El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha reducido a la mitad el número de consultas de data sensible de los ciudadanos alojada en sus sistemas informáticos.

Este logro es resultado de la obligatoriedad de usar la plataforma de autenticación ID Perú exige que todos los usuarios de entidades públicas y privadas se identifiquen mostrando signos vitales con su rostro y el uso del DNI electrónico en todos los accesos a información desde mayo de este año.

Desde esa fecha, Reniec exige que el personal autorizado valide su identidad para acceder a las consultas en línea, evitando que sus claves sean compartidas con otras personas, ya que únicamente podrá ingresar con su rostro y su DNI electrónico.

Protección redoblada

“De un total de 922,877 consultas en línea en abril de 2024, logramos reducir el número a un promedio de 450 mil consultas mensuales, a partir de junio en adelante, gracias a la implementación de la obligatoriedad de autenticarse con su rostro en la plataforma ID Perú y el uso de su DNI electrónico. Esta reducción de consultas en línea representa un gran avance en la protección de los datos personales de todos los peruanos y en la lucha contra la ciberdelincuencia”, aseguró Carmen Velarde, jefa nacional del Reniec.

Para acceder a estos datos, las entidades públicas y privadas suscriben un convenio con Reniec, el cual les permite autenticar la identidad de los ciudadanos en transacciones y servicios específicos, de acuerdo con la obligatoriedad establecida por Ley.

Con el nuevo sistema, cada consulta queda registrada y es posible identificar al usuario responsable mediante el reconocimiento de su rostro, el uso del DNI electrónico y su clave, que es un documento seguro, que refuerza la trazabilidad y seguridad del acceso.

Cada convenio firmado establece rigurosos estándares de seguridad que las instituciones deben implementar para evitar el uso indebido de los datos por parte de su personal autorizado y está sujeto a supervisión posterior que se viene implementando de manera progresiva y que ha permitido identificar y notificar casos de consumo anómalo para que las instituciones públicas o privadas usuarias tomen medidas de control rápidamente.

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