Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en legislación peruana, debido a sus implicancias negativas.

Según el Ministerio Público “el referido proyecto resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad los agraviados y de sus familiares”.

Agrega que la norma resulta “evidentemente constitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia e los derechos humanos y los estándares del derecho internacional”.

La fiscalía sostiene que de aprobarse la ley un número importante de investigaciones y juicios tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de unos 600 casos, entre los que se encuentran: Chuschi, el Frontón, Huanta84, Barrios Altos y el Santa, entre otros.

El Ministerio Público advierte que “de aprobarse este proyecto se estaría afectando a más de 500 víctimas uy un número muy considerable de los familiares de estas”.

PRIMER PRONUNCIAMIENTO

En la víspera, la fiscalía El Ministerio Público publicó otro comunicado, esta vez firmado por fiscales supremos y los presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú.

Allí, expresaron su rechazo a tres proyectos de ley que están en manos del Congreso porque afectan su institucionalidad y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

Una de las iniciativas (PL 8040/2023-CR) del 4 de junio de 2024, busca reorganizar la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También la propuesta que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y del predictamen para modificar el Código Procesal Penal y la Policía Nacional del Perú investigue delitos.

RESPUESTA DEL CONGRESO

Esta mañana, el Congreso de la República rechazó el pronunciamiento del Ministerio Público y exigió respeto a la labor parlamentaria en virtud al principio de separación de poderes.

Asimismo, exigieron a la fiscalía dejar de lado la politización y centrar sus esfuerzos en la lucha contra seguridad ciudadana, para que los responsables respondan ante la justicia.

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