión para defender la legalidad de la medida, al asegurar que esta no afectará, en lo absoluto, la privacidad de las comunicaciones telefónicas, pues recordó que incuso el propio Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció, en ese sentido.

Según precisó, con la geolocalización no contempla interceptaciones telefónicas ni acceso al contenido de las llamadas o los mensajes de texto, sino que simplemente se detectará la ubicación geográfica del dispositivo móvil para contribuir con la captura de delincuentes.

“Acá no vamos a ver el contenido de la comunicación ni la plataforma. De plano descarto cualquier insinuación, sospecha o sombra relacionada con ello”, expresó, al opinar que la geolocalización apunta a la captura rápida de aquellos delincuentes que se escudan detrás del teléfono.

De igual forma, refirió que esta herramienta contra la delincuencia solo será empleada en casos de flagrancia, dentro de un plazo de 24 horas de haber cometido el delito y siempre que este suponga una pena mayor a los cuatro años de pena privativa dela libertad.

/MRM/(Información ANDINA)

La ley de geolocalización no afecta derechos constitucionales y posee "todos los candados" necesarios para su adecuada aplicación en la ubicación de celulares implicados en actos ilícitos flagrantes, señaló el exministro del Interior, Walter Albán.

Dijo que la medida, al dar la posibilidad de actuar en "circunstancias especiales", no representa una afectación a los derechos constitucionales de quienes podrían ser implicados, como sucede cuando se restringe otras figuras legales como la legítima defensa y el estado de necesidad.

"La Constitución establece derechos que sabemos que no son absolutos, siempre hay circunstancias que permiten una regulación por ley, establecer límites o restricciones, sobre todo cuando hay conflictos de intereses", explicó.

Recordó, además, que el decreto dado por el Ejecutivo, tiene todos "los candados" pues sólo puede ser ejecutado si el delito cometido es en estado de flagrancia, implica una pena mayor de cuatro años y es indispensable para el proceso de investigación.

En la actualidad, sostuvo, los policías no pueden hacer un rastreo adecuados de los involucrados en casos de extorsión porque se debe realizar un proceso engorroso que entorpece la investigación, dado que cuando termina el trámite, "el delincuente ya cambió su celular" y no hay forma de atraparlo.

Por eso, expresó su desacuerdo con quienes intentan desprestigiar o cuestionar la normativa, dada por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas en seguridad ciudadana, cuando el único fin de la misma es "apoyar a quien es víctima de un extorsionador".

"Los delincuentes cambian de celulares cada día porque saben que pueden ser objeto de vigilancia, en momentos en que estamos en una criminalidad en alza, donde todos reclamamos medidas eficientes, ¿cómo es posible que se diga que se está afectando (derechos)?", manifestó.

Albán indicó, asimismo, que se precisa generar confianza en la población porque para utilizar los datos recogidos por medio de la geolocalización, la policía debe seguir una serie de procesos que tiene como parte final la decisión del juez, quien dictaminará si el uso de la herramienta para determinados casos está sustentada o no.

"Todo esto se tiene que comunicar en el día al fiscal y tiene que haber un informe fiscal después. También el fiscal tiene que informar al juez; es decir, estamos hablando que existe un control posterior porque tampoco queda librado a la sola discrecionalidad de la policía", agregó.

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