Por el plazo de noventa días, el Poder Judicial fue declarado en emergencia con la finalidad de adoptar urgentes medidas administrativas que corrijan y superen la crítica situación existente en el sistema judicial.

Esta declaratoria, oficializada por resolución administrativa, comprende a los órganos administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, distritos judiciales del país, Sala Penal Nacional, Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General del PJ.

La decisión, que firma el titular de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, se toma ante las recientes informaciones divulgadas por los medios de prensa, denunciando una serie de hechos graves y censurables que lesionan la imagen y autonomía del Poder Judicial.