La Contraloría General identificó serias deficiencias en el estado y mantenimiento de la infraestructura deportiva a cargo del Consejo Regional del Deporte de Piura, lo que genera riesgos de mayores deterioros de las instalaciones y no garantiza las condiciones adecuadas para la práctica del deporte en esta región.

Según el Informe de Visita de Control N° 019-2019-OCI/0217-SVC, entre las diversas infraestructuras deportivas visitadas figura el estadio “Miguel Grau” de Piura, donde se observó el mal estado en que se encuentran asientos y gradas de las tribunas, así como rajaduras en las paredes y el grass sintético se encuentra deteriorado. También se verificó que las dos piscinas no son utilizadas.

En tanto, en el coliseo cerrado “Miguel Gerónimo Seminario y Jaime” se constató la falta de mantenimiento a las instalaciones. Los canales de drenaje se encuentran rotos, oxidados y sobresalidos, además los asientos y gradas de la tribuna presentan rajaduras y desmoronamiento del material concreto.

Los auditores también detectaron problemas en la infraestructura de los estadios “Campeonísimo” de Talara, “Víctor Eguiguren” de Chulucanas, “Hermanos Cárcamo” de Paita, “Ciudadela Deportiva” de Morropón, entre otros.

De otro lado, el terreno destinado para el estadio de Tambogrande se encuentra abandonado, sin cerco perimétrico ni vigilancia.

También se observó que la infraestructura administrada es utilizada por servidores del IPD Piura como vivienda familiar y por terceros para fines particulares.

Asimismo, se verificó que la construcción del coliseo cerrado de Sullana se encuentra paralizada, debido a deficiencias estructurales durante la ejecución de la obra desde hace casi nueve años, sin que a la fecha se hayan adoptado acciones para superar las mismas.

Los resultados del informe fueron notificados al titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD) con la finalidad de que adopte las medidas correctivas pertinentes, y de esta manera salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.

La Contraloría reafirma su compromiso de vigilar el buen uso de los recursos y bienes del Estado, por lo que alerta oportunamente a las entidades sobre diferentes situaciones para contribuir en la mejora de la gestión pública y, así la población sea la beneficiada con obras y servicios de calidad.

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