La trata de personas es un fenómeno delictivo que vulnera la dignidad personal y reduce a sus víctimas a la condición de objetos. En el Perú, aproximadamente el 80 % de los afectados son mujeres y el 60 % son niños, niñas y adolescentes.

Es por ello que el Poder Ejecutivo aprobó el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, norma que establece articular las acciones de los diversos sectores e instituciones para enfrentar ese delito.

El protocolo, que forma parte del “Plan Nacional  de Acción contra la Trata de Personas” y de la política nacional  frente a dicho delito, señala los lineamientos que deben seguir nueve ministerios  y compromete al Poder Judicial, el Ministerio Público y a diversas instituciones a trabajar de manera coordinada.

En esa labor están los ministerios del Interior, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo.

A ello se agregan instituciones como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), gobiernos locales y gobiernos regionales.

Alejandro Silva Reina, director general para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, indicó que el protocolo permitirá articular acciones con el objetivo de estandarizar procedimientos en las instituciones públicas del gobierno nacional, regional y local, así como en entidades privadas “que cuentan con programas y servicios vinculados a la trata de personas”.

Uno  de los puntos importantes del Decreto Supremo Nº 005-2016-IN publicado en el diario El Peruano, establece que las víctimas, después de su rescate, deben contar con alojamiento y alimentación, asistencia psicológica, médica y jurídica de manera gratuita.

Asimismo, se debe promover el retorno de las víctimas nacionales y extranjeras a sus lugares de origen o residencia y asegurar que su participación procesal se realice de forma segura.

Igualmente, está alineado a los marcos normativos internacionales y nacionales, y toma las recomendaciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas.

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