En un contexto cercano a las próximas elecciones presidenciales, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ley que restituye el financiamiento privado para los partidos políticos. 

Según esta norma, las organizaciones podrán recibir aportes anuales de hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), un aumento considerable frente al límite anterior de 120 UIT.

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Recordemos que en el referéndum de 2018, realizado bajo mandato del expresidente Martín Vizcarra, se eliminó el financiamiento privado tras diversos escándalos de corrupción vinculados a aportes clandestinos. 

Al respecto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, señaló que el retorno del financiamiento privado busca equilibrar el espacio de influencia en la política, por parte de privados.

“Lo que creo que busca esta norma es devolverle la posibilidad al sector privado de disputar un espacio de influencia con las economías ilegales. En ese sentido es algo positivo, devuelve la posibilidad de participación política al empresariado que había sido dejado de lado”, manifestó en el programa La entrevista de Radio Nacional.

Omar Awapara sostuvo que actualmente economías relacionadas a actividades ilegales se han posicionado en el panorama político, lo que representa un riesgo para la democracia porque las agendas partidarias han relegado temas de interés nacional. 

Asimismo, mencionó que esta medida refleja una tendencia global hacia un financiamiento mixto. 

“Hoy predomina el financiamiento público asignado por la ONPE, pero esta norma busca complementar ambos sistemas”, explicó.

RIESGOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación del artículo 30-C, que permite aportes voluntarios a través de cuentas gestionadas por el Banco de la Nación con confidencialidad del aportante. 

La ONPE calificó, mediante un informe, de “debilidad para el sistema de financiamiento político”, al afectar los principios de transparencia.

Awapara coincidió en que este mecanismo puede mejorarse. 

“Es necesario rastrear el origen de los aportes. Si bien busca incentivar la participación privada, también debe garantizarse la rendición de cuentas", afirmó.

ELECCIONES 2026: UN RETO PARA LA POLÍTICA Y LA CIUDADANÍA

El secretario general de Transparencia también alertó sobre los desafíos que enfrenta el sistema electoral debido al gran número de partidos y movimientos políticos que participarán en las próximas elecciones, hasta el momento 39 organizaciones se encuentran habilitadas.

“Con tantos partidos, será difícil para la ciudadanía navegar en este océano de información y tomar decisiones informadas. Además, existe el riesgo de un Congreso nuevamente fragmentado”, advirtió.

Por último, Omar Awapara subrayó la necesidad de buscar alianzas entre partidos para reducir su número y garantizar una representación más eficiente en el Congreso. “De lo contrario, enfrentaremos grandes retos tanto logísticos como políticos”, remarcó.

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